La oposición, amenazada

Amnistía Internacional ha pedido hoy al gobierno de Guinea Ecuatorial que respete la libertad de expresión. La petición se ha formulado a raíz de la amenaza del gobierno contra miembros destacados del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social (CPDS) por tratar de montar una emisora de radio. Las autoridades acusan al partido de introducir ilegalmente el transmisor de radio en el país, de posesión ilegal de un transmisor y emisión clandestina, y de negarse a entregar a las autoridades el equipo de transmisión. A Amnistía Internacional le preocupa que la acción del gobierno tenga como objetivo silenciar al único partido independiente de oposición que queda en el país. Además, CPDS es la única organización del país que se dedica a la educación en derechos humanos y a la vigilancia, investigación y denuncia de las violaciones de derechos humanos. En este sentido, sus dirigentes son defensores de los derechos humanos.Amnistía Internacional considera que esta acción restringe y viola aún más el derecho de la población ecuatoguineana a la libertad de opinión y de expresión y al intercambio y publicación de información. Estos derechos ya están severamente limitados en el país, en contra de lo establecido tanto por las normas internacionales de derechos humanos como por las leyes guineanas.Apenas hay medios de comunicación privados en el país. Las emisoras de radio y televisión son estatales, salvo por una emisora de radio privada que es propiedad del hijo mayor del presidente Obiang. La situación de los medios de comunicación escritos apenas es mejor. No hay diarios, ni privados ni de otro tipo. Las escasas revistas quincenales o mensuales “independientes” son propiedad de miembros o ex miembros del gobierno o de familiares del presidente Obiang. La ausencia de medios de comunicación independientes en el país obstaculiza el desarrollo de una cultura de derechos humanos, y contribuye a que se cometan y perpetúen las violaciones de derechos humanos. Además, viola el derecho a la libertad de expresión y el derecho a informar y a ser informado.Amnistía Internacional pide a las autoridades de Guinea Ecuatorial que respeten, promuevan y protejan el derecho a la libertad de expresión y de prensa, garantizado por la Constitución de Guinea Ecuatorial y por los tratados internacionales en los que el país es parte.Durante años, los activistas políticos pacíficos han sufrido intimidación, detenciones y reclusiones breves sin cargos ni juicio por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Los periodistas independientes han sufrido acoso, y los medios de comunicación independientes han sido cerrados. Información complementaria Las autoridades afirman que CPDS ha violado la ley de partidos políticos y la ley de prensa, imprenta y audiovisuales, y han exigido al partido que entregue el equipo de transmisión antes de concederle la autorización. Ambas leyes disponen que personas y colectivos pueden establecer medios de comunicación, de acuerdo con la ley. Sin embargo, no establecen las condiciones para obtener la autorización. En su lugar, hacen referencia a normas que aún no existen. El 26 de agosto de 2008, el secretario general de CPDS escribió a los ministros de Interior e Información para comunicarles la intención del partido de establecer una emisora de radio, Onda Libre, de acuerdo con la ley. CPDS inició las pruebas del equipo de transmisión, pero las suspendió a causa de la petición que el ministro de Interior le formuló en una reunión el 6 de septiembre, en la que le solicitó que esperara a que el Consejo de Ministros diera su autorización. Entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre, representantes de CPDS mantuvieron varias reuniones con ministros como los de Interior, Información y Seguridad Nacional, quienes, en ausencia de unos requisitos legales para obtener la autorización, ordenaron repetidamente a CPDS que entregara el equipo de transmisión antes de que se estudiara su solicitud de autorización. CPDS se ha negado a entregar el equipo alegando que la ley no lo exige. El 12 de septiembre, CPDS presentó ante el Ministerio de Información una solicitud formal de permiso para mantener la emisora de radio. Pese a ello, y pese a que continuaban las negociaciones con las autoridades para resolver el punto muerto en el que se encontraban, el sábado 13 de septiembre, hacia las siete de la mañana, un contingente de al menos 20 agentes de seguridad asaltó la sede de CPDS en Malabo con la intención de confiscar el transmisor, pero no pudo encontrarlo. En su lugar, los agentes confiscaron propaganda política y documentos del partido. Tras el asalto, las autoridades emitieron un comunicado de prensa en el que dijeron que habían desmantelado una radio clandestina perteneciente a un partido político. También dijeron que, el 5 de septiembre, agentes del servicio de seguridad nacional habían detectado una emisión de una radio clandestina y que, tras una investigación, habían descubierto que la radio pertenecía a CPDS. Tras el asalto a su sede, representantes de CPDS mantuvieron varias reuniones con las autoridades y con miembros de la comisión de seguimiento del Pacto Nacional, compuesta por partidos políticos aliados con el Partido Democrático, partido gobernante de Guinea Ecuatorial. Estas personas acusaron a CPDS de poner en peligro la paz del país, y pidieron que se adoptaran medidas enérgicas y adecuadas (sin especificar cuáles) contra el partido y sus dirigentes a menos que entregaran el trasmisor en un plazo de 48 horas. El plazo expiró hacia las seis de la tarde del viernes 19 de septiembre. Aunque no se ha emprendido ninguna acción contra CPDS y sus dirigentes, la amenaza de actuar contra ellos, como medidas como la detención y el encarcelamiento, sigue vigente.Amnistía Internacional considera que el acoso, la intimidación y las amenazas contra CPDS y sus dirigentes, y los obstáculos para que establezcan una emisora de radio, violan las garantías de libertad de expresión contenidas en la ley ecuatoguineana y en los tratados y normas internacionales de derechos humanos ratificados por Guinea Ecuatorial, como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho internacional de los derechos humanos establece que no se impondrán restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros.