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Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

El derecho a la protección de la salud se reconoce en el artículo 43 de la Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), que establece su financiación pública, universalidad y gratuidad; su descentralización autonómica y su integración en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En definitiva, todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad.

Defiende la sanidad pública en España: Invertir es vivir

Doce años después del inicio de las medidas de austeridad y tras la crisis sanitaria sin precedentes que supuso la pandemia, el sistema de salud público ha seguido sin ser una prioridad. Entre las consecuencias de su financiación insuficiente nos encontramos con profesionales sanitarios desbordados, listas de espera, retraso en diagnósticos o incapacidad para atender necesidades crecientes de salud mental. Los problemas en el acceso y calidad de la atención sanitaria ponen el peligro el derecho a la salud de las personas en el país.

La inversión en el sistema público solo ha crecido un 5% desde el inicio de los recortes, incluyendo el gasto extraordinario que supuso la pandemia. Aún más grave es la situación específica de la atención primaria que ni siquiera con los recursos extraordinarios por el COVID ha recuperado el nivel de inversión previo a los recortes.

En este momento crítico para la adaptación de los sistemas de salud a posibles pandemias futuras y a los efectos de la crisis climática, como recomiendan la OMS y a OCDE, el incremento de la inversión es clave.

Seguimos defendiendo nuestro derecho a la salud, investigando, movilizándonos y presionando a las autoridades para que cumplan sus obligaciones internacionales en materia de salud. Consulta nuestro último análisis de gasto sanitario y, si aún no lo has hecho, únete a nuestra petición respaldada ya por más de 400.000 personas.

Acto de Amnistía Internacional en defensa de la sanidad pública. Aparecen dos personas portando una pancarta en la que se puede leer "Exigimos una...

El sistema de sanidad público sigue sin ser una prioridad. La inversión slo ha crecido un 5% desde el inicio de los recortes

Por una sanidad pública, universal y gratuita en España

Todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria de calidad en condiciones de igualdad, pero este principio clave ha sido incumplido por diversas decisiones políticas, casi siempre con la disculpa de las distintas crisis. Una de las más graves fue el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que entró en vigor el 1 de septiembre de ese año y dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas, gran parte de ellas inmigrantes en situación irregular.

El impacto negativo de esa reforma en la salud de las personas y colectivos especialmente vulnerables se vio agudizado por la aplicación dispar del RDL en las comunidades autónomas y por la falta de información del personal médico sobre la normativa, lo que derivó en caos administrativo, incluido el cobro de servicios de urgencias o la negativa de atención sanitaria a algunas personas.

Un menor acude al hospital acompañado de su madre. Recuperar la universalidad en el acceso a la salud es un avance para los derechos humanos.

En 2012, las medidas de exclusión sanitaria fueron corregidas por el Real Decreto Ley 7/2018, que garantizó el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) desde el 31 de julio de ese año. Aunque considerado un avance por Amnistía Internacional, el nuevo marco legal presenta lagunas y ambigüedades que podrían obstaculizar la consecución de los objetivos previstos. Esta revisión legislativa busca mejorar la inclusión y el acceso a la atención médica, pero las limitaciones identificadas destacan la necesidad de una revisión continua para garantizar un acceso equitativo y efectivo a los servicios de salud en el país.

Continuamos nuestro incansable esfuerzo por promover y respaldar la creación de una legislación que no solo consagre la universalidad en el acceso a la atención médica, sino que también garantice de manera inequívoca el derecho a la salud para todas las personas, sin permitir ninguna forma de discriminación.

Manifestación contra los recortes sanitarios.

Investigamos, denunciamos, movilización, presionamos

Desde que en 2009 el Gobierno central y las autoridades autonómicas empezaran a aplicar medidas de austeridad, que se tradujeron en duros recortes en el sistema sanitario público, hemos documentado el impacto de dichas medidas en las personas y en su derecho a la salud.

Nuestros informes “La receta equivocada”, “La década perdida” y “La otra pandemia” han denunciado cómo, al debilitar los sistemas de salud, España ha desoído durante 12 años las recomendaciones internacionales, en especial en el caso de la atención primaria. Este nivel asistencial, que debe ser la piedra angular de todo sistema, es el que ha sufrido con más dureza las medidas de austeridad y sigue al límite tras el sobresfuerzo que ha supuesto la pandemia, carga que no ha ido acompañada de la recuperación de recursos perdidos.

Trabajamos por el derecho a la salud de todas las personas sin discriminación, prestando especial atención a quienes puedan ser más vulnerables, ya sea por razones de género, edad, situación administrativa o estado de salud. Así, entre otros trabajos, hemos denunciado el mayor impacto de los recortes en personas con cáncer o la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia.
 

Nuestros informes han denunciado cómo, al debilitar los sistemas de salud, España ha desoído durante 12 años las recomendaciones internacionales, sobre todo en el caso de la atención primaria

Una enfermera atiende a una paciente en la cama de un hospital
Ramos de flores y un cartel en el que Amnistía Internacional pide al gobierno una Comisión de la Verdad