Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Irene Khan insta a que el gobierno colabore para poner fin a la violencia

Londres.- La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, ha instado hoy al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a trabajar en colaboración con los gobernadores de São Paulo (José Serra) y de Río de Janeiro (Sérgio Cabral), recientemente elegidos, para aplicar las medidas de reforma que tanto se necesitan en el ámbito de la seguridad pública a fin de abordar las raíces de la violencia en Brasil.

“Desde la violencia criminal extrema que devasta las ciudades brasileñas hasta el aumento del número de grupos parapoliciales que cubren el vacío dejado por las autoridades, poco o nada se ha hecho para resolver la discriminación social, la corrupción y las violaciones de derechos humanos que están en el centro del sistema de seguridad pública del país”, ha dicho Irene Khan.

“La violencia urbana no sólo le cuesta al país decenas de miles de vidas jóvenes cada año, sino que además condena a millones de personas a mayores niveles de pobreza. La violencia es uno de los principales obstáculos para conseguir la verdadera inclusión que el presidente Lula prometió en su reciente discurso de investidura”, ha declarado Khan.

Brasil vivió uno de los peores episodios de violencia criminal de su historia cuando bandas de narcotraficantes y bandas de delincuentes organizaron ataques violentos contra civiles y policías en mayo del pasado año en el estado de São Paulo y posteriormente en diciembre en Río de Janeiro. Estos ataques fueron condenados en su momento de manera firme e inequívoca por Amnistía Internacional. Sin embargo, no cabe duda de que los fallos a la hora de abordar problemas básicos de un sistema de justicia penal moribundo han contribuido directamente a las condiciones que desembocaron en estos ataques.

Amnistía Internacional también ha puesto de relieve que anteriores gobiernos estatales se han basado en políticas reactivas y represivas cuyo efecto ha sido devastador sobre las comunidades más pobres, aumentando la vulnerabilidad de agentes de policía y exacerbando la violencia en las ciudades.

En febrero, la policía del estado de Río de Janeiro y miembros del cuerpo de élite Fuerza Nacional de Seguridad realizaron su primera operación conjunta al ocupar las favelas del Complexo do Alemão. Al menos seis personas, varias de ellas transeúntes, murieron durante la operación, en la que se utilizó un vehículo acorazado llamado caveirão. Después de tres días de batalla armada, la policía se retiró, afirmando haber capturado un rifle y una granada.

En São Paulo, la parálisis que atenazó a la ciudad tras la oleada de ataques criminales fue seguida por un episodio de violencia similar perpetrada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Sigue siendo motivo de honda preocupación la conducta de la policía tras los actos de violencia, así como el efecto del delito organizado dentro del sistema penitenciario y en la periferia de São Paulo.

También en Río, el aumento de las actividades de las milicias ¾grupos parapoliciales formados por agentes de policía fuera de servicio que controlan las favelas con una mezcla de fuerza militar, intimidación y extorsión¾ es un fenómeno muy preocupante, síntoma del vacío dejado por las autoridades estatales durante muchos años. Los narcotraficantes desplazados se disputan ahora estos vecindarios, lo que presagia una etapa de mayor violencia aún para la ciudad en 2007.

“Para erradicar la violencia criminal y policial de los centros urbanos de Brasil, es preciso ocuparse urgentemente de la seguridad pública en el sentido más amplio posible del término. Sólo a través de políticas inclusivas de sanidad, salud, educación y profesionalización de la actuación policial, encaminadas a integrar zonas que se han desprendido de la órbita estatal se podrán conseguir avances a largo plazo.”

Amnistía Internacional ha escrito al presidente Lula y a los gobernadores Cabral y Serra expresándoles su preocupación por la situación de los derechos humanos en Brasil. La organización espera iniciar así un diálogo sobre la protección y la promoción de los derechos humanos para todos los brasileños.

Logo de Whatsapp

Sigue la actualidad en derechos humanos en nuestro canal de WhatsApp

Contigo somos independientes

Amnistía Internacional lo forman personas que defienden una humanidad justa y libre alrededor del mundo. Personas como tú, que creen en nuestro trabajo. Por eso, si tú también defiendes los derechos humanos, te necesitamos para seguir siendo independientes. Puedes hacerlo desde aquí en menos de un minuto, con cuotas a partir de 4 € al mes.

Nos mantenemos firmes con nuestros principios: no aceptamos ni una sola subvención de ningún gobierno, ni donaciones de partidos políticos.

Haz posible nuestra independencia.