Ante la sentencia del Tribunal Supremo, que ha puesto de manifiesto que fueron ilegales las devoluciones de decenas de menores de Ceuta a Marruecos, realizadas en agosto de 2021, y autorizadas por el Ministro de interior y las autoridades ceutíes sin ningún tipo de procedimiento administrativo, la organización señala:
“Parece que necesitamos recordarle una vez más al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que actuar al margen de la Ley y de los Tratados internacionales de derechos humanos pone en riesgo la vida de las personas. Así se lo hemos dicho diversas organizaciones de derechos humanos, y así se lo acaba de confirmar el Tribunal Supremo”, denuncia Virginia Álvarez, investigadora sobre migración en Amnistía Internacional España.
“El propio Tribunal se sorprende de que las devoluciones se llevaran a cabo alegando una mera conversación entre funcionarios, cuando los procedimientos administrativos no pueden surgir de la mera voluntad de los trabajadores públicos. Y se lamenta de que se pusiera así en peligro la integridad física y moral de los menores, contraviniendo así las obligaciones de España en materia de derechos humanos. Desde Amnistía Internacional estamos de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Supremo, y consideramos que el Ministro Marlaska debe asumir sus responsabilidades de una vez por todas. Con esta expulsión, España además vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que realizó una expulsión colectiva fruto de una decisión indiscriminada de las autoridades”, declara Virginia Álvarez.
Entre el 17 y 18 de mayo de 2021 entraron en la ciudad de Ceuta unas doce mil personas procedentes de Marruecos, entre ellas al menos 1.500 menores. Amnistía Internacional ya pidió en ese momento que se paralizaran las devoluciones mientras no se cumplieran con las garantías de protección.
Además, la organización lleva tiempo exigiendo investigaciones por lo sucedido, tanto en Tarajal (donde murieron, al menos 14 migrantes) como en Melilla (donde murieron al menos 37 personas y decenas de ellas continúan desaparecidas), exigiendo que paren las expulsiones sumarias y colectivas.
