Miles de residentes de asentamientos precarios e informales de toda África se han congregado durante una semana de acción organizada por Amnistía Internacional y organizaciones asociadas para hacer que los ministros de vivienda y los jefes de Estado oigan su voz. Las concentraciones y reuniones públicas celebradas en Yamena (Chad), Accra (Ghana), Nairobi (Kenia), Port Harcourt (Nigeria), El Cairo (Egipto) y Harare (Zimbabue) reunirán a miles de algunas de las personas más pobres y más desfavorecidas del mundo para pedir a sus gobiernos que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, lo cual significa que no deben desalojarlas forzosamente de sus casas y que deben proporcionarles servicios mejores, como agua no contaminada y escuelas. “Casi tres de cada cuatro residentes de ciudades o pueblos africanos al sur del Sáhara viven en asentamientos precarios o informales”, ha manifestado Erwin van der Borght, director del Programa para África de Amnistía Internacional. “Sin embargo, al realizar la planificación urbana, las autoridades siguen ignorándoles. Hoy pedimos a los gobiernos que escuchen lo que estos millones de personas tienen que decir. Gritamos: ‘Aquí vive gente'.” “La mayoría de los residentes de los asentamientos precarios pagan impuestos, votan, llevan a sus hijos a la escuela y contribuyen a la economía de la ciudad. Sin embargo, la mayoría apenas tienen acceso a saneamiento, agua no contaminada, educación y una atención médica adecuada, todo ello derechos humanos.” “Los gobiernos deben elaborar políticas de vivienda que se centren en las necesidades de los residentes de asentamientos informales y que garanticen sus derechos.” Las concentraciones y reuniones en todo el continente coincidirán con la Conferencia Ministerial Africana sobre Vivienda y Desarrollo Urbano, que se celebrará en Nairobi, Kenia, del 20 al 23 de marzo. A la sociedad civil no se le ha brindado la oportunidad de participar en esta conferencia crucial, y por ello Amnistía Internacional ha invitado a los residentes de asentamientos informales con los que ha trabajado en Kenia, Nigeria, Ghana y Zimbabue a una reunión paralela en el mismo lugar de celebración para que representen a sus comunidades y expongan sus principales preocupaciones y demandas. Desalojos forzosos Una de las violaciones de derechos humanos más habituales a las que se enfrentan los residentes de asentamientos precarios e informales son los desalojos forzosos.Un desalojo forzoso es la expulsión de personas, contra su voluntad y sin salvaguardias jurídicas o de otro tipo, de sus hogares o de la tierra que ocupan. Amnistía Internacional ha documentado desalojos forzosos colectivos en Nairobi, Accra, Yamena, Port Harcourt, El Cairo y Harare, además de en otras ciudades y países de todo el continente. Los desalojos forzosos pueden tener efectos catastróficos, especialmente para quienes ya viven en la pobreza. Estas personas no sólo pierden sus casas y sus pertenencias, sino que además pierden sus medios de subsistencia, sus redes sociales y los servicios básicos de los que dependen para sobrevivir. Luchan por encontrar agua no contaminada, comida e instalaciones de higiene. Luchan por encontrar trabajo y escuelas para sus hijos. Y luchan por reconstruir sus vidas destrozadas, a menudo sin ayuda ni apoyo del gobierno que las ha desarraigado. “Los desalojos forzosos son una violación del derecho a una vivienda adecuada, una violación que los gobiernos están obligados a impedir pero que, demasiado a menudo, no impiden”, ha manifestado Erwin van der Borght. “No sugerimos que no puedan llevarse a cabo desalojos para permitir obras de desarrollo o rehabilitación, pero deben realizarse con las debidas salvaguardias –por ejemplo, una consulta auténtica con las comunidades afectadas, y garantías de que los desalojados no se quedan sin hogar– para garantizar que estas personas no quedan aún más expuestas a violaciones de derechos humanos.” “Los desalojos sólo deben llevarse a cabo como último recurso, y únicamente cuando se hayan explorado todas las demás alternativas.” “Sobre todo, los gobiernos deben recordar que los residentes de los asentamientos informales son seres humanos y que, cuando se destruyen casas, también se destruyen vidas. La próxima vez que permitan la demolición sin salvaguardias de un asentamiento precario, deben recordar: aquí vive gente.”
