Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión del gobierno de Singapur de emprender los trámites para poner fin a la imposición preceptiva de la pena de muerte por tráfico de drogas y homicidio, y considera positivo que esté en vigor una suspensión de las ejecuciones hasta que se promulguen los cambios en la legislación.
Las condenas a muerte preceptivas están prohibidas por el derecho internacional, y por ello Amnistía Internacional insta al gobierno de Singapur a abolirlas de forma incondicional.
La imposición preceptiva de la pena de muerte impide a los jueces ejercer su discrecionalidad y examinar todas circunstancias atenuantes de un caso. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe las penas de muerte preceptivas porque se ha concluido que constituyen una privación arbitraria de la vida y un castigo cruel, inhumano y degradante. Numerosos tribunales y otros órganos judiciales de todo el mundo han determinado que la imposición preceptiva de la pena de muerte es inconstitucional.
Los cambios propuestos son cruciales para salvar la vida de quienes están actualmente en espera de ejecución en Singapur, especialmente del ciudadano malaisio Yong Vui Kong, que está a punto de ser ejecutado. Yong Vui Kong, que tenía 19 años cuando lo detuvieron en 2007, fue condenado a muerte por estar en posesión de 47 gramos de heroína, que en virtud de las leyes de Singapur constituía tráfico de drogas y acarreaba la pena de muerte preceptiva. Yong Vui Kong era mensajero y en una declaración hecha a la policía ha identificado al cerebro de la operación que lo incitó a transportar drogas sujetas a control a Singapur. Se han retirado los cargos que pesaban sobre el ciudadano singapurés que presuntamente planeó el delito. El caso de Yong Vui Kong ha suscitado atención internacional y preocupación en la comunidad diplomática.
Amnistía Internacional y la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) se suman a grupos locales malaisios y singapureses para instar al gobierno de Singapur a que conmute la condena de Yong Vui Kong.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en toda circunstancia, pues considera que viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. La organización comprende los efectos devastadores de los delitos violentos y simpatiza con las víctimas y sus familias. Sin embargo, no está demostrado que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos con más eficacia que otras penas. Las víctimas de los delitos lo son por partida doble, ya que reciben procedimientos judiciales injustos que dan lugar a que se ejecute a inocentes, mientras que los verdaderos autores de los delitos nunca llegan a comparecer ante la justicia.
