Londres.- El gobierno húngaro debe investigar a fondo los ataques violentos de motivación racial que se cometen contra la población romaní y proporcionar a las víctimas acceso a la justicia, ha manifestado Amnistía Internacional en su nuevo informe publicado hoy. Violent attacks against Roma in Hungary muestran el impacto que los delitos de motivación racial tienen sobre las víctimas individuales, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Igualmente, muestran cómo las deficiencias en el sistema de justicia húngaro dificultan la prevención de tales ataques, así como una respuesta efectiva ante los mismos.
Entre enero de 2008 y agosto de 2009 la población romaní fue víctima de una serie de ataques con cócteles molotov y tiroteos en los que murieron seis personas. Entre las víctimas se encontraban una pareja de unos cuarenta años, un anciano, un padre y su hijo de cuatro años, y una madre soltera y su hija de trece años.
“Las autoridades húngaras tienen el deber de impedir la discriminación y de garantizar justicia a las víctimas de crímenes de odio. Este incluye la obligación de investigar si hubo o no motivaciones de odio o prejuicios de carácter racial y étnico en estos y otros ataques similares”, ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central.
“Si se lucha contra el racismo y la violencia racial, las autoridades transmitirán un mensaje de vital importancia: que la diversidad no debe percibirse como una amenaza. Deben transmitir con total claridad que no habrá tolerancia ante el racismo.”
Las leyes húngaras penalizan la instigación de crímenes racistas y de odio. No obstante, el número de acusaciones y condenas por cargos de ataques de motivación racial resulta bajo en comparación con el número de ataques de este tipo recogidos en los informes de las ONG.
La policía húngara informó de doce ataques de motivación racial contra la comunidad romaní en 2008 y de seis en 2009. Sin embargo, las ONG registraron un total de 25 ataques de motivación racial en 2009 y de 17 en 2008.
Esta diferencia se atribuye a la escasez de denuncias de crímenes de odio por parte de las víctimas, que con frecuencia no denuncian por miedo o porque la policía y los fiscales no tienen en cuenta las motivaciones racistas de estos crímenes.
Muchas de las víctimas romaníes entrevistadas por Amnistía Internacional estaban traumatizadas y no tenían conocimiento de la existencia de servicios de apoyo o de cómo acceder a ellos.
“La falta de informes, investigaciones, procesamientos y castigos de los delitos de motivación racial, así como la inexistencia de remedios para las víctimas está defraudando a la comunidad romaní en Hungría”, ha señalado Nicola Duckworth. “De acuerdo con las leyes internacionales, el gobierno está obligado a luchar contra la discriminación, y la recopilación de información sobre la existencia y el alcance de los crímenes de odio es una pieza clave en el proceso.”
Amnistía Internacional también pide a las autoridades húngaras que:
- Garanticen la protección de los miembros de la comunidad romaní, así como de los miembros de otros grupos vulnerables, frente a la violencia;
- Garanticen que la policía y los fiscales reciben la formación necesaria sobre la naturaleza de los crímenes de odio y sobre la función que debe desempeñar la policía en la lucha contra este tipo de crímenes;
- Trabajen con los autogobiernos romaníes, las ONG y las organizaciones de derechos humanos para animar a la comunidad romaní a denunciar los crímenes de odio y para garantizar que las víctimas reciben resarcimiento, incluidos acceso a la justicia, rehabilitación e indemnización.
Casos A primera hora de la mañana del 23 de febrero de 2009, Róbert Cs., de 27 años, y su hijo, de cuatro, fueron abatidos a tiros y perdieron la vida cuando intentaban escapar de una casa en llamas que había sido incendiada por cócteles molotov en el pueblo de Tatárszentgyörgy, en el condado de Pest. A pesar de que se oyeron los disparos, la investigación inicial de la policía trató el caso como un accidente. Solo tras la intervención de Viktória Mohácsi, miembro del Parlamento Europeo por aquel entonces, los investigadores encontraron las botellas utilizadas para los cócteles molotov, así como las balas y los cartuchos.
El informe policial se modificó tras la autopsia, que confirmó que Róbert y su hijo habían muerto por herida de bala. La Junta Independiente de Denuncias contra la Policía concluyó que la negativa de la policía a tratar el asesinato como un crimen de odio había entorpecido gravemente la investigación y, por tanto, se habían violado los derechos de las víctimas.
El 15 de junio de 2008, un niño romaní de 14 años, K.H., y su primo, F.N., fueron apuñalados por un hombre de cuarenta años tras una discusión verbal en un bar del pueblo de Fényeslitke.
De acuerdo con la sentencia de un tribunal, el hombre inició la discusión con las víctimas porque se sintió ofendido por el hecho de que F.N. le había dado la espalda mientras el hombre estaba en la barra del bar. K.H. y F.N. decidieron salir del local. Cuando llegaron a la puerta, al parecer, K.H. le dijo al hombre: “Si quieres algo, vamos fuera”. El hombre sacó una navaja de 11 cm de largo y 2,5 cm de ancho y asestó tres puñaladas en el pecho a K.H. Después apuñaló también a F.N. en el pecho y se dio a la fuga. K.H. murió en el acto como consecuencia de las puñaladas. F.N. sufrió graves heridas que pusieron en peligro su vida. Según se ha informado, las familias de F.N. y K.H. no recibieron el asesoramiento y apoyo adecuados durante la investigación. El representante legal de la familia de K.H. alegó que la motivación racial no se tuvo en cuenta durante la investigación. El representante legal de la víctima informó a Amnistía Internacional de que había identificado a dos testigos que afirmaban haber oído al agresor decir que cometería el crimen porque “ningún romaní podía darle la espalda”.
Antecedentes La comunidad romaní en Hungría vive en condiciones de extrema pobreza: siete veces mayor que el resto de la población. Sufren las consecuencias de la marginalidad y la discriminación para acceder a la educación, la vivienda y el empleo. A los niños romaníes se los suele enviar a colegios de educación especial destinados a niños con alguna discapacidad mental, y se los aísla en clases y colegios únicamente para romaníes. Las normas y prácticas discriminatorias llevadas a cabo por las autoridades locales contra las familias romaníes impiden su acceso a viviendas sociales. La tasa de desempleo de la comunidad romaní se estima que es del 70 por ciento, más de diez veces superior a la media nacional.
