En un nuevo documento de investigación publicado hoy, Amnistía Internacional documenta ampliamente las maneras en que la tecnología contribuye a la creciente tendencia de violaciones de derechos humanos en las fronteras, e insta a los Estados a que pongan fin al uso de dichas tecnologías hasta que garanticen que no vulnera derechos humanos.
El informe, titulado The Digital Border: Migration, Technology and Inequality, da cuenta de cómo el uso de las nuevas tecnologías por parte de actores estatales y no estatales en los sistemas de migración de todo el mundo aumenta la probabilidad de que se vulneren los derechos humanos de las personas en movimiento, incluidos los derechos a la privacidad, a no sufrir discriminación, a la igualdad y a solicitar asilo.
“La protección de los derechos humanos no debe sacrificarse en favor de los beneficios privados”, ha declarado Eliza Aspen, investigadora de Amnistía Internacional. “Los Estados no tienen obligaciones con las empresas privadas. Lo que sí tienen es la obligación de garantizar que tanto los actores estatales como los no estatales respeten los derechos humanos de las personas en movimiento.”
Las tecnologías también exacerban las desigualdades raciales, económicas y sociales subyacentes en las fronteras y en otros contextos. Con frecuencia se somete a los trabajadores y trabajadoras migrantes y otras personas con una condición de ciudadanía insegura a las mismas formas digitalizadas de vigilancia, seguimiento y explotación que sufren las personas refugiadas y solicitantes de asilo. Además, dichas personas están igualmente en el punto de mira de estas tecnologías porque no tienen la capacidad de que se las excluya de esa vigilancia ni de pedir resarcimiento por el daño sufrido.
Según el documento, muchas de las herramientas digitales empleadas para procesar el movimiento de las personas las desarrollan, venden e implantan empresas privadas cuyo modelo de negocio a menudo se basa en la extracción y acumulación de datos para la obtención de beneficios.
La naturaleza invasiva de estas tecnologías tiene graves implicaciones para el bienestar de las personas que cruzan fronteras en busca de seguridad y para el ejercicio de su derecho a pedir asilo. Las tecnologías de uso intensivo de datos empleadas en las fronteras y en sus inmediaciones, como los sensores biométricos de uso militar y la vigilancia con drones, pueden perpetuar el daño que sufren las poblaciones desplazadas, que ya corren un gran peligro de explotación y marginación al cruzar fronteras para huir de circunstancias peligrosas en sus hogares.
“Los gobiernos de todo el mundo deben trabajar para poner freno al desarrollo y la aplicación no regulados de tecnologías perniciosas y cumplir sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes”, ha afirmado Aspen. “Las empresas que desarrollan estas tecnologías deben incorporar salvaguardias en su uso, observar la diligencia debida en materia de derechos humanos y llevar a cabo evaluaciones de impacto de los datos antes de implantar dichas tecnologías, y no después de que se hayan cometido los abusos.”
El documento viene precedido de un informe, publicado este mismo mes por Amnistía Internacional, sobre el uso de la aplicación móvil CBP One, de la que también se ha demostrado que perpetúa los abusos contra personas que solicitan asilo en Estados Unidos.
Amnistía Internacional pide a los Estados y a las empresas que aborden el racismo sistémico en sus tácticas de gestión de las fronteras y detengan el desarrollo de cualquier tecnología invasiva que ponga en peligro a personas.
