La sentencia de apelación del activista de derechos humanos bahreiní Nabeel Rajab, que confirma su condena de seis meses de cárcel por insultar a instituciones gubernamentales en Twitter, demuestra el total desprecio de las autoridades bahreiníes respecto al derecho a la libertad de expresión. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. “La sentencia de hoy muestra una vez más que Bahréin burla descaradamente sus obligaciones internacionales. Nabeel Rajab ha sido condenado exclusivamente por expresar de forma pacífica sus opiniones. Las autoridades bahreiníes deben ponerlo en libertad de manera inmediata e incondicional y deben garantizar que se anula su declaración de culpabilidad”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Las autoridades de Bahréin han manifestado su indignación por las críticas contra su historial de derechos humanos y han afirmado que, en los últimos años, han introducido una serie de reformas. Sin embargo, este caso demuestra una vez más que estas reformas son poco más que papel mojado. Bahréin sigue siendo un país en el que el ejercicio de la libertad de expresión se trata como un delito.” Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, fue condenado inicialmente a seis meses de prisión el 20 de enero por “insultar públicamente a instituciones oficiales”, en concreto a los ministerios del Interior y de Defensa, en Twitter, tras publicar comentarios que sugerían que las agencias de seguridad de Bahréin pueden haber actuado como “incubadoras de ideologías extremistas” para los bahreiníes que viajan a Irak y Siria para unirse al autodenominado Estado Islámico. Amnistía Internacional pide a las autoridades de Bahréin que respeten y defiendan el derecho a la libertad de expresión, que deroguen las leyes que criminalizan el ejercicio pacífico del derecho la libertad de expresión, asociación y reunión y que pongan a Nabeel Rajab en libertad inmediata e incondicional. Nabeel Rajab se enfrenta asimismo a cargos adicionales en un caso diferente relacionado con unos comentarios que, al parecer, publicó en Twitter o retuiteó sobre la guerra de Yemen y los sucesos ocurridos en la prisión de Jaw tras una huelga penitenciaria el 10 de marzo. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión.
