En reacción a la sentencia histórica de un tribunal de Atenas que ha condenado a cuatro personas relacionadas con el fabricante de software espía Intellexa por acceso ilícito a sistemas de comunicación y datos privados y por infringir la legislación sobre privacidad y protección de datos, Rebecca White, investigadora del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Han pasado casi cuatro años desde que el escándalo del ‘Predatorgate’ sacudió a Grecia, y por fin estamos viendo consecuencias para quienes participaron en el uso indebido de tecnología de vigilancia.”
“Amnistía Internacional y otras organizaciones han demostrado una y otra vez que los productos de Intellexa se han utilizado para organizar ataques descarados contra periodistas, activistas y personalidades académicas y políticas de todo el mundo.”
“Siguen existiendo interrogantes sobre el papel del Gobierno griego, que ha negado sistemáticamente haber adquirido o utilizado Predator. La transparencia es un elemento crucial de la rendición de cuentas, al igual que la reparación para las numerosas víctimas de las violaciones de derechos humanos ocasionadas por el uso ilícito de esta tecnología.”
Información complementaria
El escándalo “Predatorgate” salió a la luz en marzo de 2022, cuando el periodista Thanasis Koukakis descubrió que su teléfono había sido infectado con el programa espía Predator, altamente invasivo, y que el Servicio Nacional de Inteligencia griego lo había intervenido. Cuatro meses después, Nikos Androulakis, líder del partido de oposición PASOK-KINAL, también descubrió que su teléfono había sido atacado con Predator mientras ejercía como diputado del Parlamento Europeo.
A continuación se sucedieron numerosas denuncias, indignación pública, investigaciones parlamentarias e investigaciones penales. En julio de 2024, el Tribunal Supremo exoneró a los servicios de inteligencia y a los responsables políticos de todo acto indebido.
El 26 de febrero de 2026, el tribunal de Atenas condenó a cuatro personas —Tal Dilian, exagente de los servicios de inteligencia israelíes y fundador de Intellexa; Sara Hamou, socia empresarial de Dilian; Felix Bitzios, ex administrador adjunto y accionista de Intellexa; y Yiannis Lavranos, propietario de Kriel, la empresa a través de la cual presuntamente se adquirió Predator— a 126 años y ocho meses de prisión cada uno, aunque la pena ha quedado suspendida en espera del recurso de apelación. Un fiscal ha solicitado que se las investigue por espionaje junto con otras ocho personas y cualquier otro individuo que pudiera estar implicado en el caso, aludiendo a la posibilidad de colaboración con fuerzas estatales extranjeras.
