La policía de Brasil debe evitar el uso excesivo de la fuerza, ha dicho Amnistía Internacional tras las decenas de lesiones y detenciones que se han producido en varias manifestaciones que han tenido lugar en Río de Janeiro y São Paulo por la subida en los precios del transporte. Las protestas comenzaron el lunes por la noche, tras subir el precio del billete sencillo de autobús en São Paulo de 3 reales (1,40 dólares estadounidenses) a 3,20 reales (1,50 dólares) y en Río de Janeiro de 2,75 a 2,95 reales. Desde entonces ha habido informes de actos de violencia por parte de manifestantes y policías. Sólo el jueves, 55 personas resultaron heridas y 250 fueron detenidas en São Paulo. La policía antidisturbios ha utilizado ampliamente el gas lacrimógeno y las balas de goma contra los manifestantes, algunos de los cuales han atentado contra bienes públicos. “La violencia en aumento en estas protestas es profundamente preocupante”, ha dicho Atila Roque, director de la Oficina de Brasil de la organización. La reacción de la policía ante las protestas ha generado numerosos informes de uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes. “Las autoridades de Brasil deben garantizar que cualquier posible uso excesivo de la fuerza por la policía es investigado sin demora y de forma completa e imparcial”, ha dicho Roque. En virtud de las obligaciones internacionales de Brasil, la policía tiene la obligación de mantener el orden y proteger de la violencia a la población civil. Todo uso de la fuerza debe ser proporcional a la amenaza para la seguridad pública, como establece la ONU en su Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. “Todo uso excesivo de la fuerza que vaya más allá de lo permitido por la ley debe ser tratado de forma enérgica, poniendo a sus responsables a disposición judicial”, ha dicho Roque.
