Un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos. Este incremento debe revertir el hecho de que durante la crisis económica y cuando cientos de miles de personas han perdido sus viviendas, el Gobierno ha reducido desde 2009 el presupuesto de vivienda en más de un 70%.
Reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya exige.
La adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo.
La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda.
