Pena de prisión sin precedentes para un objetor de conciencia

El objetor de conciencia griego condenado a una pena de cárcel sin precedentes es preso de conciencia y debe quedar en libertad inmediatamente, ha dicho Amnistía Internacional.  La organización ha escrito a las autoridades griegas afirmando que el derecho a la objeción de conciencia es un ejercicio legítimo de los derechos fundamentales a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, recogidos en tratados internacionales de derechos humanos en los que Grecia es Estado Parte. Esta semana, un tribunal militar de Xanti condenó a Boris Sotiriadis a tres años y medio de cárcel sin suspensión, a pesar de estar pendiente la apelación, por negarse a servir en el ejército alegando que dicho servicio no es compatible con sus creencias religiosas. Boris Sotiriadis es ciudadano georgiano de origen griego que obtuvo esta nacionalidad al volver a Grecia. Había cumplido el servicio militar en la ex Unión Soviética y luego se hizo testigo de Jehová. Cuando el ejército griego lo llamó a filas, Boris Sotiriadis se negó a hacer el servicio militar alegando objeción de conciencia y pidió cumplir el servicio civil alternativo. Pero las leyes griegas no ofrecen esta posibilidad a quienes ya han servido en las fuerzas armadas.   "Grecia sigue tratando a los objetores de conciencia como delincuentes, encarcelándolos por ejercer su derecho humano a la objeción de conciencia”, ha dicho Olga Demetriou, investigadora sobre Grecia de Amnistía Internacional. "Boris Sotiriadis no sólo ha sido condenado, sino que la pena que se le ha impuesto ha sido extremadamente dura, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad Grecia no está en guerra y la desobediencia se considera falta, no delito común”. El tribunal militar rechazó el argumento de la defensa de que Boris Sotiriadis tenía un “conflicto de obligaciones jurídicas” entre el ejército y su religión. Sin embargo, el Tribunal Militar de Atenas ha aceptado argumentos similares a éste y absuelto a otros objetores de conciencia, como Sergey Gutarov en 2005 y Alexandros Evtousenko y Guram Almanidis en 2004. "Tales discrepancias en la aplicación de la ley ponen de manifiesto la insuficiencia de las disposiciones sobre el servicio civil alternativo en Grecia, tanto en la ley como en la práctica. Las leyes y prácticas existentes deben ser revisadas y ajustadas a las normas internacionales”, ha dicho Olga Demetriou. Toda persona tiene derecho a negarse a hacer el servicio militar por motivos de conciencia o de convicción personal profunda, sin sufrir sanción jurídica o material alguna. Amnistía Internacional pide al gobierno griego que ponga fin a la persecución de los objetores de conciencia y que todos ellos sean tratados de la misma forma sin discriminación. La organización recuerda a las autoridades griegas que, en fecha tan reciente como marzo de 2005, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió a Grecia que mejorara la situación de los objetores de conciencia. El Comité expresó su preocupación por que la duración del servicio alternativo para los objetores es mucho mayor que la del servicio militar, y la evaluación de las solicitudes para prestar dicho servicio depende únicamente del Ministerio de Defensa. Amnistía Internacional insta a las autoridades griegas a que pongan fin inmediatamente a las acciones judiciales ejercidas contra todos los objetores de conciencia y que ajusten las disposiciones sobre objeción de conciencia a las normas y recomendaciones europeas e internacionales, así como a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Grecia.