El proyecto de ley para la regulación del derecho de manifestación en Egipto prepara el terreno para un nuevo derramamiento de sangre, ha advertido Amnistía Internacional hoy. Si el presidente interino Adli Mansur la sanciona con su firma, la ley restringirá arbitrariamente el derecho a la libertad de reunión pacífica y dará a las fuerzas de seguridad carta blanca para el uso excesivo medios letales, también contra los partidarios del depuesto presidente Mohamed Morsi. En virtud de este proyecto de ley, las fuerzas de seguridad tienen la facultad de dispersar protestas pacíficas no autorizadas utilizando cañones de agua, gas lacrimógeno y porras. El proyecto de ley también permite a las fuerzas de seguridad utilizar medios letales para defender “intereses económicos” sin concretar lo que este término significa, algo que probablemente se preste a interpretaciones abusivas. Las autoridades egipcias no han tenido en cuenta las lecciones de anteriores medidas represivas que han provocado cientos de muertos, ha dicho Amnistía Internacional. En lugar de tomar las medidas que se necesitan con urgencia para controlar a las fuerzas de seguridad, han propuesto una ley que trata a los manifestantes pacíficos como si fueran delincuentes y da a las fuerzas de seguridad nuevas facultades para aplastarlos, además de consolidar disposiciones abusivas ya presentes en otras leyes egipcias. Desde el 3 de julio, más de 1.300 personas han muerto en protestas y actos de violencia política. De ellas, 483 (entre ellas nueve miembros de las fuerzas de seguridad) murieron en El Cairo el 14 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza a los partidarios de Morsi concentrados en Rabaa al-Adawiya y en al-Nahda en El Cairo. Amnistía Internacional también ha documentado muchos casos en los que las fuerzas de seguridad no han salvaguardado eficazmente el orden público en las protestas, dejando a los partidarios de Mohamed Morsi y a sus oponentes librar sangrientos combates en las calles. En virtud del derecho internacional, Egipto debe respetar y defender el derecho a la libertad de reunión. El derecho y las normas internacionales disponen que las fuerzas de seguridad no deben utilizar medios letales excepto cuando no hay otra alternativa para proteger la vida o evitar lesiones graves. Las normas de la ONU disponen también que, al dispersar reuniones ilegales pero pacíficas, las fuerzas de seguridad deben evitar el uso de la fuerza, o utilizarla en la menor medida necesaria. Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley disponen también que, en caso de protestas violentas, las fuerzas de seguridad no pueden utilizar armas de fuego excepto en defensa propia o para defender a terceros contra la amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Las leyes egipcias ya permiten a las fuerzas de seguridad utilizar fuego real para dispersar protestas que amenazan "la seguridad pública" o proteger vidas, intereses económicos o infraestructuras. Sin embargo, en virtud de este proyecto de ley, los organizadores de protestas se enfrentarían con una serie de nuevas trabas burocráticas. Las autoridades también conseguirían amplios poderes para negar arbitrariamente la autorización para cualquier protesta programada basándose en vagos motivos, tales como “garantizar la seguridad o el orden público”, “evitar trabas a los intereses de los ciudadanos” o “impedir el entorpecimiento del tráfico” En la práctica es probable que las autoridades utilicen la ley para prohibir cualquier protesta en apoyo de Mohamed Morsi o de la Hermandad Musulmana. El artículo 6 del proyecto de ley afirma que los organizadores de la protesta deben notificar con anterioridad a la policía que va a celebrarse una manifestación. Deben facilitar sus nombres a las autoridades e indicar en detalle el trayecto, la hora y el objetivo de la protesta, así como el número de personas que calculan participarán en ella. Las consecuencias de incumplir de esta ley, por ejemplo realizando una protesta después de la hora notificada, pueden ser multas de hasta 100.000 libras egipcias (43.500 dólares estadounidenses) y condenas de hasta tres años de cárcel. En otros casos, la ley dispone multas de hasta 300.000 libras egipcias (87.000 dólares estadounidenses) y condenas de hasta 15 años de cárcel. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas de la ONU ha recomendado como buena práctica que los Estados asuman que la intención de los manifestantes es celebrar reuniones pacíficas. El relator también ha afirmado que el ejercicio de las libertades fundamentales no debe estar sometido a la autorización previa de las autoridades, a lo sumo a un procedimiento de notificación previo. El proyecto de ley restringe férreamente la libertad de reunión, prohibiendo las concentraciones que duren más de un día y cualquier protesta en lugares de culto. Los simpatizantes de Mohamed Morsi a menudo se han reunido en torno a lugares de culto desde su destitución en julio. El artículo 10 del proyecto de ley otorga al Ministerio del Interior la facultad de posponer, cancelar o modificar el trayecto de las manifestaciones y no establece que éstas sólo pueden prohibirse cuando sea necesario y proporcionado para lograr un objetivo legítimo. Estas decisiones del Ministerio del Interior podrían impugnarse ante tribunales administrativos, pero en la práctica esto obligaría a los organizadores de la protesta entablar largas y costosas batallas legales. En la práctica, el régimen legal propuesto sometería el derecho de reunión pacífica a la autorización previa del Ministerio del Interior, no a un procedimiento de notificación previa, lo cual constituye una restricción indebida del derecho a la libertad de reunión. El proyecto de ley sobre protestas de Egipto es más represivo que leyes similares propuestas por el gobierno de Mohamed Morsi, ha dicho Amnistía Internacional. Durante la presidencia de Morsi, las autoridades debatieron un proyecto de ley sobre manifestaciones que imponía restricciones burocráticas a los organizadores de las protestas y otorgaba a los gobernadores la facultad de posponer las manifestaciones o prohibir totalmente las concentraciones públicas. Este proyecto de ley anterior permitía también que las fuerzas de seguridad utilizaran cañones de agua, gas lacrimógeno y porras para dispersar las manifestaciones pacíficas, pero no daba carta blanca para prohibir concentraciones ni disponía que las fuerzas de seguridad emplearan medios letales. El presidente Adli Mansur no debe sancionar con su firma ninguna ley sobre protestas que no cumpla plenamente las leyes y normas internacionales, ha dicho Amnistía Internacional. La organización ha instado al presidente interino que descarte este proyecto de ley o haga que vuelva a ser reformulado. El proyecto de ley lleva esperando la firma del presidente Adli Mansur desde el 10 de octubre, fecha en que el gabinete del primer ministro se lo envió tras aprobarlo.
