Israel y el Territorio Palestino Ocupado

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Israel siguió cometiendo los crímenes de genocidio y apartheid. La población de Gaza fue sometida de manera masiva a hambruna, homicidios y desplazamientos, sumados a destrucción de viviendas y otras infraestructuras de carácter civil, todo lo cual persistió a pesar de haberse firmado acuerdos de alto el fuego. En Cisjordania, la escalada de los ataques y homicidios perpetrados por los colonos y las fuerzas armadas israelíes, junto con otras violaciones de derechos humanos, provocó el traslado forzoso de la población civil afectada. Dentro de Israel se siguió sometiendo a las aldeas beduinas a demoliciones y desalojos forzosos. Las fuerzas israelíes mataron a 56 profesionales de los medios de comunicación y periodistas palestinos. Miles de personas palestinas permanecían detenidas sin cargos ni juicio, y decenas de ellas murieron tras ser sometidas a tortura y otros malos tratos. La impunidad de estos crímenes era generalizada.

Información general

El genocidio de Israel en la Franja de Gaza ocupada entró en su tercer año, dejando el territorio palestino en ruinas. La tregua acordada entre las fuerzas armadas israelíes y los grupos armados palestinos para el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 18 de marzo se rompió cuando el gobierno israelí reanudó unilateralmente las hostilidades. El 9 de septiembre, unos bombardeos aéreos israelíes sobre la capital de Qatar, Doha, alcanzaron los edificios que albergaban a una delegación negociadora de Hamás, causando la muerte a seis de sus miembros. En las semanas siguientes se acordó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. El 13 de octubre, Hamás y otros grupos armados liberaron a los 20 rehenes que quedaban aún con vida a cambio de la liberación por parte de Israel de casi 2.000 personas detenidas y presas palestinas. A pesar del alto el fuego, las fuerzas israelíes mataron a 415 gazatíes más, incluidos al menos 100 niños y niñas, según UNICEF.

A lo largo del año, el conflicto armado de Israel se extendió a otros actores regionales. El 4 de mayo, un grupo armado huzí de Yemen disparó un misil que alcanzó el aeropuerto de Ben Gurión, en el centro de Israel. Entre mayo y septiembre, las fuerzas aéreas y la armada israelí atacaron puertos, aeropuertos e infraestructuras eléctricas yemeníes (véase el apartado sobre Yemen). Tras atacar el ejército israelí objetivos iraníes el 13 de junio (véase el apartado sobre Irán), Irán lanzó misiles contra Israel, causando la muerte de 29 personas, y empleó bombas de racimo. En julio y noviembre, Israel llevó a cabo bombardeos aéreos e incursiones terrestres en el sur de Siria. Sus fuerzas siguieron lanzando ataques aéreos casi a diario en el sur de Líbano, donde mataron a más de 127 civiles, según la ACNUDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (véase el apartado sobre Líbano).

Genocidio

Israel siguió imponiendo intencionalmente condiciones de existencia que acarreaban la destrucción física de la población palestina en la Franja de Gaza.

Tras una mejora del acceso humanitario que se mantuvo del 19 de enero al 2 de marzo, el ejército israelí impuso un asedio total hasta 19 de mayo, cuando lo levantó parcialmente. El alivio del asedio no supuso la reducción de las restricciones a determinados suministros esenciales, como combustible y gas para cocinar, cuya entrada en Gaza no estuvo permitida entre el 2 de marzo y el 11 de septiembre. El 9 de marzo, las autoridades israelíes cortaron el suministro de electricidad a la última planta desalinizadora que quedaba en la Franja, lo que redujo aún más el acceso al agua. Sin combustible, los generadores eléctricos no podían suministrar energía a los equipos hospitalarios.¹ Quienes acudían a los centros de distribución de la ayuda humanitaria instalados bajo gestión israelí y estadounidense en Gaza eran objeto de ataques —que se cobraron la vida de 859 gazatíes entre finales de mayo y agosto—, mientras Israel y Estados Unidos trataban de sustituir el mecanismo de ayuda que mantenía allí la ONU por una alternativa militarizada y letal.

Más de 13.000 niños y niñas ingresaron en los hospitales por malnutrición aguda —que acarreaba secuelas de por vida— como consecuencia del bloqueo israelí de los suministros de ayuda. Según la Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria, a mediados de agosto, en la Franja de Gaza había más de medio millón de personas en situación de hambruna/catástrofe humanitaria, la fase más grave. Otros 1,07 millones se situaban en la segunda fase más grave y, 396.000 más, en la tercera, crisis aguda. Según Médicos Sin Fronteras, desde principios de mayo hasta mediados de julio casi se cuadruplicó el número de pacientes que acudían a los centros de salud de la ciudad de Gaza por malnutrición.²

Israel llevó a cabo ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil, así como ataques indiscriminados y desproporcionados contra espacios civiles abarrotados de gente, entre otros, hospitales, cafeterías, calles comerciales concurridas o escuelas que albergaban a personas internamente desplazadas. A lo largo de 2025, las fuerzas aéreas y terrestres de Israel mataron en Gaza a 26.791 personas e hirieron a otras 64.065, de las cuales el 60% eran niños y niñas, mujeres y personas mayores. Uno de los días más mortíferos fue el 18 de marzo, cuando perdieron la vida 414 gazatíes, incluidos 174 niños y niñas. El 23 de marzo, el ejército israelí atacó cinco ambulancias, matando a 15 trabajadores, incluido personal médico de la Media Luna Roja, e hiriendo a dos más. El 30 de junio, bombardeó la cafetería Al Baqa en la ciudad de Gaza, matando a 32 personas, la mayoría civiles.

Los ataques aéreos contra servicios de salud, sumados al bloqueo israelí de las entregas de ayuda esencial, incluidos materiales médicos necesarios para la atención de la salud reproductiva, tuvieron un efecto devastador en la salud de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia y en la de bebés recién nacidos y lactantes.³

El reiterado desplazamiento masivo de más del 90% de la población gazatí causó un enorme daño físico y mental. Todas las universidades y colegios universitarios de Gaza, cientos de mezquitas y tres iglesias resultaron dañados o destruidos. La mayoría de las escuelas se transformaron en refugios para personas desplazadas, aunque muchas resultaron dañadas por los bombardeos y los vehículos de demolición no tripulados israelíes.

En mayo. lo que quedaba de Juzaa, localidad de 11.000 habitantes situada en el sur,⁴ fue destruido totalmente sin que hubiera una necesidad militar imperiosa que lo justificara, al igual que ocurrió posteriormente con gran parte de la ciudad de Gaza, donde,⁵ el 5 de septiembre, Israel emprendió una campaña de destrucción de edificios residenciales y comerciales de gran altura, en la que se derribaron al menos 16 bloques de viviendas en 10 días y se arrasaron los campamentos improvisados de los alrededores. Miles de familias fueron desplazadas como consecuencia de esta destrucción. Las autoridades y las fuerzas israelíes siguieron cometiendo genocidio, incluso después de que se firmara una tregua en octubre, al continuar imponiendo intencionalmente unas condiciones de existencia que acarreaban la destrucción de la población gazatí, sin dar muestra de cambio alguno en su intención.⁶

Apartheid

Traslado forzoso

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las autoridades israelíes demolieron 1.658 edificios, con el consiguiente desplazamiento permanente de 2.116 personas palestinas, según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés). En enero, un tribunal israelí ordenó el desalojo de 27 familias de sus viviendas en Silwan, barrio de la Jerusalén Oriental ocupada, tras una causa abierta por iniciativa de una organización de colonos israelíes hacía 10 años.⁷

Se establecieron 87 nuevos puestos de avanzada, que se sumaron a los aproximadamente 371 asentamientos y puestos de avanzada ya existentes, y las autoridades israelíes autorizaron formalmente el establecimiento de 54 asentamientos, según Yesh Din, organización israelí contraria a la ocupación.

Las fuerzas israelíes permitieron que los colonos aterrorizaran impunemente a la población palestina, o los animaron a hacerlo, y, en ocasiones, se sumaron a la violencia. Los ataques expulsaron a unas 220 familias de 19 pueblos de todas las zonas de Cisjordania, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem. Las localidades de Yinba y Shib al Butum, situadas en las colinas del sur de Hebrón, en el sur de Cisjordania, sufrieron reiterados ataques, en el curso de los cuales se saquearon una escuela y una clínica.

Dentro de Israel, las autoridades israelíes demolieron unas 5.000 viviendas en aldeas beduinas del desierto del Néguev/Naqab, en el sur, según el grupo de representantes locales Comité Directivo Avanzado para la Población Árabe del Naqab. Las localidades judías en expansión eran administradas por autoridades locales distintas. Durante los meses más calurosos se demolieron más de 60 viviendas en el pueblo de Al Sir, en el noreste del Néguev/Naqab, lo que dejó sin techo a unas 1.500 personas palestinas beduinas con ciudadanía israelí o las obligó a desplazarse a viviendas inadecuadas, ubicadas en municipios sólo para población beduina y que carecían de los servicios básicos. El 12 de noviembre, el Tribunal Supremo de Israel ordenó el desplazamiento forzado en un plazo de tres meses de alrededor de 500 habitantes del pueblo de Ras Jrabah, con el fin de dejar paso a la expansión de la ciudad judía de Dimona.

Debido a las prohibiciones previstas en la Ley de Nacionalidad y Entrada en Israel (Orden Temporal), que se renovaba de manera casi continua desde 2003, seguía habiendo obstáculos discriminatorios para que miles de niños y niñas cuyos progenitores tenían condiciones jurídicas diferentes —determinadas por las autoridades israelíes— obtuvieran certificados de nacimiento y el estatus de reagrupación familiar. El 9 de mayo, la Knéset restringió aún más la reagrupación al reformar la Ley de Nacionalidad para negar o revocar la residencia en Jerusalén y la ciudadanía israelí concedidas a personas palestinas por matrimonio, ascendencia o descendencia, si cualquier miembro de su familia extensa tenía “problemas en materia de seguridad”, aunque se tratara de antecedentes penales por delitos leves.

Las autoridades israelíes siguieron impidiendo el regreso a sus hogares a la población palestina refugiada e internamente desplazada que había sido expulsada en 1948 y 1967.

Libertad de circulación

El bloqueo de Gaza entró en su decimonoveno año con restricciones cada vez mayores y se intensificó hasta convertirse en un asedio total entre el 2 de marzo y el 19 de mayo. Por tercer año consecutivo y a pesar de las peticiones presentadas ante los tribunales, las autoridades israelíes siguieron prohibiendo por completo las evacuaciones médicas de Gaza a Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, e Israel. También continuaron restringiendo drásticamente las evacuaciones médicas al extranjero. Esta situación, unida a la destrucción del sistema de salud de Gaza, ocasionó cientos de muertes evitables.

La OCHA contabilizó en Cisjordania 849 bloqueos de carreteras y puestos de control que obstruían la circulación de la población palestina entre sus pueblos y ciudades y retrasaban el acceso de los servicios de emergencia.

Homicidios ilícitos

Según la Federación Internacional de Periodistas, las fuerzas israelíes asesinaron a 56 periodistas y profesionales de medios de comunicación —más que en ningún otro país—, en algunos casos, mientras realizaban su labor informativa.

Cisjordania

El ejército israelí desplegó tanques, lanzó ataques aéreos, destruyó edificios e infraestructuras civiles e impuso amplias restricciones a la libertad de circulación con el fin de llevar a cabo operaciones de detención militarizadas en Yenín, Tulkarem, Nablús y Tubas, en el norte de Cisjordania, y en Hebrón, en el sur. Según la OCHA, un total de 240 personas palestinas, entre ellas 55 niños y niñas murieron por ataques de colonos o, en al menos 225 de los casos, de las fuerzas israelíes. El ejército de Israel también disparó contra población civil desplazada que intentaba volver a sus hogares, según testigos.⁸

Los colonos mataron al menos a nueve palestinos e hirieron como mínimo a 830, según la OCHA. El 28 de julio, el defensor de los derechos humanos Awda al Hathaleen fue asesinado en el pueblo de Umm al Jeir, en las colinas del sur de Hebrón, por un colono que quedó en libertad tras tres días de arresto domiciliario y contra el que no se presentaron cargos.⁹ La violencia de los colonos, que respaldaba el Estado y que en su mayoría quedaba impune, exacerbó el clima de hostilidad y provocó el traslado forzoso de la población civil afectada.¹⁰

Detención arbitraria

Según el grupo israelí de derechos HaMoked, al finalizar 2025 había unas 4.622 personas palestinas recluidas sin cargos ni juicio, de las cuales 3.385 estaban sometidas a órdenes de detención administrativa y 1.237 se hallaban retenidas en aplicación de la Ley de Combatientes Ilegítimos. HaMoked informó de que, además, cientos de personas de Gaza estaban recluidas en instalaciones militares sin que se hubiera abierto contra ellas ningún proceso judicial o sin estar siquiera registradas.

El doctor Hussam Abu Safiya, director del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja, continuaba recluido arbitrariamente; había sido detenido el 27 de diciembre de 2024 junto a otros miembros del personal médico mientras atendía a sus pacientes. Según su abogada, había sido golpeado y privado de comida y sueño.

Tortura y otros malos tratos

En las prisiones y centros de detención israelíes se seguía violando la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por medio de abusos como privación de medicamentos, alimentos, ropa y sueño; palizas continuas; colocación de esposas y vendas en los ojos; ataques con perros, y violaciones y otros actos de violencia sexual. Esta situación causó la muerte de al menos 98 personas palestinas detenidas entre octubre de 2023 y noviembre de 2025, según Physicians for Human Rights Israel. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura se refirió a las prácticas de Israel afirmando que revelaban la existencia “de facto de una política estatal de tortura y malos tratos organizados y generalizados”.

Los crímenes cometidos por las fuerzas armadas no se examinaban debidamente en los informes militares internos ni en las investigaciones de la procuradora general militar. El 6 de febrero, sólo uno de cinco soldados acusados por esta última de agredir a un detenido palestino en el centro de detención de Sde Teiman, en el sur de Israel, fue declarado culpable. Tras negociar la sentencia, se le impuso una pena de siete meses de prisión.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Aparte del único militar condenado por tortura (véase supra), en abril se encarceló durante siete días a otros dos soldados y a un comandante de pelotón y, en marzo, se tomaron medidas disciplinarias contra otros cuatro oficiales en relación con el saqueo de una escuela y una clínica en el pueblo cisjordano de Yinba (véase “Apartheid” supra).

Israel no llevó a cabo ninguna investigación imparcial o efectiva sobre el homicidio en marzo, a manos de la Brigada Golani, de 15 miembros de personal médico y de primera intervención (véase “Genocidio” supra).

La Comisión Internacional Independiente de Investigación, establecida por la ONU, no recibió respuesta alguna del gobierno israelí y siguió teniendo prohibida la entrada en Israel y en el Territorio Palestino Ocupado. Israel tampoco permitió la entrada en Gaza de ningún equipo de investigación independiente ni de periodistas internacionales.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó Estados Unidos y Hungría, a pesar de la orden de detención de la Corte Penal Internacional que pesaba contra él.

En septiembre venció el plazo que la Asamblea General de la ONU había dado para poner fin a la ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado, sin que Israel hubiera hecho nada al respecto.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En el contexto del aumento de la violencia en el ámbito familiar en Israel, se registró un notable incremento de los homicidios de mujeres en comparación con años anteriores, según el diario israelí Haaretz, que documentó 46 feminicidios, de los que 26 habían sido cometidos por familiares de las víctimas. Según la ONG The Abraham Initiatives, los casos de ciudadanas palestinas de Israel que eran víctimas de asesinato tenían una probabilidad cinco veces menor de resolverse que los casos de víctimas judías. En general, los asesinatos de ciudadanos y ciudadanas palestinos tenían menos de la mitad de probabilidades de resolverse que los casos en los que las víctimas eran judías.

Libertad de expresión y de reunión

Durante las protestas convocadas para expresar su oposición a los ataques de las fuerzas israelíes contra Gaza, la ciudadanía palestina y judía de Israel se enfrentó a la represión de la policía, que, en ocasiones, utilizó granadas aturdidoras y cañones de agua. Decenas de personas fueron detenidas por publicar comentarios en redes sociales sobre las acciones militares israelíes en Gaza. Según la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, el 96% de las causas incoadas a instancias de la policía por el delito de incitación previsto en la excesivamente amplia legislación antiterrorista israelí iban dirigidas contra ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel. Sin embargo, según la organización palestina 7amleh, encargada del seguimiento de los medios de comunicación, en las redes sociales había miles de publicaciones israelíes que incitaban a la violencia contra la población palestina.

Las fuerzas israelíes detuvieron y deportaron a activistas que, como muestra de solidaridad internacional, transportaron ayuda humanitaria en barco hacia Gaza en junio y septiembre. Entre las personas detenidas había defensores y defensoras de los derechos humanos, personal médico, representantes políticos y periodistas que protestaban contra el bloqueo y el genocidio perpetrado por Israel.

Objetores y objetoras de conciencia

Se encarceló a siete israelíes al negarse a servir en el ejército por su objeción de conciencia a la ocupación militar, el apartheid y el genocidio contra la población palestina. El objetor de conciencia Yuval Peleg pasó 130 días en prisión.

Pena de muerte

El 11 de noviembre, la Knéset aprobó en primera lectura una propuesta de reforma de la legislación penal que hacía preceptiva la pena de muerte para las personas declaradas culpables de asesinato “motivado por racismo u hostilidad contra una determinada población y en circunstancias en las que el acto [se hubiera] cometido con la intención de dañar al Estado de Israel o al renacimiento del pueblo judío en su tierra natal”. Si se aprobaba en segunda y tercera lectura, este proyecto de ley discriminatorio atacaría exclusivamente a la población palestina.

Derecho a un medioambiente saludable

La destrucción de los sistemas de saneamiento y eliminación de residuos en Gaza provocó el vertido de aguas residuales sin tratar y otras sustancias tóxicas que contaminaron los sistemas hídricos. Según un equipo de investigación internacional, los 32 millones de toneladas de dióxido de carbono resultantes de las actividades militares en Gaza y la reconstrucción posterior a la guerra superarían las emisiones anuales de 102 países en tiempos de paz, lo que socavaba los esfuerzos para mitigar el cambio climático.

Contenidos relacionados

Acciones

Acción

19 de marzo de 2026