A raíz del procedimiento iniciado a finales de abril de 2025 por el ministro del Interior francés, Bruno Retailleau, el grupo CollectifUrgence Palestinepodría disolverse mañana mismo, lo que impediría a esta organización continuar sus actividades de campaña contra el genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza.
Amnistía Internacional Francia condena este procedimiento de disolución, que ilustra el progresivo deterioro de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en Francia.
“Disolver un colectivo que defiende los derechos de la población palestina cuando se está cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza sería una decisión muy grave por parte del gobierno. Se integraría en el contexto de restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión y de reunión pacífica de los defensores y defensoras de los derechos humanos del pueblo palestino impuestas por las autoridades de varios países europeos y Estados Unidos”, ha manifestado Anne Savinel-Barras, presidenta de Amnistía Internacional Francia.
“Amnistía Internacional lleva varios meses señalando tanto las restricciones desproporcionadas sobre ciertas consignas coreadas y pancartas —o el simple hecho de portar banderas palestinas— como los arrestos y el uso excesivo de la fuerza por la policía contra activistas y manifestantes pacíficos que denuncian el genocidio en Gaza. En algunos casos se han prohibido totalmente las manifestaciones.”
Amnistía Internacional Francia reitera que los Estados tienen la obligación jurídica de permitir que la gente exprese pacíficamente su dolor, preocupación y solidaridad. Además, la ciudadanía tiene derecho a exigir que los Estados respeten y hagan respetar el derecho internacional.
“Pretendiendo 'combatir el islamismo', el ministro del Interior está adoptando medidas que afectan a la libertad de expresión, de asociación y de protesta pacífica de toda la población francesa”, ha dicho Anne Savinel-Barras.
“Las autoridades francesas deben centrarse en adoptar medidas urgentes para poner fin al genocidio y el asedio impuestos por Israel a la población palestina de Gaza en lugar de silenciar a quienes denuncian estos crímenes.”
Información complementaria
La disolución de una organización es una de las restricciones más graves del derecho a la libertad de asociación, protegido por el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ambos firmados y ratificados por Francia.
La medida de la disolución es excepcional y sólo está justificada en casos muy limitados. Como último recurso, sólo debe adoptarse para proteger, por ejemplo, el orden público o los derechos de terceras personas cuando no es posible adoptar medidas menos restrictivas de la libertad de asociación para conseguir el mismo objetivo.
Desde la disolución del CCIF (Colectivo contra la Islamofobia en Francia) en 2020, tanto organizaciones que defienden los derechos de las personas musulmanas y palestinas como otras implicadas en la defensa del medioambiente han sufrido ataques constantes a través de procedimientos de disolución.
En lugar de reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno francés debería proteger la libertad de asociación, implementar una política activa contra el racismo y poner el marco jurídico francés sobre asociaciones en consonancia con el derecho internacional.
