Las nuevas medidas de seguridad constituyen un grave atentado contra los derechos humanos

Las nuevas medidas propuestas hoy (24 de agosto de 2005) por el gobierno británico, dirigidas a los no nacionales considerados una amenaza para el orden público, la seguridad nacional y el Estado de derecho, violan derechos humanos básicos, así como las obligaciones internacionales del Reino Unido, ha declarado Amnistía Internacional. El ministro del Interior Charles Clarke ha ordenado una revisión inmediata de sus facultades para excluir y expulsar a ciudadanos no británicos sospechosos de “justificar o ensalzar el terrorismo, tratar de provocar actos terroristas, fomentar otras actividades delictivas graves y promover el odio que podría desembocar en violencia entre comunidades”. Una base de datos global contendrá los datos de los extranjeros que participen en diferentes formas de “conducta inaceptable”, como predicar sermones radicales y publicar sitios web y artículos con la intención de fomentar el “terrorismo”, para que se prohíba automáticamente su entrada en el Reino Unido. “La vaguedad y amplitud de la definición de ‘conducta inaceptable’ y ‘terrorismo’ puede desembocar en más injusticias y debilitar más la protección de los derechos humanos en el Reino Unido. En lugar de fortalecer la seguridad, alejará aún más a sectores vulnerables de la sociedad”, ha manifestado Halya Gowan, directora adjunta del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. “El derecho de toda persona a no ser sometida a tortura ni a otros malos tratos, y a no ser enviada a un país donde podría ser sometida a ellos, se aplica a todos, con independencia de la infracción que puedan haber cometido. Las ‘seguridades diplomáticas’ que el gobierno británico pide cuando expulsa a una persona a un país donde podría ser torturada constituyen una clara violación del derecho internacional.” “Si las autoridades británicas tienen sospechas razonables de que una persona ha cometido ciertos delitos, su obligación inmediata es formular cargos penales contra ella y juzgarla sin dilación con arreglo a las normas internacionales sobre imparcialidad procesal, en lugar de enviarla a un tercer país donde podría ser sometida a torturas.” A Amnistía Internacional le preocupa la posibilidad de que el procedimiento que se va a utilizar para tramitar las expulsiones o excluir a personas que puedan constituir una “amenaza para el orden público y la seguridad nacional” incluyera, una vez más, el uso de pruebas secretas en vistas secretas. “Las autoridades británicas violarán los derechos de ciudadanos no británicos si tratan de expulsarlos o de impedir que entren en el país sin permitirles una defensa adecuada en el curso de actuaciones secretas,” ha manifestado Halya Gowan. “Las nuevas medidas son similares a las previstas en la ya revocada Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad del 2001, en cuanto que son discriminatorias y arbitrarias.” Amnistía Internacional ha condenado incondicionalmente y sin reservas los atentados cometidos en Londres el 7 de julio de 2005, y ha pedido que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia. La organización también considera que cualquier medida que adopten las autoridades británicas con la intención manifiesta de proteger a las personas de la repetición de estos crímenes debe ser congruente con las leyes y normas internacionales de derechos humanos. “La seguridad y los derechos humanos no son alternativos, sino que van unidos. El respeto por los derechos humanos es el camino a la seguridad, no un obstáculo para ella.”           Información complementaria Amnistía Internacional observa con preocupación las nuevas medidas expuestas por el ministro del Interior británico Charles Clarke porque debilitan el Estado de derecho y derechos humanos fundamentales, entre ellos los siguientes: · La prohibición absoluta de la tortura y de otros malos tratos, y el principio inherente a esta prohibición, según el cual ninguna persona debe ser enviada nunca a un lugar donde pueda ser sometida a torturas o a otros malos tratos (conocido como principio de no devolución). · El derecho a solicitar y a disfrutar de asilo, incluido el derecho de todas las personas que piden la protección internacional a que su solicitud de asilo sea examinada individual y exhaustivamente en procedimientos justos y satisfactorios congruentes con las leyes y normas internacionales de derechos humanos y sobre refugiados. Cualquier intención de excluir a una persona de la condición de refugiado deberá considerarse en el contexto de procedimientos regulares para la determinación de la condición de refugiado y estar sometida a los principios fundamentales de imparcialidad procesal, que incluyen el derecho a recurrir contra la decisión de excluir y a permanecer en el Reino Unido mientras se tramita el recurso. · Los derechos a la libertad de expresión y de asociación. · El principio de legalidad y seguridad jurídica. · El derecho de cualquier persona contra la que existan sospechas razonables de que ha cometido un delito reconocible de ser acusada formalmente sin dilación y enjuiciada en un plazo razonable, en actuaciones que cumplan todas las normas sobre imparcialidad procesal internacionalmente reconocidas. · El derecho a un juicio justo y al debido proceso.