Cien días después del inicio del conflicto, en agosto, más de 20.000 personas de etnia georgiana siguen sin poder regresar a sus casas en Osetia del Sur, mientras que muchas de las que, en ambos bandos del conflicto, han regresado se han encontrado sus casas saqueadas o destruidas.
“Se ha creado una nueva zona ‘sin ley’ a lo largo de la frontera de facto entre Osetia del Sur y el resto de Georgia, en la que la gente se mete corriendo peligro. En las últimas semanas se ha informado de saqueos, tiroteos, explosiones y secuestros”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“Debe permitirse a los observadores internacionales ir a donde quieran, y todos los bandos deben redoblar sus esfuerzos para garantizar el retorno, sin peligro y sin discriminación, de las personas desplazadas.”
Ahora que la guerra pierde fuerza, Amnistía Internacional pide que las investigaciones sobre la conducta de todas las partes durante las hostilidades sean una prioridad.
“Sin verdad y sin rendición de cuentas no puede haber reconciliación, ni tampoco paz duradera.”
En un informe publicado hoy, Civilians in the line of fire: The Georgia-Russia conflict, Amnistía Internacional afirma que las pruebas e indicios que ha reunido indican sólidamente que todas las partes del conflicto cometieron graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Entre el 7-8 y el 13 de agosto se bombardearon pueblos y zonas residenciales, e incluso, según los informes, se lanzaron bombas contra civiles que huían. El total de civiles muertos es muy superior al de combatientes, y en toda la zona de conflicto se dañaron o destruyeron casas, hospitales, escuelas y otros puntales de la vida civil.
En su momento de máxima intensidad, el conflicto desplazó a casi 200.000 personas, y ahora que la intensidad disminuye ha dejado como legado el desplazamiento a largo plazo de decenas de miles de personas que no pueden regresar a sus casas ni tienen perspectivas de poder hacerlo en un futuro próximo.
En zonas habitadas de Georgia y Rusia y en las cercanías de esas zonas se lanzaron bombas de racimo que causaron numerosas bajas civiles y contaminaron grandes extensiones de tierra con explosivos no detonados. Esos explosivos siguen constituyendo un peligro para los civiles que regresan a sus casas después del conflicto.
“Georgianos y rusos se han acusado mutuamente de crímenes de guerra por su conducta durante el conflicto. Es fundamental que todas las partes investiguen de manera exhaustiva e imparcial esas graves denuncias. De ser ciertas, los responsables deben comparecer ante la justicia”, ha manifestado Nicola Duckworth.
Ante los relatos contradictorios y las recriminaciones mutuas de las autoridades tanto georgianas como rusas, Amnistía Internacional pide a ambas partes que pidan que la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta lleve a cabo una investigación e informe públicamente de sus resultados. Información complementaria El informe de Amnistía Internacional se basa en varias visitas de investigación realizadas a las principales áreas de conflicto desde agosto hasta octubre de 2008, así como en entrevistas con víctimas y en correspondencia con las autoridades pertinentes de Georgia y Rusia y con el gobierno de hecho de Osetia del Sur. La Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta es un órgano permanente de expertos establecido por el artículo 90 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra para investigar las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario. Rusia, al ratificar el Protocolo I (en 1989), realizó una declaración en virtud del artículo 90 por la que autorizaba a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta a investigar cualquier conflicto que pudiera surgir entre su país y otro Estado que hubiera realizado esa misma declaración. Georgia no la ha realizado.
Para que la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta lleve a cabo una investigación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 90, tanto Georgia como Rusia deben aceptar su competencia y pedirle que investigue las violaciones cometidas en este conflicto específico. El consentimiento a dicha investigación puede limitarse a este conflicto específico, y no constituiría una aceptación permanente de la competencia de la Comisión. Las investigaciones de la Comisión las lleva a cabo una sala compuesta por cinco de sus miembros y dos miembros adicionales ad hoc. (Cada una de las partes del conflicto designa a uno de los miembros ad hoc.)
