La decisión tomada por el gobierno de Myanmar el 17 de septiembre de 2012 de liberar a otros 514 presos, entre ellos presos de conciencia, es un paso positivo hacia el fin de la detención arbitraria en el país. Amnistía Internacional cree que aún hay personas que permanecen detenidas arbitrariamente, y es fundamental que a estas personas no se las olvide. Reiteramos nuestro llamamiento al gobierno para que –con la ayuda de las Naciones Unidas y la participación de la sociedad civil– establezca urgentemente un mecanismo para revisar los casos de todos los presos, con el fin de determinar los auténticos motivos de su reclusión.
Entre quienes quedaron en libertad el 17 de septiembre había varios ciudadanos extranjeros y al menos 90 presos políticos; una de ellas era Khin Kyi (alias Zin Min Aung), a quien Amnistía Internacional había reconocido como presa de conciencia. Khin Kyi es una integrante de Generation Wave y fue condenada a 15 años de prisión en 2008 por sus actividades políticas pacíficas. Es probable que el número de presos políticos cuya liberación se haya confirmado aumente en los próximos días y semanas.
La amnistía presidencial se concedió en virtud del artículo 204.a de la Constitución y el artículo 401.1 del Código de Procedimiento Penal, y es una forma de libertad condicional que permite a las autoridades volver a encarcelar a personas sin necesidad de orden judicial para que cumplan el resto de su condena si las autoridades consideran que no han cumplido las condiciones de su libertad. Ha habido amnistías, tanto recientes como concedidas en el pasado, en las que se ha liberado a presos a condición de que no participaran en actividades políticas. El gobierno debe garantizar que todas las personas liberadas pueden ejercer plenamente sus derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Todas las personas detenidas exclusivamente por ejercer actividades pacíficas deben tener garantizada asimismo su libertad de circular libremente tanto por el país como en el extranjero.
Además, es fundamental que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Myanmar inicie investigaciones inmediatas, efectivas, independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura u otros malos tratos formuladas por personas que hayan sido liberadas. Los sospechosos de cometer actos de tortura u otras violaciones de derechos humanos deben ser enjuiciados en procedimientos que cumplan las normas internacionales sobre juicios justos. Las víctimas y los supervivientes deben recibir reparación.
