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Debe liberarse a Iván Fernández, preso de conciencia

© Particular

Las autoridades de Cuba deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a Iván Fernández  Depestre, un activista político encarcelado únicamente a causa de sus opiniones políticas, ha afirmado Amnistía Internacional al tiempo que lo declaraba preso de conciencia. Este activista político, de 40 años de edad, fue detenido el 30 de julio en la provincia de Santa Clara, en el centro de Cuba, mientras participaba pacíficamente en un acto público para conmemorar el aniversario del la muerte del héroe nacional cubano Frank País. “Iván Fernández Depestre está detenido sólo porque sostiene opiniones contrarias a las de las autoridades cubanas. Debe ser puesto en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha afirmado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional. Iván Fernández Depestre fue acusado formalmente de “estado peligroso”, medida preventiva que se define como “la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos”, tras ser acusado de “reunirse con personas antisociales”. No tuvo acceso a un abogado durante su juicio y fue condenado a tres años de cárcel el 2 de agosto. Actualmente se encuentra en huelga de hambre. “Las autoridades cubanas parecen estar utilizando todas las estratagemas imaginables para castigar a quienes se atreven a hablar sin rodeos de los derechos humanos. Incluso están utilizando una ley que castiga posibles delitos a causa de ‘conducta antisocial’ para encarcelar a disidentes políticos, periodistas independientes y detractores del gobierno”, ha afirmado Javier Zúñiga. “Es un triste reflejo de la situación del Estado de derecho en Cuba, cuando la gente es condenada apenas de cárcel no por lo que hace sino por lo que podría hacer.” El 4 de septiembre, activistas locales fueron detenidos tras acudir a reunirse con Iván Fernández Depestre en la prisión de Guamajal. Quedaron en libertad más tarde. Los artículos 78 a 84 del Código Penal cubano establecen que las personas declaradas culpables de “especial proclividad [...] para cometer delitos” pueden ser condenadas a entre uno y cuatro años de reeducación en un “establecimiento especializado de trabajo o de estudio” o entregadas a “un colectivo de trabajo”.

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