Falta de transparencia y control en las exportaciones de armas: las ONG reclaman la adopción de una Ley

Madrid / Barcelona. 8 de marzo 2006- Tras analizar las exportaciones españolas de armas en el primer semestre de 2005, un año más, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace comprueban con preocupación que armas españolas son exportadas a países en conflicto, como Colombia, Israel y Estados Unidos, y a otros destinos preocupantes como Marruecos o Venezuela. Estas ventas, que aparecen en las "Estadísticas españolas de Exportación de Material de Defensa y Doble Uso" recientemente enviadas por el Gobierno al Congreso de los Diputados, estarían violando varios criterios del Código de Conducta de la Unión Europea. Las ventas de armas a Colombia resultan doblemente preocupantes, a pesar de no tener un gran valor económico. Además de tratarse de un país inmerso en un conflicto armado caracterizado por la sistemática violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, estas ventas ignoran la Proposición No de Ley sobre la suspensión de la venta de armas a Colombia y el condicionamiento de la ayuda al desarrollo al respeto de los derechos humanos, adoptada en el Congreso de los Diputados en junio de 2004. Las cifras oficiales también muestran venta de material en el capítulo de bombas, torpedos, cohetes y misiles, a países con conflictos abiertos o en los que existen serias preocupaciones de derechos humanos como Indonesia, Kenia y Singapur. Persiste, además, la venta de material policial y de seguridad a Venezuela, país con evidentes tensiones internas. Las tres organizaciones muestran su preocupación por estas ventas y su alarma por la política del Gobierno español. Las perspectivas de futuras transacciones confirman la falta de transparencia y el descontrol en el comercio de armas españolas. En concreto, preocupan los casos de Colombia y Venezuela. También resultan alarmantes las últimas informaciones aparecidas en prensa sobre la apertura de nuevos mercados en países en situación de conflicto (Tailandia) o donde hay denuncias continuadas de violaciones graves de derechos humanos (Libia y Vietnam). Por otra parte, aunque el Gobierno español se comprometió a considerar la posibilidad de seguir mejorando la información oficial sobre exportaciones de armas, no se han producido nuevos avances en materia de trasparencia y no se han tenido en cuenta ninguna de las recomendaciones que las tres organizaciones presentaron a las autoridades en noviembre de 2005, como la incorporación de "buenas prácticas" de otros países del entorno o la inclusión de las exportaciones autorizadas por el Gobierno, para permitir un control preventivo de las exportaciones. Además, las estadísticas facilitadas por el Gobierno no recogen algunos datos que sí quedan reflejados en el registro de Aduanas, como la exportación de armas ligeras a República Dominicana y Sudáfrica, y la exportación de munición a Malasia, República Centroafricana y Venezuela. Puesto que la trasparencia en los datos oficiales sobre trasferencias de armas es muy mejorable y continúan llegando armas españolas a destinos equivocados, Amnistía Internacional, Intermón Oxfam y Greenpeace instan al Gobierno a elaborar con urgencia una Ley sobre Comercio de Armas que garantice un mejor control y trasparencia de las trasferencias de material militar, policial y de seguridad, tal y como ha solicitado el Congreso de los Diputados el pasado mes de diciembre. La ley debería incorporar: · los criterios del Código de Conducta europeo · un mecanismo preventivo para evitar las transferencias de armas a destinos sensibles · garantías de transparencia en la información que da el Gobierno con especificaciones sobre el grado de detalle con el que deben facilitarse al Congreso las estadísticas oficiales. La pronta elaboración de esa Ley sería coherente con el compromiso internacional expresado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a favor de controles más estrictos del comercio mundial de armas. Las tres organizaciones pedirán al ministro de Defensa, José Bono, que comparezca ante el Congreso de los Diputados para explicar la política de transferencias de armamento que está llevando a cabo el Ejecutivo, y las autorizaciones de ventas de armas que no cumplen el Código de Conducta.