El gobierno debe proteger a la población de los ataques por motivos políticos y étnicos

Amnistía Internacional pidió hoy al gobierno de Kenia que tomara todas las medidas adecuadas para proteger a la población de los abusos contra los derechos humanos consecuencia de los ataques por motivos políticos y étnicos que continúan perpetrándose en diferentes partes del país tras las polémicas elecciones presidenciales de diciembre. “El gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de los ataques por motivos políticos y étnicos, pero para ello sólo debe utilizar la fuerza en grado necesario y proporcional”, ha dicho Erwin van der Borght, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. Las normas internacionales sobre aplicación de la ley establecen que no deben emplearse armas de fuego salvo para defender a la población de una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves, y sólo cuando sean insuficientes medidas menos extremas. “Los políticos kenianos no deben fomentar implícita ni explícitamente la violencia étnica o por motivos políticos”, ha dicho van der Borght. “En especial deben evitar cualquier declaración que pueda abogar por el odio étnico o incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia, o que pueda interpretarse así en el actual clima del país, ya que tales declaraciones están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos”. En varias zonas de Kenia continúan los homicidios por motivos políticos y étnicos a manos de bandas armadas. La mayor parte de la violencia ha ido dirigida contra miembros de comunidades que se considera que han apoyado al presidente Kibaki, en especial la comunidad kikuyu.   Ha habido incidentes recientes de violencia espontáneos y organizados, especialmente en zonas del valle del Rift. El 22 de enero, bandas armadas mataron a 7 personas de las comunidades kikuyu y kisii en Kipkelion e incendiaron 70 casas en la zona de Aldai de la provincia del Valle del Rift. También se han producido ataques organizados contra personas desplazadas internamente que buscaban refugio en lugares cercanos a sus hogares, de donde habían tenido que huir debido a la violencia. El 19 de enero, al menos cinco personas desplazadas que se habían refugiado en un campamento de desplazados internos cercano a un monasterio murieron víctimas del ataque de un grupo de jóvenes armados con arcos, flechas y lanzas en el distrito de Kipkelion del valle del Rift. También se han perpetrado ataques organizados contra miembros de comunidades que se considera que han apoyado al candidato de la oposición Raila Odinga en las polémicas elecciones de diciembre. Ha habido informes de ataques de este tipo en zonas de Nairobi, especialmente en asentamientos informales de Mathare y Kibera y en Molo, en la provincia del Valle del Rift. Amnistía Internacional pidió al gobierno de Kenia que abriera una investigación pública, imparcial e independiente sobre los actos de violencia. Los responsables de homicidios u otros abusos contra los derechos humanos deben comparecer ante la justicia en procedimientos que se ajusten a las normas internacionales sobre garantías procesales. Las víctimas y sus familias deben beneficiarse del derecho a obtener resarcimiento y reparación, incluida indemnización. Información general
Según las cifras oficiales, unas 680 personas han muerto víctimas de homicidio desde el 30 de diciembre, aunque otras fuentes señalan que la cifra podría ser muy superior. Decenas de estas personas murieron por disparos de la policía, desplegada para sofocar la violencia o disolver las protestas masivas contra los resultados electorales convocadas por la oposición. La ONU calcula que la violencia ha causado el desplazamiento interno de más de 255.000 personas, y que más de 6.000 más han huido a Uganda como refugiadas.