La decisión de Japón de ahorcar a tres presos tras casi dos años sin ejecuciones representa un retroceso, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. El ministro de Justicia, Toshio Ogawa, autorizó la ejecución de tres hombres, que han sido ahorcados en sendas cárceles de Tokio, Hiroshima y Fukuoka, explicando que era su “deber”, como ministro, hacerlo. Las ejecuciones se llevan a cabo en Japón por ahorcamiento y, normalmente, en secreto. Es habitual no avisar antes al condenado o hacerlo con muy poca antelación. “Los ahorcamientos de hoy soy son un retroceso inmenso: sitúan de nuevo a Japón entre la minoría de países que todavía ejecutan”, ha señalado Catherine Baber, directora del Programa de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía. “Justificar actos que violan derechos humanos calificándolos de ‘deber de ministro’ es inaceptable. A lo que están obligados los líderes es a abordar la delincuencia sin recurrir a la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.” Tomoyuki Furusawa, de 46 años, ha sido ejecutado en un centro de detención de Tokio; Yasuaki Uwabe, de 48, en uno de Hiroshima, y Yasutoshi Matsuda, de 44, en Fukuoka. Los abogados de Uwabe habían expresado su preocupación, porque Uwabe padecía una enfermedad mental, pero los tribunales determinaron que estaba en condiciones de someterse a juicio. Hace dos días, Amnistía Internacional publicó su informe sobre la situación de la pena de muerte en el mundo, señalando en él el hecho positivo de que Japón llevara casi dos años ni ejecutar a nadie. La organización pidió a Japón que se sumara a los más de dos tercios de los países del mundo que han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, y que declarara una suspensión de las ejecuciones como primer paso para la abolición. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos por considerarla una violación del derecho a la vida y la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.
