Amnistía Internacional ha solicitado una reunión con el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el fin de abordar ocho medidas esenciales para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos en España, en el marco del Plan de Acción por la Democracia presentado el 17 de septiembre del pasado año por el Gobierno y en que apenas se han producido avances.
"Estamos en un momento decisivo para el derecho internacional. Gobiernos como el de Trump en Estados Unidos, el de Orbán en Hungría o el de Meloni en Italia, sin olvidar el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza, y actores empresariales con gran poder e influencia, incluyendo a quienes están al mando de las nuevas tecnologías y algunas redes sociales, infringen flagrantemente las normas establecidas , desprecian los derechos humanos y amenazan al sistema multilateral” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía internacional en España.
“En este contexto internacional, con la crispación política actual en España y en el mundo, y el futuro incierto que nos espera, el Gobierno tiene una oportunidad única para posicionarse como el defensor de la democracia, la transparencia y los derechos humanos. Para ello, debe llevar a cabo reformas con celeridad y determinación. El escudo legislativo que propone Amnistía Internacional es la mejor defensa ante el ataque que estamos presenciando”, concluye Beltrán.
Un escudo legislativo con ocho medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos
Estas son las ocho propuestas concretas para reforzar la democracia y garantizar una mayor protección de los derechos humanos en España que sugiere Amnistía Internacional. Entre las cuestiones prioritarias, la organización insta al Gobierno y a los grupos parlamentarios a abordar de manera urgente reformas legislativas y medidas clave, como:
Adopción de una nueva Ley de Secretos Oficiales. Actualmente, esta legislación impide el acceso a información crucial sobre violaciones de derechos humanos, como los crímenes del franquismo o la venta de armas a países involucrados en conflictos. En el pleno del 27 de febrero el Presidente del Gobierno aseguró que se reformaría antes de finalizar esta legislatura.
Modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana: conocida como 'Ley Mordaza', la organización ha documentado numerosos casos de vulneraciones de derechos por culpa de esta ley y espera que, diez años después de su aprobación, y después de varios intentos y anuncios, se reforme de una vez por todas para garantizar la protección del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.
Reforma del Código Penal. Amnistía Internacional celebra los avances en la protección de la libertad de expresión, pero subraya la necesidad de revisar disposiciones que restringen indebidamente este derecho, como los artículos que sancionan la blasfemia, el enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la corona. Son varias las personas, usuarias de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho, artistas musicales o más recientemente el humorista Héctor de Miguel, Quequé o el activista antirracista Youssef M. Ouled, que sufren procesos judiciales actualmente por este motivo. Igualmente es necesario que se materialice ya la reforma que está en tramitación en el Congreso de los Diputados.
Supervisión del espionaje. La organización pide que se detenga el uso, la venta y la transferencia de la tecnología de vigilancia, como el software espía Pegasus para impedir que se produzcan nuevos abusos contra los derechos humanos. También pide la reforma la ley del CNI con el fin de permitir un mejor control judicial de las actividades de los servicios secretos españoles, así como una mayor colaboración e impulso por parte de la Fiscalía en los procesos judiciales abiertos para la investigación de los casos de espionaje que se han producido en España.
Directiva europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Esta directiva es fundamental para proteger los derechos humanos y para avanzar en los objetivos climáticos de la UE. Sin embargo, la propuesta Ómnibus de la Comisión Europea amenaza su propia esencia y objetivos. El Gobierno debe cuestionarla en el Consejo de la UE y comprometerse a salvaguardar esta legislación. También debe continuar con la transposición ya iniciada para seguir mostrando un compromiso con lo alcanzado.
Creación de un mecanismo independiente de supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La organización solicita que se establezca un mecanismo adecuado de investigación de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, así como de rendición de cuentas de la actividad policial, con personal competente, imparcial e independiente de los presuntos autores. En particular, la organización pide que se este mecanismo con independencia política y funcional, esté dotado de la financiación adecuada, legitimación institucional, poderes de acceso a la información y facultades proactivas de revisión de patrones de conductas indebidas cometidas por funcionarios(as) policiales, así como la facultad de obtener una respuesta obligatoria y motivada por parte de las autoridades involucradas a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
Estrategia Nacional de lucha contra campañas de desinformación. Amnistía Internacional pide la creación de una nueva comisión en el Congreso que establezca esta estrategia tal y como anunció el Gobierno el 28 de enero pasado.
Compromiso con la Corte Penal Internacional. La organización reclama al Gobierno que demuestre este compromiso con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedebe restablecer, sin restricciones o limitaciones indebidas, el principio de jurisdicción universal sobre los crímenes de derecho internacional investigando y enjuiciando a las personas sospechosas de haberlos cometido ante tribunales nacionales, con independencia del lugar donde se cometieron o de la nacionalidad del acusado o de la víctima.
Amnistía Internacional espera que el Gobierno tome nota de estas propuestas y garantice su implementación en la actual legislatura.
Información adicional
El Plan del Gobierno se presentó el 17 de septiembre pasado para blindar derechos como el acceso a la información, la participación política y la protección de la libertad de expresión. Sin embargo, aún no ha habido avances sustanciales y son necesarias las reformas mencionadas anteriormente para garantizar una mayor protección de los derechos humanos en España.
