En reacción al anuncio hecho por el gobierno del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el 1 de diciembre, respecto a un proyecto de un tren que cruzaría cinco estados del sureste de México, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional, ha declarado:
“Las nuevas autoridades deben garantizar que este megaproyecto se llevará a cabo sólo si los Pueblos Indígenas potencialmente afectados han dado su consentimiento previo, libre e informado. México debe respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional y consultar adecuadamente a los pueblos Indígenas sobre las acciones de gobierno o políticas públicas susceptibles de afectar sus derechos al territorio y sus derechos económicos, sociales y culturales”.
“México ha suscrito a convenios e instrumentos internacionales que le obligan a realizar una consulta adecuada y exhaustiva, a fin de determinar si los intereses y territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier proyecto, como el denominado Tren Maya. La consulta informada debe cumplir con los criterios y requerimientos de participación e información necesarios para la toma de decisiones, incluidos estudios de impacto ambiental, social y de ejercicio de derechos humanos”.
