El gobierno británico debe investigar los homicidios ilegítimos

El Reino Unido está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales y nacionales, incluida la de llevar a cabo investigaciones efectivas, inmediatas, imparciales, independientes y exhaustivas sobre las denuncias en torno a seis homicidios ilegítimos perpetrados en Irak. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional tras la resolución emitida hoy, 14 de diciembre, por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. La resolución se refiere a la muerte de civiles iraquíes en un momento en el que Reino Unido estaba reconocido como potencia ocupante en Irak. Cinco de estos civiles murieron por disparos en incidentes distintos en los que estaban implicadas tropas británicas, y el sexto, Baha Mousa, murió en una prisión militar bajo custodia británica. El Tribunal Superior ha fallado a favor de la alegación de la familia de Baha Mousa de que tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como la Ley de Derechos Humanos de 1998 son aplicables en este caso, y que las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento sobre su muerte no satisfacen los requisitos del Convenio Europeo. “El gobierno británico debe llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente, efectiva, imparcial e inmediata sobre la muerte bajo custodia de Baha Mousa, incluidas las denuncias que afirman que murió a consecuencia de las torturas u otros malos tratos sufridos mientras estaba bajo custodia del Reino Unido”, ha manifestado Amnistía Internacional. Sin embargo, a la organización de derechos humanos le inquieta la resolución del Tribunal Superior en relación con los otros cinco casos. En el momento de los hechos, el Reino Unido mantenía el control efectivo del territorio iraquí en el que se produjeron las muertes. Pese a ello, el Tribunal Superior sostiene que ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni la Ley de Derechos Humanos eran aplicables. Amnistía Internacional considera que esto va en contra de las obligaciones contraídas por el Reino Unido en virtud del derecho internacional. “Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como la Ley de Derechos Humanos eran aplicables en el territorio iraquí en el que el Reino Unido ejercía control efectivo a consecuencia de su categoría de potencia ocupante. Por lo tanto, el Reino Unido está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales y nacionales de investigar todas las denuncias de homicidios ilegítimos”, ha declarado la organización.