Egipto

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades llevaron a juicio a miles de personas por delitos relacionados con el terrorismo, en muchos casos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Se sometió a las ONG a restricciones indebidas que limitaban su acceso a financiación, lo que mermó sus actividades. Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de influencers de redes sociales por cargos imprecisos relacionados con la moralidad. Se produjeron muertes bajo custodia tras haberse denunciado tortura o negligencia médica. La policía detuvo a trabajadores que exigían la aplicación del salario mínimo. Se impusieron condenas a muerte, incluso por delitos que no constituían homicidio intencional, tras juicios manifiestamente injustos. Se llevaron a cabo ejecuciones. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2025 y en años anteriores. Las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y las personas LGBTIQ+ sufrían discriminación y eran perseguidas judicialmente por ejercer sus derechos humanos. Ante la persistencia de la crisis económica, las autoridades no protegieron los derechos económicos y sociales ni ajustaron adecuadamente las medidas de seguridad social. El gobierno promulgó nueva legislación que podía poner en peligro el derecho a una vivienda adecuada para millones de personas. Continuaron las deportaciones ilícitas de personas refugiadas de Sudán y otros lugares.

Información general

La participación en las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes fue del 17 y el 32,4%, respectivamente. En un contexto de denuncias de compra de votos, adulteración de papeletas, fallos de procedimiento y numerosos desempates provocados por la decisión de las autoridades de anular los resultados, los partidos y las candidaturas favorables al gobierno obtuvieron la mayoría en las elecciones parlamentarias .

En enero se revisó el historial de Egipto en materia de derechos humanos en el marco del Examen Periódico Universal. El país aceptó un pequeño número de recomendaciones significativas, pero respecto de muchas otras —como las relativas al uso excesivo de la detención en espera de juicio, las restricciones indebidas impuestas a la sociedad civil y la discriminación ejercida contra las minorías religiosas—, se limitó a tomar nota. En septiembre, el presidente Abdel Fatah al Sisi ordenó por primera vez la elaboración de una estrategia nacional de derechos humanos.

En junio, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo aprobaron los 4.000 millones de euros que quedaban por conceder de un total de 5.000 que la Unión Europea (UE) había prometido a Egipto en 2024 a modo de ayuda macrofinanciera.

La economía seguía haciendo frente a importantes dificultades. Casi dos terceras partes del gasto total previsto en el presupuesto estatal para 2025-2026 correspondían a la deuda externa e interna. En diciembre, la inflación anual cayó al 10,3%, frente al 23,4% del año anterior, mientras que el precio de los alimentos y las bebidas aumentó alrededor de un 0,9%. Por quinto año consecutivo, el gobierno no publicó cifras relativas a la pobreza.

El paso de Rafá entre Gaza y Egipto permaneció cerrado la mayor parte del tiempo.

Libertad de asociación

El gobierno no respetó el derecho a la libertad de asociación de las organizaciones de la sociedad civil independientes, al imponerles un sistema ilícito de autorización para registrarse como asociaciones, forzar el despido de personal y la destitución de miembros de sus juntas directivas sin fundamento jurídico, y someterlas a requisitos de presentación de informes invasivos y excesivamente onerosos que, en la práctica, suponían mantenerlas bajo vigilancia constante. Agentes de la Agencia de Seguridad Nacional intimidaron a miembros de su personal y sus juntas directivas, lo que fomentó un clima de miedo y represión.¹ Las asociaciones seguían enfrentándose a severas restricciones para acceder a la financiación o utilizar servicios financieros.

En mayo se permitió al grupo de derechos humanos Asociación para la Libertad de Pensamiento y Expresión acceder a servicios bancarios tras un proceso de 11 meses de duración. Aun así, en noviembre, las autoridades le denegaron dos subvenciones para proyectos sin dar explicaciones.

Por su parte, el 30 de noviembre, el Centro de Asistencia Jurídica para las Mujeres Egipcias, un grupo independiente de defensa de los derechos de las mujeres, declaró que las autoridades le habían denegado tres subvenciones para proyectos sin dar explicaciones y no habían respondido a una cuarta solicitud.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades continuaron criminalizando las formas de expresión disidentes y las reuniones pacíficas, y persiguieron a periodistas, manifestantes, figuras políticas de la oposición y otras personas que criticaban al gobierno por su historial en materia de derechos humanos o que reclamaban un cambio político.

El 2 de enero, el opositor político Hisham Kassem se enteró por varios sitios web de noticias de que tenía una audiencia programada para el 9 de febrero en una nueva causa penal por cargos de “difamación” y “acoso intencionado” a un exministro. Estas acusaciones guardaban relación con la misma publicación en redes sociales por la que había sido declarado culpable, condenado y encarcelado de forma injusta en 2024. En mayo, un tribunal lo condenó en rebeldía a seis meses de prisión y a pagar una multa, con la opción de suspender la pena bajo fianza a la espera del resultado de la apelación.

El 15 de enero, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado citó a Hossam Bahgat, director ejecutivo de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, para interrogarlo. Se abrió una investigación sobre él por cargos de terrorismo y difusión de noticias falsas en relación con una declaración que había hecho su organización sobre el deterioro de las condiciones de reclusión en la Prisión 10 de Ramadán. Quedó en libertad bajo fianza.

También el 15 de enero, las fuerzas de seguridad detuvieron al periodista Ahmed Serag, acusado de delitos relacionados con el terrorismo por la Fiscalía Suprema, que ordenó que permaneciera privado de libertad. Quedó libre el 5 de junio, en espera del resultado de las investigaciones.

El 16 de enero, agentes de policía vestidos de civil detuvieron a la periodista Nada Mogheeth. La Fiscalía Suprema la estaba investigando por delitos de terrorismo en relación con una entrevista de diciembre de 2024 sobre su marido, el periodista detenido Ashraf Omar. Quedó en libertad bajo fianza posteriormente.

Entre el 10 y el 12 de junio, las fuerzas de seguridad detuvieron en sus domicilios a dos hombres y una mujer en las gobernaciones de El Cairo y Sharqia por apoyar la Marcha a Gaza, iniciativa pacífica mundial destinada a romper el bloqueo del territorio gazatí. La Fiscalía Suprema abrió una investigación contra estas personas por delitos relacionados con el terrorismo y ordenó su detención en espera de juicio. Al finalizar el año, las tres seguían detenidas arbitrariamente. Las autoridades también detuvieron de forma arbitraria, para luego deportarlas, a decenas de personas de nacionalidad extranjera que habían viajado a Egipto para participar en la marcha (véase infra).

Las autoridades emprendieron una campaña represiva contra quienes se dedicaban a crear contenido en las redes sociales. En agosto y septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de influencers por contenidos que habían publicado en TikTok, bajo acusaciones de “indecencia” y “ofensa a los principios y valores familiares”. Los tribunales condenaron al menos a un hombre y dos mujeres a entre uno y tres años de prisión, además de al pago de multas.

El 17 de septiembre, la policía detuvo en un puesto de control de la gobernación de Marsa Matruh al periodista e investigador Ismail al Iskandrani. Ese mismo día, la Fiscalía Suprema lo acusó de delitos relacionados con el terrorismo a propósito de unas publicaciones en Facebook y ordenó que quedara privado de libertad. Al finalizar el año, seguía detenido en espera de juicio.

Detención arbitraria y juicios injustos

Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, las autoridades llevaron a juicio a unas 6.000 personas —entre ellas, periodistas, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos— ante circuitos especiales de tribunales penales por cargos relacionados con el terrorismo, en muchos casos únicamente por ejercer sus derechos humanos. Era habitual que esos tribunales incumplieran las garantías de juicio justo o no ordenaran investigar las denuncias de abusos formuladas por las personas detenidas.

El 19 de febrero, un tribunal militar condenó a un año de prisión y a una multa de 50.000 libras egipcias (unos 985 dólares estadounidenses) a cinco pescadores acusados por la fiscalía militar de pescar en “periodos de veda” y entrar en una zona militar sin autorización, concretamente en un lago de Sinaí del Norte gestionado por una agencia de desarrollo que operaba bajo la tutela del Ministerio de Defensa.

El 22 de septiembre, el activista egipcio-británico Alaa Abdel Fattah quedó en libertad, tras un indulto presidencial que puso fin a sus seis años de encarcelamiento injusto.

El 16 de octubre, el Parlamento aprobó un proyecto de reforma de la Ley de Procedimiento Penal que establecía alternativas adicionales a la detención en espera de juicio, como el toque de queda, la vigilancia electrónica y el arresto domiciliario. Pese a que contenía ligeras mejoras respecto a propuestas anteriores, seguía siendo incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos; en particular, con el derecho a representación letrada durante los interrogatorios. En noviembre fue ratificado por el presidente.

Desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad, incluida la Agencia de Seguridad Nacional, siguieron sometiendo a personas detenidas por motivos políticos a desaparición forzada o detención en régimen de incomunicación. La tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales en las prisiones, las comisarías de policía y los centros a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional.

Entre finales de diciembre de 2024 y febrero de 2025, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 55 hombres y cuatro mujeres por compartir contenidos en redes sociales en los que se criticaba al gobierno. Al menos siete de los hombres fueron acusados de delitos relacionados con el terrorismo por la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, que ordenó su reclusión preventiva. Al finalizar el año, al menos cuatro permanecían detenidos en espera de juicio. Agentes de la Agencia de Seguridad Nacional mantuvieron recluidos en régimen de incomunicación a cinco de los hombres durante periodos de entre cuatro y seis semanas antes de presentarlos ante la Fiscalía Suprema. Otros dos hombres detenidos en relación con el mismo caso fueron objeto de desaparición forzada en centros no revelados de la Agencia de Seguridad Nacional durante 28 y 41 días, respectivamente. Cuatro de los hombres detenidos denunciaron ante la Fiscalía Suprema haber sufrido insultos y palizas de agentes de la Agencia de Seguridad Nacional, y otros dos dijeron que les habían aplicado descargas eléctricas. El 9 de febrero, el activista y presentador de televisión egipcio-libio Nasser al Hawar fue detenido por agentes de seguridad vestidos de civil cuando salía de su domicilio familiar en Alejandría. Estuvo 16 días sometido a desaparición forzada antes de quedar en libertad sin cargos el 26 de febrero.

Las fuerzas de seguridad mantuvieron en régimen de incomunicación —en centros no revelados de la Agencia de Seguridad Nacional y durante periodos de entre nueve y diez días antes de llevarlos ante la Fiscalía Suprema— a tres personas egipcias que apoyaban la Marcha a Gaza y que habían sido detenidas entre el 10 y el 12 de junio (véase “Libertad de expresión y de reunión” supra). Un hombre afirmó que, durante el interrogatorio, los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional le habían propinado golpes y le habían aplicado descargas eléctricas en las manos y el cuerpo. Otro relató que le habían golpeado y obligado a desnudarse.

Entre el 10 y el 12 de junio, decenas de personas extranjeras que habían apoyado la Marcha a Gaza también fueron recluidas en régimen de incomunicación durante más de 24 horas por las fuerzas de seguridad, antes de ser deportadas. La activista croato-peruana Stefanie Crisostomo fue esposada por la policía durante su deportación, lo que le causó hematomas en los brazos. La policía también golpeó a un hombre con porras en la cara y el cuello al ir a detenerlo. La víctima contaba que, mientras lo detenían, un agente había intentado introducirle un dedo en el ano. Dos noruegos afirmaban que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional les habían golpeado en la cara y el pecho.

Pena de muerte

Los tribunales de lo penal, incluidos los que se ocupaban de casos de terrorismo, impusieron condenas a muerte tras juicios injustos. Entre los delitos castigados con la pena capital figuraban algunos que no equivalían a homicidio intencional, como el tráfico de drogas y la violación, y para los que el uso de la pena de muerte debía restringirse en virtud del derecho y las normas internacionales. Se llevaron a cabo ejecuciones.

Impunidad

Prevaleció la impunidad de los homicidios ilícitos, tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2025 y en años anteriores, incluidos los homicidios ilícitos de al menos 900 simpatizantes del presidente derrocado Mohamed Morsi cometidos el 14 de agosto de 2013.

En junio, la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales presentó una denuncia ante la fiscalía solicitando que se investigara la muerte de siete hombres que habían estado detenidos en la comisaría de Al Omraniyan, en la gobernación de Guiza, entre marzo de 2024 y mayo de 2025. La fiscalía desestimó la denuncia sin explicar por qué.

En agosto, el sitio web informativo independiente Mada Masr informó de que tres hombres habían muerto bajo custodia policial en las gobernaciones de Alejandría y Qalyubia, tras haberse denunciado tortura y negación de asistencia médica. Ese mismo mes, el Ministerio del Interior negó que un cuarto hombre hubiera fallecido bajo custodia tras ser torturado en una comisaría de policía de Guiza. No se hizo pública ninguna información sobre la investigación de estas muertes de detenidos.

Las fiscalías, y en particular la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, desestimaban o ignoraban la mayoría de las denuncias de tortura presentadas contra agentes policiales.

El 11 de enero, las fuerzas de seguridad detuvieron a Mohamed Allam en la casa de un familiar en la gobernación de Guiza. En las semanas previas a su detención, había publicado varios vídeos en TikTok en los que criticaba al presidente Al Sisi. Antes de llevarlo ante la fiscalía, agentes de la Agencia de Seguridad Nacional lo sometieron a desaparición forzada durante más de una semana en un centro que tenían en Guiza. Mohamed Allam relató ante la fiscalía que los agentes lo habían sometido a descargas eléctricas y palizas y lo habían mantenido con los ojos vendados durante todo el tiempo que duró su desaparición forzada. Tras sus denuncias de tortura, en enero, un fiscal de la Fiscalía Suprema tomó la inusual decisión de pedir que se le practicara un examen forense, pero al finalizar el año aún no se había permitido a su defensa revisarlo.

Discriminación

Mujeres y niñas

Las mujeres continuaban siendo objeto de discriminación, en la ley y en la práctica, en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos e hijas y el acceso a cargos políticos. La reforma de la Ley del Estatuto Personal, prometida hacía ya mucho tiempo, se hallaba estancada, en un contexto de preocupación por la ausencia de consultas significativas con organizaciones independientes de defensa de los derechos de las mujeres.

Al menos dos mujeres y una niña fueron detenidas arbitrariamente y procesadas por cargos imprecisos relacionados con la moral debido a contenido publicado en TikTok.

Personas LGBTIQ+

Las autoridades continuaron hostigando y enjuiciando a personas por su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas.

Derechos económicos y sociales

Los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a un nivel de vida adecuado y a la salud, siguieron viéndose socavados, entre otras cosas debido a la persistente crisis económica. El gobierno no cumplió el mandato constitucional de destinar al menos el 3% del producto interno bruto (PIB) a sanidad y, el 6%, a educación.

Pese a que en el presupuesto para 2025-2026 se habían aumentado, las asignaciones para los programas de transferencia de efectivo destinadas a quienes vivían en la pobreza seguían siendo insuficientes para superar el umbral de pobreza, según la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, o para llegar a todas las personas necesitadas. Desde su puesta en marcha en 2015, los programas Takaful y Karama de transferencia de dinero en efectivo habían beneficiado a un total de 7,7 millones de personas, según una declaración oficial de la ministra de Solidaridad Social emitida en julio de 2025. Las últimas cifras oficiales situaban el número de personas que vivían en la pobreza en 2020 en torno a los 30 millones.

Derechos laborales

El 25 de enero, las fuerzas de seguridad detuvieron a nueve trabajadores de una fábrica de ropa que habían participado en una huelga para exigir el cumplimiento del salario mínimo y otros derechos. La fiscalía los acusaba de perturbar deliberadamente la producción e incitar a la huelga y la agitación, y ordenó su detención durante cuatro días en espera de juicio. El 30 de enero, un tribunal ordenó su puesta en libertad, tras lo cual la empresa los despidió.

En septiembre, cinco trabajadores de una fábrica de la gobernación de Qena fueron citados por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional debido a su participación en una huelga para exigir bonificaciones anuales más altas y otras prestaciones. Los agentes los conminaron a que pusieran fin a la huelga, prometiéndoles que transmitirían sus reivindicaciones a la dirección de la fábrica, y los trabajadores accedieron. Al día siguiente del fin de la huelga, la fábrica accedió a abordar algunas de sus demandas.

Derecho a la vivienda

En agosto, el presidente Al Sisi promulgó una ley que derogaba la legislación sobre el alquiler de 1977 y 1981 y ponía fin en la práctica a contratos de arrendamiento con decenios de antigüedad, lo que afectó a alrededor de 1,6 millones de familias. El texto establecía un período de transición fijo de cinco años para los inmuebles comerciales y siete años para las unidades residenciales, tras el cual expirarían los antiguos contratos de alquiler y aumentarían las rentas en un porcentaje fijo. También daba a los inquilinos afectados acceso prioritario a viviendas o propiedades comerciales de propiedad estatal que estuvieran disponibles. El decreto que detallaba el sistema de compensaciones no incluía información sobre los precios, lo que aumentó la incertidumbre en torno a la asequibilidad de las unidades residenciales disponibles para los inquilinos de bajos ingresos y la accesibilidad del programa. El gobierno no celebró ninguna consulta significativa sobre el plan de compensaciones propuesto.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades públicas continuaron discriminando a las personas cristianas y negándoles el derecho a interponer recursos por actos de violencia sectaria, al insistir en que resolvieran los casos por mecanismos tradicionales de reconciliación que habitualmente les negaban la indemnización por pérdidas materiales y, en algunos casos, incluso conducían a que fueran expulsadas de sus comunidades.

Entre marzo y mayo se detuvo de manera arbitraria al menos a 15 miembros de la Religión Ahmadí de la Paz y la Luz por el simple hecho de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad religiosa. Al menos tres de ellos fueron sometidos a desaparición forzada por la Agencia de Seguridad Nacional durante periodos de entre 29 y 34 días, antes de ser llevados ante la fiscalía. Agentes de la Agencia de Seguridad Nacional torturaron a dos de los detenidos, golpeando a uno con un palo y al otro con un objeto metálico, y aplicándoles descargas eléctricas en los genitales.²

En abril, los procedimientos especiales de la ONU enviaron una carta de denuncia conjunta al gobierno egipcio para expresarle su preocupación por la discriminación de la comunidad bahaí —ejercida por medios como confiscación de sus cementerios y denegación a sus miembros de documentos de identidad que reconocieran su fe como religión, su estado civil y su matrimonio— y por el acoso y la vigilancia a que se los sometía.

El derecho a construir o reparar iglesias coptas seguía restringido en virtud de una ley de 2016 que exigía para ello la aprobación de las agencias de seguridad y otros órganos estatales. En octubre, el gobierno anunció que, de las 5.540 solicitudes de legalización de iglesias que se habían presentado desde la promulgación de la ley, se habían aprobado 3.613.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades continuaron deportando ilícitamente a personas refugiadas de Sudán y otros países, entre ellas algunas que ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, tenía registradas, según las ONG independientes Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés) y Plataforma de Refugiados en Egipto (RPE, por sus siglas en inglés).

Al concluir el año, el primer ministro aún no había publicado el reglamento ejecutivo de la ley de asilo, que debía haberse emitido en el plazo de seis meses a contar desde la promulgación de la ley en diciembre de 2024. Como consecuencia, la ley no se aplicaba en la práctica y, por tanto, dejaba sin regular los derechos de las personas refugiadas, en particular los derechos sociales y económicos.