Las autoridades mexicanas no cumplen con su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos frente a los homicidios y al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas, ha advertido hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe. El informe, titulado Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, describe más de 15 casos de defensores que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor.
“Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”, ha dicho Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional. “Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor o defensora de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja este defensor”.
Amnistía Internacional considera que hay decenas de casos de este tipo, que muy pocos se investigan eficazmente y que aún menos se llevan ante la justicia. En ninguno de los incluidos en el informe se ha llevado a cabo una investigación completa, y sólo en dos de ellos se ha detenido a algún sospechoso.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos actúan para proteger y promover los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de proteger a estas personas y de garantizar que pueden desempeñar su trabajo.
Los y las activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades que viven en la pobreza, los que defienden los derechos de los pueblos indígenas o trabajan para proteger el medio ambiente corren especial riesgo de ser atacados. Se considera que su trabajo interfiere con poderosos intereses políticos o económicos. Con mucha frecuencia se los ve como personas que ocasionan problemas, no defensores de los derechos humanos que trabajan por una sociedad mejor donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad. Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, estado del sur de México, ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998. La campaña de intimidación contra ella se agravó tanto en los últimos años que el miedo obligó a Obtilia y su familia a huir de su comunidad. Por ejemplo, en enero de 2009, un hombre que la había seguido en varias ocasiones le gritó: “Qué, ¿te sientes muy valiente? ¿Eres una verdadera mujer? Ojalá tu también te vayas a la cárcel […] si no te vas a la cárcel, te vamos a matar”. Ninguna de las amenazas ni de los actos de intimidación contra ella han sido investigados. Otro caso fue el de Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense (FCS), quien fue encontrado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió por poco a un intento de asesinato. “El gobierno mexicano debe desarrollar urgentemente un programa eficaz e integral de protección para los defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha dicho Nancy Tapias Torrado.
