Según afirma Amnistía Internacional en un informe que se publica hoy, ante las restricciones continuas y los esfuerzos crecientes por limitar aún más el acceso al aborto en toda la región los gobiernos europeos deben tomar medidas para garantizar el acceso igualitario y universal a los servicios de aborto.
When rights aren’t real for all: The struggle for abortion access in Europe (Cuando los derechos no se respetan por igual para todas las personas: La lucha por acceder al aborto en Europa) revela cómo, a pesar de los avances logrados con gran esfuerzo, siguen existiendo obstáculos dañinos y peligrosos que dificultan el acceso a los servicios de aborto. Esto está ocurriendo en un contexto en el que una serie de grupos antiderechos cada vez mejor dotados de recursos están intensificando sus esfuerzos para influir negativamente en las políticas y las leyes, a menudo haciendo cundir el miedo y la desinformación, con el objetivo de restringir aún más el acceso al aborto.
“La cruda realidad es que, a pesar de los importantes avances logrados en toda Europa, el acceso al aborto sigue estando restringido por una inquietante serie de barreras visibles e invisibles”, ha afirmado Mónica Costa Riba, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional en materia de derechos de las mujeres.
“Las victorias conseguidas con gran esfuerzo en materia de derechos reproductivos corren un grave riesgo de ser revertidas por una oleada de políticas regresivas promovidas por el movimiento antigénero y defendidas por actores políticos populistas que aplican prácticas autoritarias.”
Aunque las reformas legislativas que se han llevado a cabo en muchos países europeos han facilitado el acceso al aborto —con notables excepciones—, siguen existiendo numerosas barreras de índole administrativa, social y práctica que impiden el acceso universal al aborto. Entre ellas están la imposición de requisitos sin justificación médica que retrasan el acceso, la objeción de conciencia a la hora de prestar la asistencia, la escasez de profesionales cualificados, los límites gestacionales y el coste elevado. Las comunidades marginadas, incluidas las personas con ingresos bajos, adolescentes, con discapacidad, LGBTIQ+, que ejercen el trabajo sexual, solicitantes de asilo o con una condición migratoria precaria se ven afectadas de manera desproporcionada por estos obstáculos.
Estas barreras, combinadas con diversos grados de penalización, dan lugar a una mayor estigmatización, lo que provoca retrasos o incluso impide el acceso a una atención sanitaria esencial. Al menos 20 países de la región imponen sanciones penales a las personas embarazadas que abortan fuera del ámbito de la ley.
Barreras al aborto
Además de los límites gestacionales y la penalización, existen otras barreras importantes al acceso al aborto.
El costo del acceso al aborto puede ser prohibitivo, especialmente en países en los que ni el seguro médico ni el sistema nacional de salud cubre los servicios de aborto a instancias de la persona interesada (cuando la decisión de interrumpir el embarazo recae en la persona embarazada). Este es el caso de países como Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Kosovo, Letonia, Macedonia del Norte, Montenegro, República Checa, Rumanía y Serbia.
Varios Estados están incumpliendo su deber de garantizar el acceso a los servicios de aborto en contextos en los que se produce un gran número de denegación del servicio por motivos de conciencia —casos en que el personal sanitario se niega a practicar abortos debido a sus opiniones personales o creencias religiosas—, lo que provoca retrasos o la denegación del acceso. En países como Italia o Croacia las denegaciones de este tipo son muy frecuentes, y en Rumanía también están aumentando; en todos los casos las autoridades no están tomando las medidas a las que están obligadas en virtud del derecho internacional para mitigar los daños que causan las elevadas tasas de denegación y garantizar el acceso a los servicios de aborto a quienes los necesitan.
Al menos 12 países europeos siguen imponiendo plazos de espera obligatoria sin justificación médica antes de poder acceder a un aborto legal, y 13 países imponen el asesoramiento obligatorio. Albania, Alemania, Bélgica, Hungría, Letonia y Portugal obligan a cumplir ambos requisitos: la espera y el asesoramiento. En Hungría, las mujeres que desean abortar están obligadas a escuchar los latidos del corazón del feto. En Turquía, las mujeres casadas mayores de 18 años están obligadas por ley a obtener el consentimiento de su cónyuge para interrumpir un embarazo dentro del plazo de 10 semanas.
Cada año, miles de personas embarazadas se ven obligadas a viajar al extranjero para buscar la atención médica que necesitan debido a las dificultades que enfrentan para acceder a servicios de aborto en sus países.
Intentos de restringir el acceso al aborto
Los intentos de restringir el acceso al aborto en toda Europa están siendo dirigidos por un movimiento transnacional antigénero bien financiado, integrado por instituciones y grupos conservadores y religiosos, centros de pensamiento, organizaciones de la sociedad civil y personas influyentes en los medios de comunicación.
En Croacia, la influencia de los políticos antiderechos en el gobierno, junto con la creciente alianza entre quienes se oponen al aborto y la Iglesia católica, ha dado lugar a repetidos intentos de imponer barreras al acceso al aborto. En Eslovaquia se han hecho varios intentos parlamentarios de restringir o prohibir el acceso al aborto, y las reformas constitucionales aprobadas en septiembre de 2025 erosionarán significativamente los derechos reproductivos.
Hungría ha introducido nuevas barreras para acceder al aborto, a la anticoncepción y a la planificación familiar, y, en Italia, el partido gobernante ha encabezado iniciativas legislativas para permitir que los grupos antiaborto y quienes “apoyan la maternidad” accedan a los centros de asesoramiento obligatorios para las personas embarazadas que desean abortar legalmente. En ambos casos, las autoridades han justificado las medidas con argumentos que incluyen las bajas tasas de natalidad y una retórica falsa y racista sobre el “reemplazo” de la población “nativa” blanca por población migrante.
Las protestas y piquetes agresivos y, en ocasiones, violentos contra el aborto a la puerta de las clínicas de salud sexual y reproductiva se han convertido en una barrera cada vez mayor para el acceso al aborto. En Polonia, un centro de abortos establecido en Varsovia en marzo de 2025 ha sido objeto de hostigamiento e intimidación constantes por parte de grupos que protestan frente al edificio. En Austria, los proveedores de servicios de salud relacionados con el aborto sufren intimidación, incluso a la puerta de sus clínicas, mientras que los centros de planificación familiar en Francia y los que ofrecen asesoramiento obligatorio en Alemania también han sido atacados por grupos antiderechos.
“El aborto es una atención sanitaria esencial y un derecho humano”, ha afirmado Mónica Costa Riba.
“Las instituciones y los gobiernos europeos deben actuar con determinación para armonizar la prestación de servicios de aborto con las normas internacionales, despenalizando el aborto, eliminando las barreras de acceso existentes y resistiendo firmemente cualquier intento de los grupos antiderechos de bloquear peligrosamente el acceso de las personas a servicios de aborto seguros y oportunos, poniendo en peligro sus vidas y su salud.”
La situación en España
España, junto a países como Dinamarca, Finlandia y Noruega, es de los países que ha adoptado reformas para mejorar el acceso al aborto en los últimos años. A pesar de las mejoras que se han ido realizando, como la implementación de zonas de seguridad para prevenir acoso o intimidación en los centros donde se presta este servicio, o la eliminación de los períodos de reflexión obligatorios y de la obligación de proporcionar información sobre el apoyo a la maternidad, todavía existen algunos obstáculos en el país. Por ejemplo, la objeción de conciencia de algunos profesionales de la salud puede limitar el acceso en ciertas áreas, obligando a desplazamientos para recibir atención o a recurrir a la sanidad privada. En ese sentido, como ya señaló recientemente Amnistía Internacional, el no contar con un registro de objetores de conciencia que se niegan a practicar abortos, como sucede todavía en Madrid, Baleares, Aragón y Asturias, impide planificar los recursos para garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en la sanidad pública.
Por otro lado, y aunque la ley garantiza cobertura universal del aborto, las restricciones prácticas en el acceso a la sanidad pública pueden afectar a algunas personas como las inmigrantes en situación administrativa irregular o personas reagrupadas legalmente. Además, fuera de los supuestos legales establecidos, el aborto sigue estando penalizado.
Información complementaria
El informe examina 40 países y se basa en la investigación realizada por Amnistía Internacional a lo largo de los últimos 10 años, así como en datos de fuentes fidedignas recabados por otras organizaciones de derechos humanos y salud pública, incluida la publicación Europe Abortion Laws 2025 (Legislación sobre el aborto en Europa en 2025) del Centro de Derechos Reproductivos, el European Abortion policy Atlas (Atlas europeo de las políticas sobre el aborto) del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos y la Global Abortion Policies Database (base de datos mundial de las políticas sobre el aborto) de la Organización Mundial de la Salud. También se basa en las opiniones de 11 activistas por el derecho al aborto y organizaciones de salud y derechos sexuales y reproductivos entrevistadas entre mayo y septiembre de 2025.
