Londres.- Amnistía Internacional y la Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) han pedido al ministro de Justicia que aplace la ejecución de Hakamada Iwao en aplicación del artículo 479 del Código de Enjuiciamiento Criminal y su traslado fuera del corredor de la muerte. El artículo 479 permite la concesión de un aplazamiento de la ejecución si el condenado sufre una enfermedad mental.
Hakamada Iwao, que cumple 75 años el 10 de marzo, está condenado a muerte desde 1968. Fue declarado culpable tras un juicio injusto del asesinato en 1966 del gerente de la fábrica en la que trabajaba y de su esposa y de los dos hijos del matrimonio.
Pocos meses después de que se le impusiera la pena capital, Hakamada comenzó a mostrar síntomas de sufrir graves trastornos mentales y de conducta. Las autoridades penitenciarias han negado el acceso al historial médico de Hakamada incluso a sus familiares y a sus abogados. El estado de la salud mental de este ciudadano japonés sigue siendo motivo de preocupación.
Hakamada confesó después de 20 días de interrogatorio por la policía en los que no estuvo presente ningún abogado, pero posteriormente se retractó de la confesión diciendo que durante los interrogatorios le habían dado palizas y le habían amenazado. Uno de los jueces que condenó a Hakamada, Kumamoto Norimichi, declaró públicamente en 2007 que creía que Hakamada era inocente, pero que había quedado en minoría en la votación.
Las personas que han visitado a Hakamada en los últimos meses le han visto “confuso, desorientado y errático”. Se sabe que él se niega a tomar su medicación para la hipertensión y que padece diabetes.
El equipo de abogados que le defiende, su familia y las personas que le apoyan piden que se conceda a Hakamada un aplazamiento de la ejecución y que sea trasladado fuera del corredor de la muerte. Además, siguen presionando para que se admita la petición de Hakamada de un nuevo juicio, basada en la preocupación que suscita la solidez de las pruebas existentes contra él. Japón no ha conmutado ninguna condena a muerte desde 1975.
Amnistía Internacional también ha pedido al gobierno japonés que inicie una revisión inmediata e independiente de todos los casos en los que haya datos verosímiles de que los presos podrían sufrir una enfermedad mental, por lo que podría serles aplicable el citado artículo 479.
En Japón las ejecuciones se realizan por ahorcamiento y suelen llevarse a cabo en secreto. A los condenados a muerte no se les avisa hasta la misma mañana de la ejecución y no se suele informar a las familias hasta después de consumada ésta.
Esto significa que los presos viven en un constante temor a la ejecución. Soportar estas condiciones durante años o incluso décadas ha causado depresiones y enfermedades mentales entre los condenados.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte por considerarla una violación del derecho a la vida en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza del delito cometido, de las características del perpetrador y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización pide al gobierno de Japón que conmute de inmediato todas las condenas a muerte y decrete una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso hacia la abolición de la pena capital.
La Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN) es una red regional integrada por más de 50 miembros entre los que figuran abogados y abogadas, ONG, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de 23 países de toda la región de Asia y Oceanía. La red hace campaña por la erradicación de la pena de muerte en todos los países de la región.
El grupo de estudio sobre la pena de muerte establecido por la ex ministra de Justicia Chiba Keiko sigue trabajando con el actual ministro, Eda Satsuki. No se ha anunciado ninguna fecha para su informe.
