Mientras el Grupo empresarial CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.) inaugura este año una primera línea del Tren Ligero que conecta Jerusalén Occidental con asentamientos israelíes ilegales en Jerusalén Oriental y espera beneficiarse de la construcción y equipamiento de la línea, incluyendo el mantenimiento, por un periodo de 15 a 25 años, el Gobierno de Israel comete actos de genocidio en Gaza y la situación de los derechos humanos se agrava en Cisjordania.
Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, perpetrados por Hamás y otros grupos armados palestinos en el sur de Israel, en la Cisjordania ocupada han tenido lugar homicidios ilegítimos por parte del ejército israelí y ha aumentado la violencia contra la población palestina por parte de los colonos respaldados por el Gobierno, así como los desplazamientos forzados de decenas de miles de personas palestinas, y la destrucción de casas y de infraestructuras civiles en los campos de refugiados de Yenín y Tulkarem. A ello se une la expansión de los asentamientos ilegales a un ritmo sin precedentes.
El proyecto Jerusalem Light Rail (JLR), en el que participa el Grupo CAF, contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel. Se trata de un proyecto declarado ilegal por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2016 y 2017 al considerar que “viola claramente el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU”. Un proyecto que desoye a la Corte Internacional de Justicia, que ha declarado ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, señalando en su opinión consultiva de 19 de julio de 2024 que los Estados están obligados a abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en relación con el Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo que puedan consolidar su presencia ilegal en el territorio.
¿Por qué CAF omite este escenario internacional de obligaciones jurídicas en el ámbito de relaciones económicas en el Territorio Palestino Ocupado?, es una de las preguntas que ha realizado Sofía García Arana, activista de Amnistía Internacional, en la Junta de CAF celebrada en la localidad guipuzcoana de Beasain.
En sus informes de sostenibilidad, CAF, asumiendo el lenguaje del Estado de Israel, señala que “el proyecto del tren ligero se encuentra en territorios que son objeto de controversia política”, mantiene que “la actividad de la empresa respetará los límites impuestos por las restricciones de la UE y otros organismos internacionales” y asegura que “no se ha detectado ninguna vulneración de derechos humanos derivada de la participación del grupo CAF en ningún proyecto”. Para Amnistía Internacional esto es una muestra patente de que la empresa continúa obviando las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la posición de la Unión Europea, que consideran ilegales los asentamientos.
¿Por qué CAF obvia sistemáticamente en su actividad y sus informes la ilegalidad del contexto en el que opera?, es la pregunta que ha planteado en la Junta de CAF Cecilia Denis, también activista de Amnistía Internacional.
En Gaza, son ya más de 55.000 personas palestinas muertas a manos del ejército israelí, de ellas más de 17.000 niños y niñas y 1'9 millones de personas han sido desplazadas forzosamente y están siendo sometidas a una hambruna. Amnistía Internacional ha encontrado indicios suficientes para concluir que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza, al tiempo que ha documentado cómo la situación en Cisjordania está empeorando.
Petición de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional ha venido pidiendo, de manera reiterada, a los y las accionistas, especialmente a accionistas de referencia como el Gobierno Vasco, Kutxabank y Mayoral, que reclamen a CAF el cumplimiento de sus responsabilidades de derechos humanos y la consecuente retirada responsable del proyecto y de cualquier licitación impulsada por el Gobierno de Israel en el Territorio Palestino Ocupado.
Información de contexto
El proyecto de Línea Roja y Verde está valorado en 1.800 millones de euros, de los que CAF se quedaría con algo más de 500 millones por construcción y equipamiento, a los que habría que sumar los que deriven del 50% de su participación en la sociedad que gestionará la actividad de operación y mantenimiento de las dos líneas y cuyo volumen de negocio se estima en unos 1.000 millones
La empresa CAF ganó la adjudicación de este proyecto en 2019, en consorcio con la constructora israelí Shapir. Los 28 kilómetros de vía planeados conectan el territorio de Israel con asentamientos ilegales en Jerusalén Oriental, un territorio ocupado en 1980, cuya anexión no es reconocida por Naciones Unidas ni por la Unión europea.
La socia de CAF en el consorcio, la empresa israelí Shapir, está incluida en la lista que elabora Naciones Unidas con aquellas compañías que operan en los asentamientos ilegales israelíes con actividades que plantean “especial preocupación” por contribuir y beneficiarse de las violaciones de derechos humanos de la población palestina.
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