Firma para exigir justicia para las víctimas de la DANA
El 29 de octubre de 2024, una DANA causó lluvias torrenciales de gran intensidad que dieron lugar a graves inundaciones que provocaron la muerte de 237 personas en las provincias de Valencia (229 de ellas), Málaga y Albacete.
La Generalitat Valenciana, responsable de la gestión de la emergencia, no proporcionó información adecuada, oportuna y accesible sobre el riesgo y medidas de seguridad. Si lo hubiera hecho, muchas personas podrían haberse protegido mejor, y se habrían podido salvar vidas.
Miles de personas recibieron la alerta cuando ya habían muerto decenas de personas y para muchas más era imposible ya ponerse a salvo. Cientos de ellas sufrieron las terribles consecuencias de una tragedia que se podía haber evitado.
Es inaceptable. Las víctimas de la DANA merecen verdad, justicia y reparación. Exigimos una investigación exhaustiva y que las autoridades responsables rindan cuentas.
Te necesitamos: firma para que tragedias como ésta no vuelvan a repetirse.
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Firma y enviaremos esta petición en tu nombre al Fiscal General del Estado.
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La gestión de la emergencia en la provincia de Valencia era responsabilidad directa e inequívoca de la Generalitat Valenciana. Le correspondía adoptar las medidas necesarias para alertar a la población y garantizar su protección, pero no reaccionó con celeridad ni proporcionó información necesaria para la protección de la población. No facilitó a los ayuntamientos la información adecuada y suficiente para evaluar el riesgo y advertir a la población. A pesar de contar con datos relevantes de diversas fuentes, las autoridades autonómicas no emitieron un aviso generalizado a tiempo, con instrucciones claras para la protección ciudadana.
Esta gestión negligente constituye una violación del derecho a la información, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la obligación del Estado de salvaguardar vidas incluye la obligación de informar adecuadamente a la población sobre cualquier emergencia potencialmente mortal. La falta de información precisa sobre la emergencia puso en riesgo a miles de personas, y constituyó una vulneración de los derechos humanos a la vida y la integridad física, al no proporcionar advertencias, avisos ni información adecuada, oportuna y accesible que pudiera haber evitado o mitigado el impacto de la catástrofe.
Por otra parte, aunque el Gobierno central tenía la facultad de asumir la dirección de la emergencia dada su dimensión y la posibilidad de una afectación a varias comunidades autónomas, como establece la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, no lo hizo. Tampoco el Gobierno autonómico solicitó esta intervención del Gobierno central, ni el Presidente de la Generalitat asumió de forma directa la dirección de la emergencia, a pesar de la magnitud de la crisis, ni siquiera cuando la situación ya se había desbordado.
La falta de coordinación entre los distintos niveles de la administración los primeros días posteriores al desastre, con una asistencia que llegó de forma desigual, dependiendo muchas veces del voluntariado local o de la autoorganización ciudadana, contribuyó a una sensación de abandono que numerosas personas han trasladado a la organización.
La rendición de cuentas y las garantías de no repetición son fundamentales en un contexto donde la crisis climática aumenta la probabilidad de desastres. El Estado tiene la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a un recurso efectivo, lo que implica verdad, justicia, reparación y medidas para evitar que estos hechos se repitan.
Además, las autoridades centrales y autonómicas deben contemplar la adopción de medidas tanto en el corto como en el largo plazo para lograr proteger a la población, y especialmente a la más vulnerable y que reside en España en zonas de riesgo como zonas inundables.
Por todo lo expuesto, Amnistía Internacional recomienda a la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana:
• Impulsar y apoyar el desarrollo de investigaciones penales exhaustivas, efectivas y transparentes sobre las causas y las circunstancias que provocaron la enorme pérdida de vidas humanas como consecuencia de las inundaciones en la provincia de Valencia, entre otras cosas examinando si las autoridades no protegieron los derechos de las personas a la vida, la salud y otros derechos humanos.
Además, la organización recomienda a las autoridades competentes en materia de Protección Civil y Emergencias del Gobierno central y de la Generalitat Valenciana:
• Revisar los sistemas de comunicación, de avisos y alerta en emergencias dentro del Sistema de Protección Civil, tanto técnicos como decisorios, para incorporar las lecciones aprendidas tras la catástrofe de la DANA y los más actualizados estándares internacionales, garantizando la implantación efectiva de Planes de Protección Civil con personal técnico especializado.
• Protocolizar el uso del sistema ES-Alert en los distintos planes de emergencias de las comunidades autónomas para asegurar que los organismos competentes en materia de protección civil y de emergencias pueden y saben cómo hacer uso de esta herramienta de forma eficaz.
• Adoptar un enfoque participativo en los procesos de toma de decisión, planificación y seguimiento de los esfuerzos de recuperación, incorporando plenamente a las personas y comunidades afectadas, y asegurando que son informadas de manera continua y garantizando que los derechos humanos están en el centro de la respuesta a la catástrofe de la DANA.
• Desarrollar planes de sensibilización y formación a la ciudadanía sobre actuaciones en contexto de emergencias y toma de conciencia del riesgo aparejado a determinados niveles de alerta, a través de ejercicios, simulacros y formación escolar temprana, incluida en el currículo, sobre autoprotección, prevención y actuación en caso de emergencia.