Londres.- La propuesta de investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre Costa de Marfil debe ampliarse y examinar las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país desde 2002, ha dicho hoy Amnistía Internacional. El fiscal de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, ha solicitado hoy una investigación sobre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra perpetrados tras las polémicas elecciones presidenciales de Costa de Marfil en noviembre de 2010. Los jueces de la CPI todavía tienen que abrir la investigación. “Es un avance positivo que la CPI centre su atención en los graves abusos de derechos humanos cometidos en Costa de Marfil, pero limitar la investigación únicamente a los recientes actos de violencia tras las elecciones impediría que se hiciera justicia con los cientos de mujeres que han sido víctimas de violaciones y otro tipo de violencia sexual desde 2002”, ha expresado Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. Durante casi una década, Amnistía Internacional ha documentado de forma exhaustiva violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y grupos armados en Costa de Marfil. En especial, las violaciones masivas de mujeres y niñas y otros actos de violencia sexual cometidos contra ellas equivalen a crímenes de guerra. La impunidad endémica del país ha hecho que los responsables de estos crímenes, en ambos bandos del conflicto, no hayan rendido cuentas. “Si la Corte inicia una investigación únicamente sobre los crímenes más recientes cometidos en Costa de Marfil, la gran mayoría de las víctimas no recibirá justicia, ni verdad ni reparaciones. Sus derechos no deben verse coartados por límites arbitrarios”, ha afirmado Erwin van der Borght. La CPI ha limitado sus investigaciones anteriores -sobre Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia y Libia- a unas cuantas acusaciones individuales. Amnistía Internacional ha pedido a la Corte que garantice que su investigación sobre la situación en Costa de Marfil repartirá justicia a todas las víctimas de graves abusos de derechos humanos. Costa de Marfil no es Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero el gobierno marfileño ha aceptado la competencia de la Corte para investigar y juzgar, de acuerdo con el derecho internacional, los delitos cometidos en el país desde el 19 de septiembre de 2002. El presidente Alassane Ouattara confirmó su compromiso en una carta dirigida a la CPI el pasado diciembre.
