En respuesta al compromiso formulado por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, respecto a retirar a su país del Tribunal Penal Internacional (TPI), James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha manifestado:
“Se trata de una decisión desacertada y sumamente lamentable del presidente Duterte, y la señal más reciente de que en Filipinas hay individuos poderosos que tienen más interés en encubrir su propia responsabilidad potencial en homicidios que en garantizar la justicia para las numerosas víctimas de la brutal ‘guerra contra las drogas’ emprendida en el país”.
“Por suerte para esas víctimas, la retirada anunciada por Duterte llega demasiado tarde para detener el examen preliminar que está llevando a cabo el TPI y las obligaciones contraídas por Filipinas con la Corte.”
“Duterte no puede detener la responsabilidad internacional de Filipinas borrando simplemente su firma del Estatuto de Roma.”
“Si Filipinas creía de verdad que el TPI no tenía jurisdicción sobre los delitos cometidos en el país, debería haber hecho frente a esa cuestión por la vía adecuada: es decir, en el propio TPI. En lugar de eso, ha optado por la cobarde vía de intentar eludir la justicia.”
