Londres.- Taiwán debe dejar de utilizar la pena capital, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras confirmase la condena de muerte en la causa penal que más tiempo llevaba abierta en el país.
Chiou Ho-shun, que lleva 23 años privado de libertad, ha sido condenado ya a muerte y se enfrenta ahora a su ejecución, pues el Tribunal Supremo rechazó el 28 de julio el recurso de apelación que había interpuesto.
"Las autoridades taiwanesas deben detener de inmediato la ejecución de Chiou Ho-shun y ordenar que sea juzgado de nuevo con las debidas garantías, conforme a las normas internacionales”, ha afirmado Sam Zarifi, director de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.
"Taiwán debe también declarar una suspensión de todas la ejecuciones con miras a abolir decididamente esta pena cruel, inhumana y degradante.”
Tras una investigación oficial llevada a cabo en 1994 se declaró culpables de obtener confesiones mediante tortura a dos fiscales y diez agentes de policía que llevaban el caso del secuestro de Lu Cheng.
En 2003, la policía admitió también que había ocultado el hecho de que un hombre ejecutado por otros delitos había confesado el asesinato. Chiou Ho-shun fue condenado a muerte en 1989 en relación con dos delitos distintos cometidos en 1987: el secuestro de Lu Cheng y el asesinato de Ko Hung Yu-lan.
La causa contra Chiou Ho-shun ha estado yendo y viniendo del Tribunal Superior al Supremo, hasta 11 veces, para que se volviera a ver.
Las otras 11 personas acusadas junto con Chiou fueron condenadas a prisión, y todas han cumplido ya sus penas; una murió en prisión.
Hay más de 50 condenados a muerte en Taiwán. Este año han sido ejecutados cinco hombres, y el 30 de abril de 2010 se ejecutó a otros cuatro. La última ejecución se había llevado a cabo en diciembre de 2005.
Desde 2000, el gobierno de Taiwán ha prometido reiteradamente abolir la pena de muerte. La pena capital obligatoria quedó abolida en 2006. El número de delitos penados con la muerte se ha reducido, pero las ejecuciones continúan.
"Tras las últimas ejecuciones y dada esta última sentencia, Amnistía Internacional pone en duda la intención declarada de Taiwán de abolir la pena de muerte”, ha manifestado Sam Zarifi.
"Taiwán debe cumplir su promesa de poner fin a esta aborrecible práctica y sumarse a la tendencia mundial a la abolición."
En 1977, cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña contra la pena de muerte, ésta había sido abolida en sólo 16 países. Ahora son casi 100 los que la han abolido ya para todos los delitos y 139 los que le han puesto fin en su legislación o en la práctica.
