Londres.- El Gobierno Federal de Transición de Somalia debe asegurarse de que su tribunal militar respeta las normas básicas sobre garantías procesales y detiene inmediatamente las ejecuciones, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Las organizaciones han afirmado asimismo que el Gobierno Federal de Transición también debe prohibir que los civiles sean juzgados por el tribunal militar. Los socios internacionales del Gobierno Federal de Transición deberán oponerse firmemente a estas graves violaciones de derechos humanos en la próxima reunión de consulta en Mogadiscio.
Los juicios militares que se están llevando a cabo en Mogadiscio suscitan graves preocupaciones de derechos humanos, según afirman Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El tribunal militar funciona sin garantías de que se respeten las normas básicas sobre juicios justos. El 22 de agosto de 2011, dos soldados de las fuerzas gubernamentales declarados culpables de asesinato por el tribunal militar fueron ejecutados sin que se les diera la oportunidad de apelar, como exige el derecho internacional. El 29 de agosto, el tribunal condenó a muerte a dos acusados por presunta venta de munición a Al Shabaab, grupo islamista armado que controla gran parte del país. Según algunas fuentes, uno de los acusados era una civil a la que el tribunal solo hizo una pregunta durante la breve vista judicial y que no contó con representante legal.
“Los juicios injustos y las ejecuciones no son la respuesta a la ausencia de rendición de cuentas en Somalia, aunque el Gobierno Federal de Transición los encuentre muy oportunos políticamente", ha dicho Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “Mantener y respetar derechos fundamentales como el derecho a un juicio justo es clave para avanzar.”
El 13 de agosto, el presidente del Gobierno Federal de Transición, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, declaró el estado de excepción en zonas de Mogadiscio abandonadas por Al Shabaab, como el mercado de Bakara y varios campos de desplazados internos. El decreto por el que se declara el estado de excepción, firmado por el presidente, pero no aprobado por el Parlamento, incrementa los poderes del tribunal militar, especialmente su jurisdicción sobre todos los abusos perpetrados en zonas que están bajo el estado de excepción, y hace temer que por omisión esto le dé jurisdicción sobre la población civil.
Las normas internacionales de derechos humanos establecen claramente que la población civil no debe ser juzgada en tribunales militares. El artículo 57 de la Carta Federal de Transición de Somalia dispone que los tribunales militares solo tendrán jurisdicción sobre delitos militares perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, tanto en tiempo de paz como de guerra. Además, en Mogadiscio hay tribunales civiles.
En sus vistas, el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición no ha respetado los derechos fundamentales sobre juicios justos, como el derecho de los acusados a presentar una defensa y a no declarar contra sí mismos. En los casos de pena de muerte, las normas internacionales de derechos humanos establecen claramente que las salvaguardias procesales deben ser aún más estrictas que en el caso de delitos comunes en general. Esto incluye el derecho a apelar y solicitar el indulto o la conmutación de la pena.
“El presidente Sheikh Sharif debe prohibir que el tribunal militar del Gobierno Federal de Transición juzgue a civiles, reforzar los tribunales civiles e intervenir de inmediato para impedir la ejecución de los dos acusados condenados a muerte el 29 de agosto”, ha dicho Michelle Kagari, directora adjunta del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado reiteradamente las ejecuciones públicas de Al Shabaab de opositores o presuntos opositores y personas acusadas por el grupo armado de infringir la sharia (ley islámica) tras “procesos” sumarios sin garantía procesal alguna.
En mayo, el Tribunal del Gobierno Federal de Transición se comprometió durante el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a considerar la posibilidad de establecer una suspensión de las ejecuciones. Pero desde la publicación del decreto por el que se proclama del estado de excepción, el 13 de agosto, los tribunales militares han condenado a muerte a cuatro personas, una de ellas civil, y han sido ejecutados dos soldados del Gobierno Federal de Transición. El Gobierno Federal de Transición creó el tribunal militar en 2009. Según fuentes fiables de la sociedad civil, son al menos siete las personas, todas ellas miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno de transición, que han sido ejecutadas tras haber sido declaradas culpables por este tribunal.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen de forma inequívoca y total al uso de la pena de muerte en toda circunstancia.
“El Gobierno Federal de Transición debe cumplir su promesa e imponer una suspensión de las ejecuciones”, ha dicho Michelle Kagari. “En un país donde los homicidios son onmipresentes, es fundamental alejarse de una cultura en la cual la muerte se considera una respuesta.”
Del 4 al 6 de septiembre, el Gobierno Federal de Transición se reunirá en Mogadiscio con organismos internacionales y gobiernos para debatir una “hoja de ruta” para el último año de su mandato, que termina en 2012. En esta reunión debe darse prioridad a las iniciativas para mejorar la situación de los derechos humanos y el estado de derecho, han afirmado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
“Los que apoyan internacionalmente al Gobierno Federal de Transición deben dejar claro que éste, en el último año de su mandato, debe respetar sus compromisos de derechos humanos”, ha dicho Bekele. “Los donantes de ayuda deben apoyar los esfuerzos para que se restablezca el estado de derecho en Mogadiscio y se plante cara a la cultura de la impunidad.”
