Antes del debate en el Congreso de Honduras sobre la penalización del aborto, la Directora para las Américas de Amnistía Internacional Erika Guevara-Rosas dijo: “Al penalizar el aborto, el Código Penal de Honduras es incompatible con los derechos humanos y debe ser modificado sin demoras”. “Prevenir que las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos al negarles la posibilidad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, solo pone su salud y sus vidas en peligro”. Como parte de un debate sobre el Código Penal del país, el Congreso de Honduras va a debatir una propuesta de cambios que podrían permitir acceso al aborto cuando la salud de la mujer embarazada estuviera en peligro, cuando el embarazo es el resultado de una violación y cuando una malformación del feto es incompatible con la vida. En un informe publicado el año pasado, Amnistía Internacional documentó abusos – algunos de los cuales podrían llegar a considerarse como tortura – que enfrentan las mujeres alrededor de las Américas como consecuencia de la criminalización del aborto en varios países de la región. El aborto está prohibido sin excepción en siete países de las Américas: Chile, República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, y Surinam – aun cuando la salud o vida de la mujer o niña está en riesgo. Sin embargo, los Congresos de Chile, El Salvador y República Dominicana están actualmente debatiendo posibles cambios a su legislación para permitir acceso a abortos seguros en algunas circunstancias. Asociaciones médicas y agencias de Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, han apoyado los llamados para la despenalización del aborto. Han notado que la criminalización del aborto no reduce el número de abortos, pero que lleva a que mujeres y niñas tengan que recurrir a abortos clandestinos e inseguros que pueden amenazar su salud y sus vidas.
