Londres.- Amnistía Internacional ha condenado los esfuerzos del sistema de justicia militar para hacerse cargo de la investigación penal contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, procesado actualmente en la jurisdicción civil por su presunta participación en la desaparición forzada de 11 personas en 1985.
Luis Alfonso Plazas fue detenido en julio de 2007 en relación con las desapariciones que se produjeron durante el asalto militar al Palacio de Justicia de Bogotá realizado en noviembre de 1985 para liberar a los rehenes que había tomado en su interior el grupo guerrillero M-19. En el asalto murieron más de 100 personas, entre ellos 12 jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El 23 de enero un juez civil decidirá si acepta o no la solicitud formulada por el sistema de justicia militar. Si es rechazada, el Consejo Superior de la Judicatura tendrá la última palabra sobre qué institución tiene competencia sobre el caso.
"El sistema de justicia militar ha sido clave para garantizar que la impunidad sigue siendo una característica distintiva del largo conflicto interno que afecta a Colombia”, ha declarado Marcelo Pollack, investigador de Colombia de Amnistía Internacional.
“Los tribunales civiles no deben acceder bajo ninguna circunstancia a entregar la responsabilidad de este caso a sus homólogos militares.”
En 1997, la Corte Constitucional de Colombia resolvió que todos los casos en los que estuvieran implicadas las fuerzas de seguridad en abusos graves contra los derechos humanos debían ser investigados por el sistema de justicia civil. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han hecho reiterados llamamientos similares.
