Sudán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Todas las partes en el conflicto seguían cometiendo abusos y violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos, además de violaciones del derecho internacional humanitario, que causaron víctimas civiles en gran escala. Algunos Estados continuaban suministrando armas a las partes enfrentadas, incluso en Darfur, violando el embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU. Las mujeres y las niñas eran sometidas a violencia sexual generalizada y sistemática relacionada con los conflictos. Persistía la impunidad por los abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con los conflictos. Los saqueos y la destrucción de bienes civiles vulneraron los derechos económicos y sociales. El conflicto seguía causando el desplazamiento masivo de la población civil, que en muchos casos buscaba refugio en países vecinos en los que las condiciones eran precarias.

Información general

El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido que había estallado en la capital, Jartum, en abril de 2023 continuaba en todo el país, con un impacto devastador para la población civil. A pesar de los múltiples procesos políticos emprendidos, los combates continuaron y se intensificaron a lo largo del año.

En enero y febrero, las Fuerzas Armadas de Sudán recuperaron territorio bajo control de las Fuerzas de Apoyo Rápido, incluidos Jartum y el estado de Gezira.

En agosto, las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron la formación de un nuevo gobierno paralelo en la ciudad de Nyala, Darfur Meridional, encabezado por su líder, Mohamed Hamdan Dagalo, y subdirigido por Abdelaziz al Hilu, líder del Movimiento de Liberación Popular de Sudán – Norte (SPLM-Norte, por sus siglas en inglés), grupo armado que controlaba gran parte de los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul. El SPLM-Norte había firmado una alianza con las Fuerzas de Apoyo Rápido en febrero.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Miles de civiles murieron o sufrieron heridas en ataques directos e indiscriminados lanzados por las partes en el conflicto, mientras que otras personas se vieron atrapadas en el fuego cruzado, ya que tanto las Fuerzas Armadas de Sudán como las Fuerzas de Apoyo Rápido utilizaban con frecuencia armas explosivas con efecto en amplias superficies.

Las Fuerzas Armadas de Sudán y sus aliados atacaron a civiles como represalia cuando recuperaron Jartum y el estado de Gezira en enero y febrero. El 31 de enero, el ACNUDH —la Oficina de Derechos Humanos de la ONU— informó de que al menos 17 hombres y una mujer habían muerto en ataques atribuidos a combatientes y milicias afiliados a las Fuerzas Armadas de Sudán desde que éstas habían recuperado el control de algunas partes de Jartum Bahri a finales de enero.

En el estado de Gezira, las Fuerzas Armadas de Sudán y sus aliados, las Fuerzas Escudo de Sudán, atacaron a miembros de la comunidad Kanabi como represalia, acusándolos de colaborar con las Fuerzas de Apoyo Rápido. Según la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Sudán, entre el 9 y el 12 de enero las Fuerzas Escudo de Sudán atacaron varios poblados kanabi, entre ellos Tayba y Dar al Salam al Hideba, donde mataron a civiles, quemaron casas y saquearon bienes y ganado. Sólo en Tayba fueron asesinadas al menos 26 personas, una de ellas menor de edad.

El 11 de abril, las Fuerzas de Apoyo Rápido lanzaron un ataque en gran escala contra el campo para personas internamente desplazadas de Zamzam, en Darfur Septentrional, que duró al menos tres días y causó daños inmensos a la población y a las infraestructuras civiles.¹ Aunque no se verificó de forma independiente el número de víctimas mortales, la Misión de Investigación informó de entre 300 y 1.500 muertes y más de 157 personas heridas, en su mayoría mujeres, niños y niñas. El primer día, unos combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron un centro de salud gestionado por Relief International y mataron a nueve miembros del personal. Otros dos miembros del personal fallecieron posteriormente a causa de las heridas sufridas durante el ataque. Además, unos combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido incendiaron deliberadamente viviendas, negocios, el mercado y estructuras dentro del recinto de la escuela y mezquita Sheikh Farah en Zamzam: destruyeron y dañaron infraestructuras civiles esenciales. También saquearon viviendas, negocios y comercios, de modo que la población quedó desprovista de suministros esenciales de alimentos y otros artículos. Se destruyeron y saquearon centros de salud, lo que privó a la población civil de atención médica crucial.

El 26 de octubre, las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el control de El Fasher, Darfur Septentrional, tras un asedio de 18 meses durante el cual lanzaron ataques sin cesar. Tras hacerse con el poder, las Fuerzas de Apoyo Rápido cometieron matanzas masivas de civiles, sometieron a mujeres y niñas a violencia sexual y tomaron rehenes para pedir rescates.² El prolongado asedio y la obstrucción de la ayuda humanitaria provocaron hambruna en los campos para personas internamente desplazadas de la zona. Buena parte de la población civil —incluidos niños y niñas— quedó atrapada en la ciudad, expuesta a un grave peligro de sufrir nuevos ataques y abusos.

En octubre, las Fuerzas de Apoyo Rápido también intensificaron sus ataques en la región de Kordofán, incluida la localidad de Bara, en Kordofán del Norte, donde llevaron a cabo ejecuciones sumarias. El 3 de noviembre, un ataque con drones mató, según los informes, al menos a 40 personas en un funeral a las afueras de El Obeid, una ciudad de Kordofán del Norte. La población civil de las ciudades de Kadugli, en Kordofán del Sur, y Babanusa, en Kordofán Occidental, seguía bajo asedio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, y expuesta al riesgo constante de ataques inminentes.

Transferencias irresponsables de armas

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó por un año más el embargo de armas en vigor desde 2004 que se aplicaba únicamente a la región de Darfur, pero no lo amplió al resto de Sudán. El embargo de armas existente adolecía de una implementación deficiente, había sido violado con frecuencia y era totalmente inadecuado para satisfacer las necesidades de la crisis en curso.

El conflicto seguía siendo alimentado por actores externos que suministraban armas a las partes enfrentadas. Emiratos Árabes Unidos proporcionó armamento chino avanzado a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que el grupo utilizó en Darfur.

Violencia sexual y de género

Las partes en el conflicto —en particular, las Fuerzas de Apoyo Rápido— sometieron a las mujeres y las niñas a violencia sexual generalizada y sistemática relacionada con el conflicto en Jartum y en ciudades y pueblos de los estados de Gezira y Darfur Septentrional y Meridional. La violencia sexual se utilizó de manera estratégica para humillar, castigar, ejercer control, infundir miedo y desplazar a las mujeres y a sus comunidades.

Además de violaciones, violaciones en grupo y esclavitud sexual, hubo combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido que sometieron a mujeres y niñas a otras formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.³

Las sobrevivientes de violencia sexual sufrieron lesiones físicas y traumas psicológicos. Algunas desarrollaron problemas de salud, como dolores renales, menstruaciones irregulares y dificultades para caminar. Otras presentaban pérdidas de memoria ocasionales.

Aparte de eso, no tuvieron acceso a servicios de atención posterior a la violación y no pudieron denunciar los hechos a las autoridades. Los combates en curso y el temor a la estigmatización y a las represalias les dificultaron el acceso a los centros de salud y a la policía.

Según información de la Misión de Investigación, las Fuerzas Armadas de Sudán también cometieron actos de violencia sexual, como violaciones, acoso sexual y tortura sexualizada contra mujeres y hombres, especialmente durante su detención en los estados de Nilo Blanco, Nilo Azul, Jartum y Norte.

Derechos económicos y sociales

Aproximadamente 24,6 millones de personas, la mitad de la población de Sudán, sufrían inseguridad alimentaria aguda. Se confirmaron condiciones de hambruna en diversas partes del país y había millones de personas en riesgo de morir de inanición. Los recortes en la ayuda humanitaria, incluidos los del gobierno de Estados Unidos, agravaron la escasez de alimentos.

Mientras tanto, las interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos y producción agrícola, así como los problemas administrativos y los retrasos en la entrega de las ayudas, contribuyeron a la propagación del hambre y la desnutrición.

En Darfur Septentrional, incluidos la ciudad de El Fasher y los campos para personas internamente desplazadas de Zamzam y Abu Shouk, la situación era especialmente grave. Las Fuerzas de Apoyo Rápido cortaron todos los suministros esenciales de alimentos y agua. Los alimentos básicos, como el aceite, las lentejas, el azúcar y el agua, también escaseaban y eran inasequibles, lo que provocó desnutrición, deshidratación y muerte, especialmente entre los niños y niñas.

La Misión de Investigación informó de que los saqueos en gran escala y la destrucción de infraestructuras esenciales para la supervivencia de la población civil, principalmente por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus aliados, afectaban a las comunidades no árabes, especialmente en la región de Darfur. Los medios de vida de estas comunidades se vieron afectados negativamente, al igual que infraestructuras civiles tales como refugios, fuentes de alimentos y agua, sistemas médicos, puntos de distribución de agua, oficinas y otras instalaciones públicas.

Derechos de las personas internamente desplazadas

La escalada del conflicto resultaba cada vez más devastadora para la población civil. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el conflicto provocó la crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento del mundo. Hasta diciembre, casi 12 millones de personas se habían visto obligadas a desplazarse desde el inicio del conflicto en 2023; 7,8 millones de ellas se encontraban dentro de Sudán y más de cuatro millones en países vecinos, viviendo en condiciones muy precarias.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Continuó la impunidad por los crímenes de derecho internacional y por los abusos y violaciones de derechos cometidos en relación con los conflictos.

El 6 de octubre, la Sala de Primera Instancia de la Corte Penal Internacional declaró a Ali Muhammad Ali Abd Al Rahman, también conocido como Ali Kushayb, uno de los principales líderes de la milicia yanyawid, culpable de 27 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. El 9 de diciembre, fue condenado a 20 años de cárcel. Sin embargo, otros cuatro sospechosos contra los que la Corte Penal Internacional había dictado órdenes de detención —entre ellos el expresidente Omar al Bashir— aún no habían sido detenidos y entregados a la Corte para ser juzgados.

También en octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó por segunda vez el mandato de la Misión de Investigación. En septiembre, la Misión había publicado su segundo informe, en el que revelaba que las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido habían cometido crímenes de guerra y que estas últimas también habían cometido crímenes de lesa humanidad. La Misión formuló recomendaciones para proteger a la población civil, como el levantamiento de los asedios —especialmente el de El Fasher y el de localidades situadas en Kordofán del Norte y del Sur— y la garantía de un acceso humanitario sin obstáculos. También formuló recomendaciones sobre la rendición de cuentas y el acceso de las víctimas a la justicia, especialmente la ampliación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y el apoyo al establecimiento de un mecanismo judicial independiente e imparcial para Sudán.

En octubre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos publicó el primer informe de su Misión Conjunta de Investigación sobre la situación en Sudán, en el que se concluía que las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido habían cometido graves violaciones de derechos humanos, incluidos ataques contra civiles, asesinatos por motivos étnicos, tortura y violencia sexual. La Comisión recomendó el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Sudán y el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas con el mandato de enjuiciar las violaciones graves.