Garantizar la seguridad de las víctimas del huracán Katrina

Amnistía Internacional ha expresado honda preocupación por los informes según los cuales las víctimas del huracán que devastó Nueva Orleans y zonas circundantes han permanecido durante días en condiciones cada vez más desesperadas y peligrosas. La organización ha pedido a las autoridades que desplieguen con carácter urgente los recursos necesarios para garantizar la protección frente a los ataques de todas las personas ya evacuadas o que siguen necesitando ayuda en las zonas afectadas, así como que se les facilita comida, agua, albergue adecuado y atención médica apropiada. Observando que, debido a las condiciones de pobreza reinantes, numerosas víctimas son especialmente vulnerables al impacto de la catástrofe, Amnistía Internacional ha pedido además una investigación exhaustiva e independiente para averiguar si las autoridades podían haber adoptado más medidas para garantizar la seguridad de la población afectada y qué actuaciones deben emprender para facilitar su recuperación. Además del hecho de que, inmediatamente después de la catástrofe, las autoridades no garantizaron en la medida y con la rapidez necesarias ciertos derechos humanos fundamentales como albergue, agua, comida y atención médica adecuadas, la organización ha tomado nota con preocupación de los informes según los cuales miles de personas que quedaron atrapadas en un centro de convenciones y en otros lugares han sido víctimas de la actuación de bandas armadas y expuestas a tiroteos, acuchillamientos y violaciones. El deber del gobierno de proteger incluye salvaguardar la ciudad y las zonas circundantes, así como hacer que los autores de estos crímenes comparezcan ante la justicia. Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que la política de “disparar a matar” autorizada por el gobernador de Luisiana y, según los informes, aplicada por las fuerzas de seguridad, pueda desembocar en el uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza letal. Esta política podría aplicarse, por ejemplo, a personas desarmadas calificadas de “saqueadores”, algunas de las cuales podrían estar intentando buscar provisiones para sobrevivir ante la ausencia de ayuda.   Amnistía Internacional ha encarecido que la policía utilice armas de fuego únicamente para responder a una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves que no pueda contenerse con medios menos contundentes, tal como exigen las normas internacionales. Todos los tiroteos deben ser sometidos a una investigación rigurosa e imparcial, cuyos resultados deben hacerse públicos. Las autoridades deben garantizar asimismo que todas las personas bajo custodia, incluidos los miles de presos que, según los informes, han sido evacuados a otros centros, tengan acceso a sus familias y abogados en la primera oportunidad.  La organización ha expresado sus más profundas condolencias por las víctimas de la tragedia y su apoyo a los sobrevivientes, trabajadores de las entidades de ayuda y demás personas que trabajan para proporcionar asistencia, atención médica y otros medios de ayuda.