Cuando se cumplen 30 años del genocidio de 1994 en Ruanda que costó más de 800.000 vidas, aún cobra más valor la advertencia de Amnistía Internacional en el 25º aniversario: la peligrosa tendencia global hacia políticas divisivas y cargadas de odio refleja que los dirigentes mundiales han hecho caso omiso de aquellas terribles lecciones.
Antecedentes del genocidio de Ruanda
En 1959, tres años antes de la independencia de Bélgica, el grupo étnico mayoritario, hutus, derrocó al rey gobernante tutsi. En los años siguientes, miles de personas tutsis fueron asesinadas, y unas 150.000 fueron expulsadas al exilio en los países vecinos.
Los hijos de los exiliados tutsis en Uganda formaron en 1987 un grupo rebelde, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), y en 1990 comenzaron una guerra contra el gobierno hutu. Las tensiones étnicas, heredadas en buena parte del sistema de castas impuesto por el imperialismo belga que favorecía a la minoría tutsi, se agravaron cuando al conflicto armado se le sumó la crisis política y económica.
El gobierno ruandés pidió entonces la colaboración de sus seguidores para que atacaran a cualquier persona identificada como simpatizante o posible simpatizante del FPR, lo que se convirtió en una estrategia deliberada para matar tutsis y conservar el poder.
“El genocidio fue planificado. Las máximas autoridades toleraron las matanzas sistemáticas de tutsis y los ataques contra las personas hutus que se opusieron”
En ese contexto tan conflictivo, el 6 de abril de 1994 fue derribado sobre Kigali, la capital de Ruanda, el avión en el que viajaban el presidente ruandés Juvénal Habyarimana y el burundés Cyprien Ntaryamira, un suceso que dejaría paso a matanzas étnicas en una escala sin precedentes.
El 7 de abril, radicales hutus toman el poder, y el nuevo gobierno proporciona instrucción y reparte armas, incluidos machetes, a sus seguidores del Movimiento Nacional Republicano para la Democracia y el Desarrollo (MNRD) y de su organización extremista juvenil, los Interahamwe (“los que atacan juntos”), y también a su aliada Coalición para la Defensa de la República y sus juventudes.
El genocidio fue planificado. El gobierno provisional hutu exacerbó las tensiones existentes, demonizó deliberadamente a la minoría tutsi e instrumentalizó el odio sembrado con el objetivo de exterminar a ese grupo étnico y mantenerse en el poder. Las máximas autoridades no sólo toleraron esas matanzas sistemáticas de tutsis, sino también los ataques a hutus que se opusieron.
Archivos no públicos del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) sobre los niños que fueron separados de sus familias durante el genocidio de Ruanda en 1994. © Roman Deckert
800.000 muertes en 100 días
El genocidio se prolongaría durante 100 días entre abril y julio, y costaría la vida a más de 800.000 personas (el 75% de la población tutsi y miles de hutus moderados que se opusieron a las masacres). En las matanzas participaron soldados, policías, milicianos interahamwe y ciudadanos. Y el terrible balance podría llegar a un millón de muertes si se suman los homicidios de represalia perpetrados por el Ejército Patriótico Ruandés que, hasta julio de 1994, había sido el brazo armado del FPR y pasó a ser el nuevo ejército del país.
El genocidio terminó en julio de 1994 cuando el Frente Patriótico Ruandés, dirigido por el ahora presidente Paul Kagame, derrotó al ejército y las milicias hutu y estableció un gobierno de unidad nacional bajo su liderazgo. El FPR sigue en el poder en la actualidad, y el presidente Kagame tiene intención de presentarse a un cuarto mandato en las elecciones del próximo 15 de julio. Lleva ya 24 años en la jefatura del Estado, y tras sacar adelante una polémica reforma constitucional que le permitió obtener su actual tercer mandato, podría gobernar hasta 2034.
El Memorial del genocidio de Ntarama es un espacio conmemorativo situado en Ntarama, en una antigua iglesia católica, donde fueron asesinadas 5.000 personas durante el genocidio de Ruanda. © Dave Proffer, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Retrato del genocidio de Ruanda
Amnistía Internacional encontró pruebas de genocidio ya en sus investigaciones iniciales en el mismo año 1994, y reclamó medidas inmediatas a los órganos pertinentes de Naciones Unidas.
En abril y mayo, la mayoría de matanzas fueron cometidas por seguidores del anterior partido gobernante, el MNRD y de su sector juvenil Interahamwe. También participaron militantes de la Coalición para la Defensa de la República (CDR), partido hutu aliado del MNRD, y de su sector juvenil Impuzamugambi ("los que tienen la misma meta"). Horas después de la muerte del presidente Habyarimana, seguidores del MNRD y de la CDR salieron a la caza de tutsis, así como de aquellos hutus partidarios del reparto de poder con los tutsis.
“Los tutsis en general se convirtieron en sinónimo de enemigos”
Las primeras víctimas en Kigali fueron los líderes de la oposición, activistas de derechos humanos y personalidades tutsis. Ser identificado como tutsi, o incluso confundido con un tutsi, implicaba la ejecución sumaria inmediata. Las matanzas, que al principio afectaban a tutsis sospechosos de apoyar al FPR, se extenderían a tutsis de ambos sexos y de todas las edades.
A primeros de abril de 1994, las autoridades hutus ya habían armado y preparado psicológicamente a sus seguidores para llevar a cabo las matanzas. Desde 1990 insistían en que el FPR estaba luchando para reinstaurar una monarquía tutsi, derrocada en 1959, y para arrebatar sus tierras a la población hutu. Los tutsis en general se convirtieron en sinónimo de enemigos y sufrieron ataques por el simple hecho de pertenecer al mismo grupo étnico que la mayoría de rebeldes del FPR.
Sala del Centro Conmemorativo del Genocidio de Kigali (Ruanda). © Michael Kappeler/dpa
Amnistía Internacional también recibió informes sobre muertes de partidarios del gobierno a manos de combatientes del Ejército Patriótico Ruandés, el nuevo ejército de Ruanda, que hasta julio de 1994 había sido el brazo armado del FPR. Otros informes señalaban que a seguidores civiles del FPR se les permitió matar a adversarios. Y aunque estos crímenes no sean comparables con la escala de las matanzas cometidas por las fuerzas leales al anterior gobierno entre abril y julio de 1994, Amnistía advirtió de que ello no debía impedir que se conociera la verdad ni que se tomaran medidas urgentes para procesar a sus responsables.
Violencia sexual, una de las armas del genocidio
La violencia sexual contra las mujeres y niñas fue parte central de la estrategia genocida, que pretendía así humillar a toda la población tutsi. El cuerpo de la mujer es entendido en Ruanda como parte de la sociedad o familia, y al agredirlo, la deshonra pasa de la víctima a toda su comunidad.
En 1996, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU calculó que durante el genocidio se cometieron entre 250.000 y 500.000 violaciones, muchas de ellas en las barricadas levantadas por las milicias de jóvenes Interahamwe. Gran parte de las víctimas fueron posteriormente ejecutadas, y el genocidio se extendería incluso a muchos de los 5.000 bebés nacidos como fruto de esas agresiones sexuales.
Las mujeres y niñas sufrieron múltiples formas de violencia relacionadas específicamente con su género: violación, mutilación genital, amputación de pechos, esclavitud sexual, aborto forzado, matrimonio forzado... Algunas murieron o sufrieron graves heridas al recibir disparos en sus genitales o al serles introducidas flechas, lanzas u otros objetos.
Karongi-Kibuye, en la Ruanda Occidental, conmemora el genocidio de Ruanda de 1994. © Diego Tirira
“Se calcula que durante el genocidio se cometieron entre 250.000 y 500.000 violaciones. Gran parte de las víctimas fueron posteriormente ejecutadas. Nacieron unos 5.000 bebés como fruto de esas agresiones sexuales.”
En el caso de las mujeres tutsis, sus genitales a menudo se cortaban y exhibían, y algunos testimonios femeninos señalaron haber visto a milicianos y soldados violando cadáveres. Algunas veces, los asaltantes mutilaban o cortaban miembros considerados característicos de las mujeres tutsis, como dedos finos o narices largas. Además, hubo esposas hutus de hombres tutsis que sufrieron actos brutales; violencia que alcanzó también a mujeres hutus moderadas que trataban de proteger a tutsis, así como a mujeres y niñas hutus a las que encontraban algún parecido con la etnia tutsi.
También el Ejército Patriótico Ruandés cometió actos de violencia sexual durante su avance militar, a veces como represalia contra la población hutu. Y todavía una década después, ya bajo gobierno del FPR, Amnistía Internacional constató que miembros de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, las fuerzas de seguridad y las milicias seguían cometiendo delitos sexuales y forzando a mujeres al matrimonio. Aunque algunas veces se denunciaron estas agresiones, casi nunca fueron objeto de actuaciones judiciales.
Las consecuencias para las mujeres y para la sociedad fueron terribles. Según cálculos de la Asociación de Viudas del Genocidio (AVEGA) casi el 70%de las mujeres violadas durante el genocidio contrajeron el VIH, y el trauma psicológico acompañó durante años y años al 80,9% de las que sobrevivieron. En un contexto social de pobreza y desnutrición, la muerte por enfermedades relacionadas con el VIH/sida acecha a las mujeres con dificultades para acceder a la asistencia médica (apenas el 28% de hogares ruandeses afectados por esa enfermedad puede costeársela), y su fallecimiento suele dejar en la indigencia a sus hijas e hijos, cuyo horizonte vital oscila entre la venta ambulante y el sinhogarismo, con serio riesgo de sufrir violaciones o prostituirse para conseguir comida o dinero.
Las ropas de las víctimas de la masacre en la iglesia de Nyamata durante el genocidio de 1994 están apiladas como recordatorio. Alrededor de 45.000 personas están enterradas allí en fosas comunes, alrededor de 10.000 de ellas fueron masacradas en la iglesia y sus alrededores. © Jesko Johannsen/dpa
Pasividad cómplice internacional durante el genocidio de Ruanda
La comunidad internacional y sus organismos de derechos humanos también tuvieron -por omisión y por mirar hacia otro lado- su cuota de responsabilidad en el genocidio. En el caso de la ONU, algunos soldados de sus fuerzas de mantenimiento de la paz en Ruanda perdieron la vida tratando de defender a las víctimas, pero, en lugar de enviarles refuerzos, el Consejo de Seguridad aprobó el 21 de abril de 1994 reducir la misión de 2.500 soldados a 270.
Mal adiestrada y pertrechada, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR) era una operación tradicional de mantenimiento de la paz. Su mandato no incluía la prevención de un posible genocidio, y se limitaba a respaldar la aplicación del Acuerdo de Paz de Arusha firmado en 1993 que debía conducir a un gobierno de transición de base amplia. Cuando salieron a la luz las proporciones de la matanza, el Consejo de Seguridad autorizó a mediados de mayo la ampliación de la misión hasta un máximo de 5.500 efectivos, aunque fueron pocos los que llegaron antes del término de la masacre.
“La ONU consintió las matanzas durante semanas. En 2014, 20 años después, reconocieron públicamente su tardía intervención y emitieron una disculpa internacional a las víctimas”
Lejos de intervenir en el conflicto para apaciguarlo, la ONU consintió las matanzas durante semanas, y sólo en junio recibieron las tropas francesas permiso para establecer un área segura para los refugiados, la “zona turquesa”, en la que protegieron a más de 6.000 personas. Meses después, el 8 de noviembre de 1994, las Naciones Unidas establecieron el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) para juzgar a los responsables del genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en territorio ruandés entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994; también podía juzgar a ciudadanos ruandeses acusados de tales crímenes en países vecinos.
En 1994, Naciones Unidas inició un proceso de autoexamen crítico para entender los errores cometidos y prevenir futuros genocidios. El 20 de febrero de 2004, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recordó que "los acontecimientos ocurridos en Ruanda hace diez años son particularmente vergonzantes. Evidentemente, la comunidad internacional tenía capacidad para prevenirlos, pero no supo complementarla con la voluntad necesaria". El 16 de abril de 2014, 20 años después del genocidio, Naciones Unidas reconocería públicamente su tardía intervención y emitiría una disculpa internacional a las víctimas.
Esposas sujetas a los barrotes de una prisión no identificada en Ruanda. La imagen es una captura del vídeo filmado durante las misiones de Amnistía Internacional. La organización envió investigadores al país para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el genocidio que tuvo lugar en 1994. © Amnesty International
Responsabilidad de Francia y Bélgica
En el tablero internacional de la época, Estados Unidos se mostraba reticente a participar en misiones de la ONU en las que sus intereses no se vieran directamente afectados. Y tampoco pusieron mucho empeño países como Francia y Bélgica, cuya negativa a la intervención directa estaba influida por sus intereses políticos y económicos.
En el caso de Francia, un informe de casi mil páginas encargado por el Elíseo a una comisión de expertos y elaborado durante dos años a partir de archivos oficiales, concluyó en marzo de 2021 que París tuvo "responsabilidades, fuertes y abrumadoras", al implicarse durante "largo tiempo al lado de un régimen que alentaba las masacres racistas". El documento reprochó al presidente Mitterrand –amigo personal del entonces jefe del estado ruandés Juvenal Habyarimana– y a su gobierno que fueran incapaces de percibir los preparativos evidentes de lo que se estaba fraguando. "Francia se volvió ciega ante la preparación de un genocidio", apostilló.
De todos modos, el informe consideró que "ningún documento muestra" la complicidad del Estado francés en el genocidio. El propio Macron remarcaría esta idea en su histórica visita de Estado a Kigali en mayo de 2021, donde pronunció un solemne discurso ante el Monumento del Genocidio donde se guardan los restos de 250.000 víctimas, en el que admitió la "responsabilidad" francesa en el genocidio de 1994, pero negó cualquier complicidad en las matanzas.
“Macron pronunció en Kigali un discurso en mayo de 2021 reconociendo la responsabilidad francesa en el genocidio de 1994 pero negando cualquier complicidad en las matanzas”
Al convertirse Francia en el foco de atención, la responsabilidad de Bélgica en el genocidio ruandés pasó a segundo plano, pese a haber administrado el país africano entre 1920 y 1962 y haber dejado su 'sello discriminatorio' al apoyar su gestión en las estructuras locales basadas en un poder feudal de derecho divino dominado por el mwami (soberano). El otro punto de apoyo fueron los misioneros católicos, muchos de ellos impregnados de ideologías raciales, que impusieron las 'categorías étnicas' e implementaron políticas de discriminación que complicaron las relaciones entre la población ruandesa. Los notables tutsis, convencidos de la superioridad que les atribuían los colonizadores, se convirtieron en transmisores del poder colonial y sometieron a los hutus a cargas cada vez más pesadas que llegaron a provocar hambrunas. La educación, a la que sólo tenían acceso los niños tutsi, cerraba el círculo discriminatorio.
Memorial del Genocidio de Kigali, Ruanda. Muro con los nombres de las víctimas. © picture alliance / Godong | Philippe Lissac
Luz de justicia al final del túnel
La creación del TPIR en noviembre de 1994 abrió una luz de justicia reparadora al final del túnel genocida. Su mandato era enjuiciar a los principales responsables del genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en Ruanda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año. Y al margen de algunos errores de funcionamiento, sus 20 años de trabajo (1995-2015) dejaron un puñado de hitos judiciales.
Entre esos veredictos ejemplarizantes destaca el caso de Jean-Paul Akayesu, exalcalde de la comuna de Taba condenado en 1998 por nueve delitos de genocidio, incitación a cometerlo y crímenes de lesa humanidad. Fue la primera condena internacional por genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como acto constitutivo del mismo, y el tribunal concluyó que la violación y el asalto sexual constituían actos de genocidio en tanto fuesen cometidos con intención de destruir total o parcialmente al grupo destinatario. La sentencia marca también una importante evolución respecto a anteriores definiciones, ya que describe la violación como un atentado contra la integridad física, lo que la eleva a la categoría de otros delitos graves y deja atrás su tipificación como un delito menor o de carácter privado.
“La primera condena por genocidio reconocida internacionalmente fue contra Jean-Paul Akayesu e incluyó violencia sexual. El delito fue elevado a la categoría de grave dejando de ser tipificado como menor o de carácter privativo”
Otros casos destacados fueron la cadena perpetua en 1998 para el primer ministro durante el genocidio, Jean Kambanda, primera condena por ese delito a un jefe de gobierno; y la causa Medios de Información de 2003, el primer juicio desde Núremberg en examinar la función de los medios desde la justicia penal internacional. Los procesados, dos fundadores de la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas (RTLM) y el del periódico 'Kangura', fueron acusados de "incitar directa y públicamente" a la matanza de tutsis, y el tribunal rechazó que "difundir mensajes de odio o incitar a actos atroces contra otros" pudieran ampararse en la libertad de expresión.
Pero la necesidad de justicia por el genocidio excedía con mucho la capacidad del TPIR (imputó a 93 personas y condenó a 62, cuando 120.000 personas detenidas por presunta responsabilidad), y el conflicto se juzgó a tres niveles: internacional, nacional y local.
Los tribunales convencionales de Ruanda habían juzgado a mediados de 2006 a 10.000 sospechosos de genocidio, y la abolición de la pena de muerte en 2007 eliminó uno de los principales obstáculos para el traspaso a los tribunales nacionales de los casos de genocidio que tramitaba el TPIR.
En el ámbito local, el peso lo llevaron los tribunales comunitarios de justicia participativa llamados “Gacacas” (se pronuncia “ga-cha-cha“ y significa 'sobre la hierba', que era donde se juzgaba localmente en un tribunal popular), instaurados como un sistema de transición para aliviar la sobrecarga del sistema judicial y, de paso, recuperar elementos de la justicia tradicional. Aunque los supervisaba el Gobierno, sus garantías procesales eran limitadas.
En 1998, Amnistía Internacional expresó su satisfacción por las primeras sentencias dictadas por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda: "El TPIR desempeña un papel fundamental para poner fin a la impunidad y contribuir al proceso de reconciliación nacional, lo que podría dar lugar a una paz duradera en Ruanda".
Flores depositadas en el suelo en el Memorial del Genocidio de Kigali en Kigali, capital de Ruanda, el 13 de agosto de 2019. En las dos últimas décadas, Ruanda ha registrado notables avances en la unidad y la reconciliación de su pueblo. © picture alliance / Photoshot
Esfuerzos de reconciliación tras el genocidio
Una importante aportación de los tribunales gacaca fue que, al ofrecer a las personas acusadas la oportunidad de confesar sus crímenes, mostrar arrepentimiento y pedir perdón a sus conciudadanos, también proporcionaron a las víctimas un mecanismo para conocer la verdad sobre la muerte de sus familiares, con lo que contribuyeron a promover la reconciliación.
Las políticas de reconciliación han sido una preocupación obligada desde el genocidio, y quedaron simbolizadas en la implantación oficial del “Umuganda”, que significa “aunar esfuerzos en un solo propósito para lograr un resultado” y que se traduce en la prestación gratuita de servicios a la comunidad por parte de toda la ciudadanía, que protagoniza así una auténtica lucha colectiva diaria por la reconciliación nacional.
Fotografías de víctimas en el Memorial del Genocidio. © Jenny Paul
Asignaturas pendientes
El Mecanismo de los Tribunales Penales Internacionales (MTPI), establecido por el Consejo de Seguridad en diciembre de 2010, se hizo cargo de las tareas pendientes del TPIR y entró en vigor en Ruanda el 1 de julio de 2012. Su función sigue siendo necesaria para poder procesar a los últimos fugitivos perseguidos por su papel destacado en el genocidio. Todavía en mayo de 2023 fue detenido en Sudáfrica el exagente de policía Fulgence Kayishema, que llevaba 22 años huido y estaba acusado de participación directa en la planificación y ejecución de una masacre en la iglesia de Nyange. Un año antes, la fiscalía holandesa anunciaba, sin identificarlo, el arresto de un exoficial ruandés sospechoso de haber participado en la matanza de más de 30.000 civiles durante el genocidio; residía en los Países Bajos desde 1998.
Uno de los mayores problemas para el MTPI es precisamente el largo tiempo transcurrido desde 1994, como quedó patente en el juicio de 2022-2023 contra el empresario octogenario Félicien Kabuga (detenido en 2020 cerca de París tras 26 años huido), cuya riqueza e influencia política en Ruanda le permitió desempeñar un papel clave en la financiación del genocidio al prestar apoyo material, logístico, financiero y moral al grupo paramilitar Interahamwe. Su papel fue también decisivo en la transmisión del discurso de odio contra la comunidad tutsi, ya que fundó, financió y presidió Radio Télévision Libre des Mille collines (RTLM), la emisora que instaba al genocidio, incluso proporcionando ubicaciones y otros datos que alentaron o facilitaron asesinatos de tutsis. A pesar de las contundentes pruebas en contra del acusado, el tribunal de la ONU dictaminó que su enfermedad mental impedía a Kabuga participar activa y conscientemente en el proceso, por lo que sugería un procedimiento legal alternativo que se asemejara a un juicio, pero sin posibilidad de condena ni de prisión.
La mayoría de los homicidios cometidos por el Ejército Patriótico Ruandés y el Frente Patriótico Ruandés siguen sin ser juzgados, y el tema continúa siendo tabú en Ruanda. Amnistía Internacional ha advertido de que si no se investiga y procesa a las personas responsables de delitos, sean de las milicias genocidas o del actual gobierno del FPR, se seguirán violando los derechos de los ruandeses, alimentando la impunidad y creando inestabilidad a largo plazo.
El grave trauma psicológico que afecta al 81% de las supervivientes de violaciones complica la persecución judicial a sus agresores, ya que suele traducirse en resistencia y temores a denunciar. Por una parte, debido a la deshonra y humillación que sentían la víctima y su familia al reconocer públicamente las agresiones sexuales sufridas. Por otra, como consecuencia de la persecución y violencia sufrida por muchas de las mujeres que sí denunciaron.
