La sentencia sobre Carandiru conmociona a la comunidad de derechos humanos

Londres.- El sistema de justicia penal de Brasil no ha respetado las normas internacionales de derechos humanos permitiendo que queden impunes graves violaciones de estos derechos, ha dicho Amnistía Internacional después de que el Tribunal Supremo del estado de São Paulo anulara la condena impuesta al coronel Ubiratan Guimarães y lo absolviera de toda responsabilidad en la matanza de 1992 en la cárcel de Carandiru. Según los primeros informes, el Tribunal Supremo del estado anuló la condena inicial y absolvió al coronel Guimarães por considerar que actuó ateniéndose estrictamente a su obligación. A Amnistía Internacional le preocupa mucho la violación de las normas internacionales de derechos humanos que supone esta sentencia, que parece aceptar que el oficial al mando cumplió estrictamente con su obligación incluso aunque no evitara que los agentes de policía a sus órdenes hicieran un uso excesivo de la fuerza. En su informe de 1993 sobre la matanza de Carandiru, Amnistía Internacional detectó muchos aspectos en los que la cadena de mando no se aseguró de evitar el uso excesivo de la fuerza durante la operación, como por ejemplo cuando se hizo caso omiso a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego; cuando se permitió a la policía militar que entrara en la prisión sin sus placas de identificación y cuando se envió al centro para sofocar los disturbios a unidades de policía en cuyos historiales había múltiples incidentes de disparos con resultado de muerte. “En vista de esta sentencia, nadie es responsable de las 111 muertes que tuvieron lugar en la cárcel de Carandiru hace 13 años. Esto supone una afrenta a las víctimas y a sus familiares, y transmite el mensaje de que el uso excesivo de la fuerza es aceptable en las operaciones policiales”, ha dicho Tim Cahill, investigador de Amnistía Internacional sobre Brasil. Amnistía Internacional espera tener oportunidad de examinar la decisión tomada por los jueces superiores del estado.