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El gobierno debe proteger a su población

Londres.- Amnistía Internacional insta al gobierno provisional y a las autoridades locales kirguises a que garanticen protección adecuada a todos los ciudadanos de Kirguistán, en especial a los de origen uzbeco, que se han convertido en blanco de la violencia del sur del país.

La organización emite este llamamiento mientras se intensifica la violencia en la ciudad meridional de Osh y la zona circundante.

“Los organismos kirguises encargados de hacer cumplir la ley no están proporcionando seguridad humana a la población, en particular a la comunidad uzbeka”, ha manifestado Maisy Weicherding, analista de Amnistía Internacional para Asia Central.

“Es necesario tomar medidas de inmediato para impedir que la situación se agrave aún más. En sus esfuerzos por restablecer el orden público en la ciudad de Osh y la zona de alrededor, las fuerzas de seguridad deben respetar los derechos humanos fundamentales.”

Los enfrentamientos de Osh y la zona circundante han afectado considerablemente a la comunidad uzbeka. Millares de personas, en su mayoría mujeres, niños y niñas y personas ancianas, han huido de la ciudad por temor a nuevos ataques. Según informes, entre 2.000 y 6.000 se han dirigido a la cercana frontera con Uzbekistán en busca de seguridad en este país. Amnistía Internacional teme que se vean desplazadas muchas personas más a medida que se agrava la situación.

Según testigos presenciales, grupos de civiles armados, en su mayoría jóvenes que afirman ser kirguises, han estado deambulando por las calles Osh y han atacado distritos de la ciudad de población principalmente uzbeka, disparado contra civiles, incendiado comercios y viviendas y saqueado propiedades privadas. Aunque las cifras oficiales sobre la violencia de los últimos dos días indican que se ha matado a más de 60 personas, informes sin confirmar ofrecidos a la agencia independiente de noticias Ferghana.ru por representantes de las juntas de distrito de Osh rebelan que el 12 de junio al mediodía había ya al menos 500 civiles uzbecos muertos y más de 2.000 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Según informes, fuentes en Osh de las fuerzas locales encargadas de hacer cumplir la ley dijeron a periodistas que no podían controlar la situación ni proteger a la población civil. Al parecer, en algunos casos, los grupos de hombres armados han sido más numerosos que las fuerzas de seguridad y se han apoderado de vehículos blindados. Algunos representantes de las juntas de distrito han informado también de disparos de francotiradores contra civiles.

Los disturbios se han extendido ya a Jalal-Abad y a otras ciudades y pueblos de la zona circundante, donde se ha declarado el estado de excepción.

“Con millares de personas desplazadas en búsqueda de seguridad, las autoridades de los países vecinos, en particular Uzbekistán, deben mantener sus fronteras abiertas y permitir la entrada de todas las que lleguen huyendo de la intensificación de la violencia en Kirguistán, cualquiera que sea su origen étnico, y brindarles protección hasta que se restablezca la seguridad en Kirguistán”, ha afirmado Maisy Weicherding. Información complementaria Al parecer, esta situación de violencia mortal comenzó el 10 de junio, con unos enfrentamientos entre bandas rivales de jóvenes, en su mayoría kirguises y uzbecos, que degeneraron rápidamente en incendios provocados, saqueos y ataques en gran escala contra distritos de Osh de población principalmente uzbeka, causando varias muertes.

El sur de Kirguistán acoge a una gran comunidad de etnia uzbeka y fue la base del poder del ex presidente Kurmanbek Bakiev, derrocado en abril tras un violento enfrentamiento entre partidarios del gobierno y de la oposición, provocado por el aumento del precio de la energía y la corrupción.

Roza Otunbaeva, nombrada jefa del gobierno provisional creado hasta la celebración de elecciones en octubre, afirmó en abril que éste había asumido el control total del país y había disuelto el Parlamento y nombrado nuevos ministros.

Aunque la causa de los enfrentamientos no está clara, el gobierno provisional y otros observadores han culpado de la violencia a los partidarios del ex presidente Kurmanbek Bakiev y al intento de grupos criminales de desestabilizar la situación en el país antes del referéndum constitucional del 27 de junio. Las elecciones parlamentarias están previstas para el 4 de octubre.

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