El gobierno de Hong Kong ha publicado hoy en el Boletín Oficial reformas a las normas penitenciarias, que han entrado en vigor de forma inmediata. Las normas revisadas otorgan al Departamento de Servicios Penitenciarios amplios poderes para restringir las visitas a personas presas y las reuniones de éstas con sus abogados, por motivos como la protección de la seguridad nacional.
En respuesta, Fernando Cheung, portavoz de la Sección de Amnistía Internacional Hong Kong en el Exterior, ha declarado:
“Las últimas reformas de las normas penitenciarias otorgan al Departamento de Servicios Penitenciarios amplias facultades para prohibir las visitas basándose en motivos ambiguos de 'seguridad nacional'. Esto supone una peligrosa erosión del derecho de las personas detenidas a comunicarse con el mundo exterior y recibir visitas de familiares, amistades y abogados.”
“Estos cambios asestan un certero golpe al derecho a un juicio justo. Cuando las autoridades pueden restringir las visitas de abogados alegando motivos de seguridad nacional, en la práctica están negando a las personas detenidas el derecho a asistencia letrada de su elección, así como a disponer de tiempo e instalaciones apropiados para preparar su defensa con dicha asistencia letrada, lo cual está garantizado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).”
“La definición excesivamente amplia de 'seguridad nacional' introducida mediante la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín se está empleando como arma para aislar todavía más a quienes ya están entre rejas”
“El PIDCP establece claramente que las personas acusadas de un delito deben estar separadas de las personas condenadas, y que deben ser tratadas de manera apropiada a su condición de personas que no han sido declaradas culpables. Sin embargo, el gobierno de Hong Kong está socavando esta garantía de derecho internacional al cancelar la política que permitía a las personas detenidas en espera de juicio recibir alimentos y ropa de fuentes externas. En el contexto de las causas relacionadas con la seguridad nacional —en las que a la mayoría de las personas acusadas se les niega la libertad provisional y se las recluye en régimen de prisión preventiva prolongada—, la reforma permite al gobierno imponer condiciones punitivas a personas que no han sido declaradas culpables de ningún delito.”
“La definición excesivamente amplia de 'seguridad nacional' introducida mediante la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín se está empleando como arma para aislar todavía más a quienes ya están entre rejas.”
Información complementaria
El 7 de julio de 2024, las autoridades hongkonesas aludieron a la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong y plantearon la necesidad de analizar si las normas penitenciarias vigentes se ajustaban a “las necesidades de proteger la seguridad nacional y a la gestión moderna de las instituciones penitenciarias”. El gobierno pretende aprobar las reformas mediante un procedimiento de verificación negativa, que implica que la propuesta tendrá efecto antes de ser estudiada por los legisladores en una comisión de proyectos de ley. Las modificaciones de las normas penitenciarias se publicaron en el Boletín Oficial el 18 de julio de 2024 y entraron en vigor de forma inmediata.
