Amnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsAmnesty IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid IconsCovid Icons
Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Sudán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

El conflicto armado entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido con sus milicias aliadas provocó un elevado número de victimas civiles en ataques deliberados e indiscriminados. Todas las partes en el conflicto cometieron graves abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, e infracciones del derecho internacional humanitario. Se sometió a mujeres y niñas a violencia sexual relacionada con el conflicto. La impunidad seguía siendo un elemento fundamental de los abusos y violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto. Millones de personas tuvieron que desplazarse internamente y cerca de 1,4 millones huyeron a países vecinos, donde vivían en condiciones atroces.

Información general

En abril estallaron intensos enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas de Sudán, comandadas por el general Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, unidad paramilitar dirigida por el general Mohamed Hamdan Dagalo (también conocido como Hemedti), en la capital, Jartum. Los enfrentamientos, que se extendieron rápidamente a otras zonas, incluidas Darfur y Kordofán del Norte, estallaron tras meses de tensiones entre los dos grupos en torno a las reformas de las fuerzas de seguridad propuestas en el contexto de las negociaciones para un nuevo gobierno de transición, entre otras cuestiones.

Pese a que hubo numerosas declaraciones de alto el fuego, los combates se intensificaron. Según la ONU, más de 12.000 personas perdieron la vida entre abril y diciembre en todo el país. En octubre se conoció el dato de que alrededor de 15 millones de personas —el 31% de la población— se encontraban en situación de inseguridad alimentaria aguda.

Los combatientes, en su mayoría de las Fuerzas de Apoyo Rápido, realizaron saqueos generalizados de viviendas, comercios e instituciones públicas, entre ellas hospitales, almacenes de organizaciones humanitarias y bancos en Jartum y en la región de Darfur.

Entretanto, el conflicto de Darfur, activo desde hacía 20 años, seguía infligiendo un sufrimiento inconmensurable en la región.

Ataques indiscriminados

Mucha población civil quedó atrapada en el fuego cruzado de las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, que con frecuencia lanzaban ataques cuyo origen o destino eran barrios civiles densamente poblados y en los que, en muchos casos, empleaban armas explosivas con un efecto de amplio alcance. En consecuencia, había gente que moría dentro de sus casas o durante sus salidas desesperadas para buscar alimentos y otros artículos de primera necesidad. Otras personas morían o resultaban heridas mientras escapaban de la violencia, y en lugares a los que habían acudido para ponerse a salvo. En la mayoría de los casos era difícil determinar qué bando había disparado la munición que había matado y herido a civiles.1

El 15 de abril, fecha en que estallaron los enfrentamientos, la médica Ala Fawzi al Mardi murió violentamente y su madre, Zeinab Ahmad Othman, resultó herida por una bala perdida, en el domicilio de ambas del barrio de Hay al Manara, en Omdurman.

El 24 de abril, la abogada Suhair Abdallah al Bashir y sus 2 cuñados, Mohammed y Omar al Rayeh, murieron a causa de artefactos explosivos. Las municiones impactaron cerca de su vehículo cuando salían de su casa en el centro de Jartum, cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El 18 de mayo, Khadija Mustafa Osman Said, sus hijos, Haydar Hamed Guma Khater y Hameid Hamed Guma Khater, y su vecino, Mustafa Ali Hamdan, murieron al impactar munición en su edificio del barrio de Imtidad, cerca del centro de Nyala, en Darfur Meridional.

El 21 de mayo, al menos 7 personas murieron y 12 resultaron heridas en un ataque contra el Ministerio de Agricultura, en la zona norte del barrio de Al Jamarik de El Geneina, en Darfur Occidental, donde numerosa población residente se había refugiado tras abandonar su hogar.

El 14 de junio, decenas de civiles murieron o sufrieron heridas, incluida Gamra Mustafa, que recibió el impacto de 2 balas mientras estaba en su casa del barrio de Al Madaris, en El Geneina. Ese mismo día, en el barrio cercano de Hay al Riadh, el niño de 7 años Adnan Ishaq perdió la vida en su casa tras recibir en el pecho el impacto de una bala perdida.

Homicidios y ataques ilegítimos

En muchas partes del país, incluida Jartum, pero especialmente en Darfur Occidental, se lanzaron ataques selectivos en los que murió y resultó herida población civil.

El 13 de mayo, miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido irrumpieron en el complejo de la iglesia copta de Mar Girgis (San Jorge), en la zona de Bari, en Jartum. Dispararon e hirieron a 5 miembros del clero y robaron dinero y una cruz de oro.

El 19 de mayo, Peter Kiano, profesor de matemáticas e ingeniería de 60 años oriundo de Sudán del Sur que llevaba muchos años trabajando en Jartum, fue abatido a tiros por soldados de las Fuerzas de Apoyo Rápido ante un restaurante en la periferia del sur de Jartum.

La tensión aumentó en Darfur, donde milicias árabes fuertemente armadas apoyadas por combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido atacaron ciudades, pueblos y aldeas de Darfur Occidental, incluidos El Geneina, Misterei y Tandelti . Muchas personas de la etnia masalit, en su mayoría hombres y niños mayores, murieron y sufrieron heridas en ataques deliberados de motivación étnica.

El 25 de abril, Ibrahim Adam Mohamed y su hermano Mohamed resultaron heridos por disparos de miembros de milicias árabes cuando se encontraban sentados delante de su casa en el barrio de Bouhaira, en El Geneina.

El 14 de mayo, Adam Zakaria Ishaq, médico y defensor de los derechos humanos que trabajaba para la Red de Darfur por los Derechos Humanos, murió violentamente junto con otras 13 personas en el Centro de Rescate Médico, clínica de salud del barrio de Jamarik, en El Geneina.

El 17 de mayo, los campesinos Abderrahman Ibrahim Ahmed y Ali Ishaq Ali Bashir murieron a consecuencia de disparos efectuados deliberadamente por combatientes de milicias árabes en Tandelti, en el noroeste de El Geneina, cerca de la frontera con Chad. Otras 5 personas civiles, entre ellas Mariam Mohamed Ahmad y su primo Hassan Ibrahim, perdieron la vida en el mismo incidente.

El 28 de mayo, decenas de civiles murieron en Misterei, localidad al sudoeste de El Geneina, donde estallaron enfrentamientos entre las Fuerzas de Apoyo Rápido —y sus milicias aliadas— y grupos armados masalit. Cinco hermanos murieron dentro de su casa a manos de combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

El 14 de junio, Khamis Abakar, gobernador de Darfur Occidental y líder del grupo armado Alianza Sudanesa, fue víctima de homicidio en El Geneina unas horas después de que combatientes de las Fuerzas de Apoyo Rápido lo pusieran bajo custodia.

Violencia sexual y de género

Decenas de mujeres y niñas, algunas de tan sólo 12 años, fueron sometidas a violencia sexual relacionada con el conflicto, incluida la violación, por miembros de las partes enfrentadas, principalmente las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus milicias aliadas. La mayoría de las sobrevivientes eran sudanesas, y algunas tenían otras nacionalidades. Eran secuestradas y sometidas a violencia sexual en su casa o cuando salían a buscar alimentos u otros artículos de primera necesidad. En un caso, miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido secuestraron a un grupo de 24 mujeres y niñas y las llevaron a un hotel de Nyala donde durante varios días las violaron y las mantuvieron recluidas en condiciones que constituían esclavitud sexual.

En otro caso, el 22 de junio, 3 hombres árabes armados vestidos de civil agredieron a una mujer de 25 años y la introdujeron por la fuerza en el edificio del registro civil del barrio de Al Jamarik, en El Geneina, donde la sometieron a una violación grupal.

Muchas sobrevivientes no tenían acceso al apoyo médico y psicosocial que necesitaban debido a la limitada oferta de servicios de protección, rehabilitación y sustento. Numerosas instalaciones de salud habían sufrido daños y saqueos en el conflicto, y el personal médico había huido. La atención sanitaria para víctimas de violación, en la que el tiempo era un factor crucial, era limitada o inexistente; las sobrevivientes no podían o temían denunciar las agresiones y buscar atención médica. Además, en algunas zonas las redes de comunicación no tenían suficiente potencia o estaban cortadas y los desplazamientos estaban gravemente restringidos por el conflicto.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En julio, el fiscal de la Corte Penal Internacional declaró que su oficina había empezado a investigar los ataques que se estaban perpetrando en Darfur. Tres personas, entre ellas el expresidente Omar al Bashir, afrontaban cargos ante la CPI, pero aún no habían sido entregadas a la Corte para ser juzgadas.

El 11 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que establecía una misión internacional independiente de investigación sobre Sudán. El mecanismo tenía el mandato de investigar y determinar los hechos, las circunstancias y las causas profundas de todos los presuntos abusos y violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, incluidos los cometidos contra personas refugiadas, y delitos conexos en el contexto del conflicto armado en curso.

Derechos de las personas internamente desplazadas

El conflicto devastó a la población civil, y la situación continuó deteriorándose. Más de 5,8 millones de personas estaban internamente desplazadas desde abril, lo que convertía a Sudán en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del mundo. De esa cantidad, más de 4,5 millones se habían visto obligadas a desplazarse únicamente entre el 15 de abril y el 19 de octubre, según la ONU. Entre la población desplazada había personas refugiadas de otros países, especialmente Etiopía, Eritrea y Sudán del Sur, que habían buscado refugio en Sudán. La crisis humanitaria que sufrían las personas internamente desplazadas se vio agravada por la grave escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible. El precio de los artículos esenciales aumentó drásticamente a causa de la interrupción de las rutas comerciales y al acceso limitado, lo que los hizo inasequibles para la población.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Desde el 15 de abril, cerca de 1,4 millones de personas habían huido a los vecinos Chad, Egipto, Etiopía, República Centroafricana y Sudán del Sur, donde vivían en condiciones atroces. La situación de algunas personas solicitantes de asilo se vio agravada al negárseles la entrada en algunos países y quedar expuestas a regresar a los peligros de los que habían intentado escapar. Las autoridades egipcias exigían a todas las personas de nacionalidad sudanesa la obtención de un visado de entrada emitido por la oficina consular de Egipto en las ciudades sudanesas de Wadi Halfa o Puerto Sudán.2 El 29 de mayo, Egipto también introdujo el requisito adicional de la autorización de seguridad para los niños y los hombres de entre 16 y 50 años que desearan entrar en Egipto (véase el apartado sobre Egipto).

  1. Sudan: “Death came to our home”. War crimes and civilian suffering in Sudan, 3 de agosto
  2. Sudán: Los países vecinos deben proporcionar un paso seguro a quienes huyen del conflicto, 5 de julio