La última sesión del juicio del médico militar egipcio acusado de realizar "pruebas de virginidad" forzadas a una manifestante, Samira Ibrahim, demostrará si los tribunales militares egipcios están dispuestos a ofrecer una reparación a las mujeres víctimas de la violencia del ejército, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Se espera que el próximo domingo, 11 de marzo, un tribunal militar pronuncie su sentencia en la causa abierta contra un médico militar acusado de "indecencia pública" e "incumplimiento de órdenes militares" por ejercer coacción contra mujeres para se sometieran a pruebas invasivas tras su detención en El Cairo el 9 de marzo de 2011. Al principio fue acusado también de violación, pero este cargo se retiró del acta de acusación formal. En el año transcurrido desde entonces, las manifestaciones públicas de Egipto han estado plagas de violencia de las fuerzas de seguridad contra mujeres participantes en ellas. “Desde que se produjo este inaceptable episodio, que no es otra cosa que tortura, las manifestantes no han dejado de sufrir palizas, tortura y otros malos tratos a manos del ejército y las fuerzas de seguridad egipcios”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. “El juicio de las 'pruebas de virginidad' ofrece a los militares egipcios una oportunidad única de indicar que la tortura practicada por miembros del ejército no va a quedar impune y que los autores de violaciones de derechos humanos que haya entre ellos tendrán que rendir cuentas." “Sin embargo, esta indicación no sería más que un primer paso. Los militares tienen que respetar plenamente la decisión, dictada por un tribunal administrativo en diciembre de 2011, de prohibir tales 'pruebas', y es preciso ofrecer una reparación adecuada a las víctimas.” "Pruebas de virginidad" para atacar específicamente a las mujeres El 9 de marzo de 2011, cuando los militares desalojaron a los manifestantes de la plaza de Tahrir, se llevaron detenidas al menos a 18 mujeres. Diecisiete de ellas pasaron cuatro días bajo custodia, y algunas han contado a Amnistía Internacional que, durante ese tiempo, los soldados las golpearon, les aplicaron descargas eléctricas y les practicaron registros integrales. Luego las obligaron a someterse a "pruebas de virginidad" y las amenazaron con acusarlas de prostitución. Antes de dejarlas en libertad, las llevaron ante un tribunal militar, que les impuso condenas condicionales de un año por diversos cargos fabricados. La causa contra el médico se abrió a raíz de dos denuncias presentadas por Samira Ibrahim, de 25 años, una de las mujeres a quienes hicieron las "pruebas de virginidad". “Hay que reconocer la valentía de Samira Ibrahim y todas las mujeres que se han atrevido a pedir justicia, para quienes las autoridades egipcias tienen la obligación de hacer rendir cuentas a los responsables en un juicio justo y transparente”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui. Violencia constante contra mujeres participantes en manifestaciones Otras mujeres han presentando recientemente denuncias contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto por violencia dirigida específicamente contra las mujeres en manifestaciones públicas, incluidas las protestas de diciembre de 2011 ante la sede del gobierno en la calle de Qasr El Einy, donde los manifestantes pedían el fin del gobierno militar y en las que murieron al menos 17 personas. Un vídeo difundido por Internet, en el que se ve a la policía militar arrastrar por el suelo a dos mujeres, a una de las cuales le han desgarrado la ropa, antes de propinarles fuertes golpes y patadas, provocó indignación general. Una de las mujeres del vídeo, Azza Hilal, de 49 años, ha contado a Amnistía Internacional que los soldados la golpearon cuando intentaba ayudar a la manifestante del velo a la que estaban golpeando, que no se movía y tenía el cuerpo al aire. A ella la golpearon reiteradamente en la cabeza, los brazos y la espalda con palos, hasta que comenzó a sangrar profusamente y perdió el conocimiento. Tras la agresión, Azza Hilar pasó tres semanas hospitalizada, y todavía tiene problemas de memoria. Un examen con rayos X que le realizaron posteriormente reveló que tenía el cráneo fracturado. El mes pasado presentó en la fiscalía una denuncia contra el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas por las lesiones sufridas. Ghada Kamal, farmacéutica de 28 años y miembro del movimiento reformista "Juventud del 6 de abril", ha contado también a Amnistía Internacional que las fuerzas de seguridad golpearon violentamente y acosaron sexualmente a otras mujeres y a ella el 16 de diciembre. Cree que en las protestas la golpearon específicamente a ella por una discusión que había mantenido anteriormente con unos militares en la plaza de Tahrir, quienes asegura que amenazaron a las manifestantes con agredirlas sexualmente, haciendo gestos obscenos hacia ellas y bajándose la cremallera del pantalón. Ese mismo día, los soldados golpearon después a Ghada Kamal en la cabeza cuando salió en ayuda de otra manifestante a quien habían propinado una fuerte paliza. Ha contado a Amnistía Internacional que la golpearon con palos y con un objeto parecido a un látigo y la pisotearon con la botas. Afirma que también la acosaron sexualmente mientras la llevaban a rastras al interior del edificio del Parlamento. Estando Ghada Kamal detenida, las palizas continuaron, y afirma que vio insultar y maltratar a otras siete mujeres. Los soldados se dirigían intencionadamente contra las partes íntimas de las mujeres, y a ella amenazaron con violarla, asegura. “[El acoso sexual] tenía por objeto aterrorizarlas -ha explicado Ghada Kamal a Amnistía Internacional-. Las mujeres morirían antes que ser desnudadas, violadas o agredidas sexualmente. Eran muy listos; sabían lo que les importaba a las mujeres; era el límite." Las víctimas han contado a Amnistía Internacional que, a pesar de las disculpas del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y de su promesa de investigar las numerosas denuncias de violencia del ejército y las fuerzas de seguridad contra las mujeres, apenas se ha hecho nada para llevar a los responsables ante la justicia o proporcionarles a ellas una reparación. Amnistía Internacional ha señalado que estas formas de tortura y malos tratos aprovechan el estigma asociado a la violencia sexual y de género, y que se utilizan para estereotipar y marginar a las manifestantes, con el fin de impedirlas, a ellas y a otras mujeres y niñas egipcias, participar en la vida pública. La organización ha pedido que se realicen investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre todas las denuncias de mujeres que han sufrido esta brutal forma de agresión y se ponga a los responsables a disposición judicial. Amnistía Internacional ha manifestado que se debe ofrecer a las víctimas una reparación plena, que incluya indemnización y garantías de no repetición, por los daños sufridos.
