El nuevo gobierno debe ocuparse de las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado

Cuando se cumplen tres años de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú, Amnistía Internacional ha instado al nuevo gobierno a elaborar y aplicar por fin un plan global de acción para seguir las recomendaciones de la Comisión, incluidas las que garantizan el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia. La organización de derechos humanos ha acogido con satisfacción la reciente publicación de unas normas para el pago de indemnizaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, el Reglamento del Plan Integral de Reparaciones, y el compromiso del nuevo gobierno de seguir adelante con las reparaciones, pero ha lamentado los lentos avances realizados con respecto al inicio de investigaciones y procesamientos contra miembros de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional ha advertido de que la ausencia de medidas para tratar debidamente el trágico pasado de Perú no hará más que crear un clima favorable a la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos y ha recordado al gobierno peruano que tiene el deber de colaborar en todas las investigaciones de violaciones de derechos humanos y que debe garantizar el avance de las investigaciones velando por que las instituciones militares entreguen toda la información pertinente a las autoridades judiciales. Asimismo, todas las personas relacionadas con procesos judiciales deben recibir apoyo y protección. Decenas de testigos, abogados, médicos forenses y activistas de derechos humanos fueron objeto de amenazas e intimidación entre julio de 2005 y marzo de 2006, y hasta la fecha no se han investigado de manera efectiva estos casos ni se ha proporcionado protección adecuada a las víctimas. El nuevo gobierno tiene la obligación de garantizar protección a los testigos, abogados, médicos forenses y demás personas relacionadas con investigaciones de personal militar sospechoso de participar en abusos contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno que asoló el país de 1980 a 2000. Asimismo, el nuevo gobierno debe garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden realizar su trabajo legítimo sin temor a sufrir represalias. Información complementaria Establecida en 2001, la Comisión de la Verdad y Reconciliación quedó encargada de determinar las circunstancias de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 por el Estado peruano, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Asimismo, la Comisión debía determinar el paradero, la identidad y la situación de las víctimas del conflicto interno y, en la medida de lo posible, de los responsables; formular propuestas de reparación a las víctimas, y presentar medidas y reformas para impedir que volvieran a producirse sucesos similares. La Comisión documentó casi 24.000 casos de personas muertas o “desaparecidas” durante el conflicto armado interno de Perú y millares de casos de abusos y violaciones graves de derechos humanos, como tortura, trato cruel, inhumano y degradante, violencia sexual contra mujeres, violación del debido proceso, secuestro y toma de rehenes y violación de derechos humanos contra menores y pueblos indígenas. La Comisión también recomendó al gobierno peruano que garantizara el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a una reparación.