La detención administrativa no puede sustituir a la debida administración de justicia

Londres.- Tres israelíes sospechosos de participar en ataques contra árabes israelíes y palestinos o en otras actividades dirigidas a impedir la evacuación de los asentamientos israelíes de los Territorios Ocupados han sido sometidos a detención administrativa sin cargos ni juicio. Amnistía Internacional ha escrito al gobierno israelí reiterando su oposición al uso de la detención administrativa, práctica que viola derechos humanos fundamentales, y pidiendo que se deje en libertad a las personas detenidas en tales condiciones si no se presentan cargos contra ellas ni son sometidas a juicio. Ephraim Hershkowitz y Gilad Shochat, presuntos activistas del movimiento prohibido Kach, han sido sometidos a detención administrativa por un periodo de dos meses. Un tercer activista, con doble nacionalidad israelí y estadounidense, ha accedido a marcharse de Israel durante unos 40 días para no correr la misma suerte. Los tres fueron detenidos tras el homicidio de cuatro ciudadanos árabes israelíes en un ataque con arma de fuego llevado a cabo por otro activista de Kach, Eden Natan-Zada, contra un autobús en Shfaram el 4 de agosto. Eden Natan-Zada había desertado recientemente del ejército, pero se había quedado con su arma y su uniforme. Tras matar a cuatro de las personas que viajaban en el autobús, fue reducido por otros pasajeros cuando intentaba cargar de nuevo el arma y murió apaleado por la multitud. Las autoridades israelíes están investigando lo ocurrido. Amnistía Internacional se opone a la práctica de la detención administrativa y pide que se le ponga fin. Las personas en tal condición deben ser acusadas de delitos comunes reconocibles y sometidas a un juicio justo en un plazo razonable o, si no, puestas en libertad. La organización cree que la práctica de la detención administrativa en Israel y los Territorios Ocupados viola derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a un juicio justo, que debe garantizarse en todo momento, incluso en situaciones de emergencia. Ephraim Hershkowitz, Gilad Shochat y Saadia Hershk son sospechosos, al parecer, de planear ataques ( o participar en ellos) contra ciudadanos árabes israelíes y contra palestinos a fin de obstaculizar la retirada israelí de Gaza prevista para este mes. Anteriormente, en mayo, fue sometido a detención administrativa durante cuatro meses otro israelí, Neria Ofen, por el mismo motivo. Sin embargo, como a las personas en detención administrativa no se les imputa formalmente ningún delito, es imposible saber la razón exacta de su detención. Esta circunstancia les impide también, de hecho, impugnar legalmente la detención. Las autoridades de las fuerzas de seguridad y de defensa israelíes llevan meses expresando su preocupación por el creciente riesgo de ataques de activistas israelíes de Kach y de otros grupos que propugnan la violencia, el odio y el racismo contra los árabes israelíes y los palestinos. Muchos de los partidarios de tales grupos viven en asentamientos israelíes de los Territorios Ocupados, lo que constituye una violación del derecho internacional. Últimamente han intensificado los ataques y las actividades dirigidas a obstaculizar el denominado “plan de retirada” de Israel de la Franja de Gaza, que supone la eliminación de los asentamientos israelíes. En el último año y medio se ha producido un aumento de los ataques de colonos israelíes contra palestinos y bienes palestinos en los Territorios Ocupados, aunque este tipo de agresiones son frecuentes desde hace años. Su objetivo principal continúan siendo los palestinos, pero los colonos han intensificado también su campaña de actos de agresión, amenaza e intimidación contra defensores de los derechos humanos y pacifistas internacionales e israelíes. A lo largo del tiempo, las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes no han tomado nunca las medidas necesarias para hacer rendir cuentas de sus abusos a los colonos israelíes. En los últimos meses, las autoridades Israelíes parecen haberse ocupado más de impedir las acciones de los colonos que puedan obstaculizar el “plan de retirada” que de investigar sus ataques y poner a los responsables a disposición judicial. De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, prácticamente en ninguno de los casos de ataques de colonos israelíes contra palestinos y bienes palestinos o contra defensores de los derechos humanos y pacifistas internacionales e israelíes se ha llevado a cabo uno investigación rigurosa ni se ha procesado a los responsables. Esta impunidad generalizada ha animado, sin duda, a los colonos israelíes a realizar nuevos ataques. Las autoridades israelíes deben tomar medidas concretas y efectivas para impedir los ataques de colonos israelíes contra palestinos y bienes palestinos y contra defensores de los derechos humanos y pacifistas internacionales e israelíes. Todos estos ataques deben investigarse siguiendo el debido proceso, y los responsables han de ser llevados a los tribunales para ser sometidos a un juicio justo. No debe recurrirse a la detención administrativa en sustitución a corto plazo de la debida administración de justicia. Todas las personas que se encuentren sometidas actualmente a esta forma de detención han de ser puestas en libertad o acusadas de delitos comunes reconocibles y sometidas sin demora a juicio. Información complementaria En la gran mayoría de los casos, las autoridades israelíes han hecho uso de la detención administrativa contra palestinos de los Territorios Ocupados. Sólo en muy raros casos se ha utilizado también este procedimiento contra israelíes. Desde 2000 se ha sometido a detención administrativa a millares de palestinos, en algunos casos durante más de tres años. En el mismo periodo sólo se ha aplicado el procedimiento a cuatro israelíes, por periodos de entre seis semanas y seis meses. En virtud del “plan de retirada", este mismo mes Israel sacará de la Franja de Gaza a unos 8.000 colonos israelíes y eliminará cuatro pequeños asentamientos de norte de Cisjordania. No obstante, sigue habiendo unos 400.000 colonos israelíes en asentamientos esparcidos por toda Cisjordania, violando el derecho internacional. Aunque la atención de la comunidad internacional y los medios de comunicación internacionales está centrada en el “plan de retirada”, las autoridades israelíes han continuado construyendo y ampliando asentamientos israelíes en Cisjordania.