La decisión de la Corte Constitucional de Colombia de rechazar la reforma de la justicia penal militar del país constituye un revés para los intentos del gobierno de impedir el escrutinio de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, ha manifestado Amnistía Internacional. Las nuevas reformas hubieran permitido eludir la acción de la justicia a los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables penalmente de violaciones de derechos humanos. “El gobierno ha expresado reiteradamente su compromiso con la lucha contra la impunidad, pero esta reforma hubiera exacerbado el ya elevadísimo grado de impunidad existente en Colombia”, ha señalado Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia. La reforma de la justicia penal militar aumentaba considerablemente las atribuciones de las fuerzas de seguridad para redefinir los delitos de manera que pudieran enjuiciarse ante tribunales militares en vez de civiles. “A lo largo de los 50 años de conflicto, los tribunales militares han desempeñado una función central en la protección sistemática de los miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos y la reforma lo hubiera hecho aún más difícil hacer rendir cuentas a los miembros de las fuerzas armadas y la policía sospechosos de tales delitos”, ha explicado Marcelo Pollack. La máxima instancia judicial de Colombia declaró ayer que la reforma de la justicia penal militar propuesta por el gobierno es inconstitucional, sin bien por cuestiones de procedimiento. El gobierno tendrá que presentar de nuevo la reforma al Congreso si quiere que se convierta en ley. “Si el gobierno quiere en verdad llevar ante la justicia a quienes sean presuntamente responsables penalmente de violaciones graves de derechos humanos no debe intentar presentar de nuevo la reforma”, ha añadido Marcelo Pollack. Toda medida adoptada por el gobierno colombiano para ampliar el alcance de la justicia penal militar constituye un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la realización de investigaciones criminales plenas e imparciales de las violaciones de derechos humanos. Va también en contra de las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos.
