Londres.- Amnistía Internacional ha condenado la represión que están ejerciendo las autoridades tunecinas sobre una oleada de protestas desencadenadas por el intento de suicidio de un joven vendedor de frutas, que murió, no obstante, posteriormente, a causa de sus lesiones.
Al menos dos manifestantes han muerto desde el intento de suicidio de Mohamed Bouazizi, licenciado sin trabajo que, a principios de diciembre de 2010, se prendió fuego delante de un edificio del gobierno en la localidad de Sidi Buzid al confiscarle la policía un carro de fruta que vendía sin permiso. El joven murió el 4 de enero en el hospital a causa de sus lesiones.
El intento de suicidio de Mohamed Bouazizi el 17 de diciembre desencadenó manifestaciones en contra del alza de los precios, el paro y la corrupción en Túnez. Las protestas se han vuelto a veces violentas a medida que han continuado extendiéndose.
“Se debe permitir a los tunecinos exponer sus motivos de queja y manifestarse libremente –ha manifestado Amnistía Internacional–. Las autoridades hicieron promesas vacías de oportunidades de trabajo, a las que ha seguido la represión de los manifestantes.”
“Las autoridades tunecinas tienen la obligación de mantener el orden público, pero ello no ha de ser excusa para ir en contra de los ciudadanos por el simple hecho de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión”, ha añadido la organización.
Mohamed Ammar, de 18 años, murió por disparos de la policía el 24 de diciembre de 2010, tras unos enfrentamientos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad ocurridos en Menzel Bouzayane, Sidi Buzid. Chawki Hidari, de 44, murió en el hospital el 1 de enero por heridas de bala. Durante los enfrentamientos resultaron también heridos otros 10 manifestantes.
El 22 de diciembre, Neji Flehi, de 24 años, se suicidó también, electrocutándose, durante una manifestación convocada igualmente en Sidi Buzid, a la vez que, según informes, gritaba: “No al paro, no a la miseria”.
En los últimos días se ha golpeado y detenido específicamente a abogados, a raíz de que este colectivo intentara organizar una sentada de ámbito nacional el 31 de diciembre en solidaridad con las protestas de Sidi Buzid.
En respuesta a este trato, millares de abogados tunecinos se declararon en huelga el jueves.
Las autoridades tunecinas han dicho que sus fuerzas han actuado en defensa propia, pero aún no han confirmado si han abierto investigaciones sobre las muertes y lesiones causadas a manifestantes.
"Las autoridades tunecinas deben iniciar de inmediato una investigación exhaustiva e imparcial sobre las muertes y lesiones causadas durante las manifestaciones y hacer rendir cuentas a los responsables del uso excesivo de la fuerza”, ha señalado Amnistía Internacional.
En todo el país se han practicado oleadas de detenciones, a la vez que se ha restringido y menoscabado la libertad de expresión y reunión. Las autoridades, que tienen tendencia a hacer uso de la reclusión en régimen de incomunicación, no han revelado aún el número exacto de personas detenidas. Ammar Amroussia, activista detenido el 29 de diciembre de 2010 por participar en una sentada en Gafsa, continúa privado de libertad en espera de que se lleve a cabo una investigación.
Las autoridades tunecinas han intentado también impedir la propagación de las manifestaciones al resto del país, así como la difusión de información sobre ellas. Con tal fin han impuesto un bloqueo informativo, obstaculizado el acceso a sitios web y cerrado cuentas de correo electrónico de ciberactivistas, en particular de usuarios de Facebook.
“La respuesta de las autoridades a las manifestaciones de Sidi Buzid muestra que no han aprendido la lección de las protestas de Gafsa de 2008 –ha manifestado Amnistía Internacional–. No se han pedido responsabilidades a nadie por las muertes de manifestantes, y las promesas de rendición de cuentas y de oportunidades económicas no se han cumplido jamás.”
Información complementaria
De acuerdo con las normas internacionales para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la policía puede recurrir a la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo exija el cumplimiento de su deber. En particular, no debe utilizar armas de fuego, excepto en legítima defensa o para defender a otras personas ante una amenaza inminente de muerte o lesión grave, y en tal caso sólo si no han sido suficientes medios menos extremos. Esta norma se aplica en todas las circunstancias, incluidas las operaciones de mantenimiento del orden en manifestaciones que se hayan vuelto violentas.
